La solidaridad, arma imprescindible entre los pueblos
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1931: La II República
Con la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, se abrió una nueva etapa, que tendría unas características especiales al estar pendiente aún la revolución democrático-burguesa. No solo era necesario destruir las pervivencias feudales, sino que el predominio de la oligarquía hacía que la revolución tuviese que tomar un marcado carácter popular y antimonopolista.
Para ello, solo quedaba un camino: realizar a fondo la Reforma Agraria, reducir los privilegios de las castas oligárquicas, elevar el nivel de vida de las masas trabajadoras, llevar a cabo la transformación política del Estado sobre la base del reconocimiento del derecho de las nacionalidades a la autodeterminación y la separación de la Iglesia y el Estado. De estos problemas, el más acuciante era el de la tierra: acabar con la gran propiedad latifundista.
Pero la burguesía era ya incapaz de llevar adelante por sí sola este programa; debía contar necesariamente con la clase obrera y el campesinado que, por otro lado, eran ya demasiado fuertes como para aceptar su dirección en este proceso.
Esta iba a ser la historia de la República desde su proclamación, hasta la victoria popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936: oposición de la burguesía reformista y el PSOE a acometer las tareas revolucionarias que la situación y las masas reclamaban, llegando a reprimirlas sin contemplaciones; fracaso de los social-demócratas en su intento de frenar y controlar las luchas populares, participando activamente en su represión y hundiéndose en el desprestigio; rápida radicalización de las masas populares y las bases de los partidos obreros y sindicatos.
En el terreno de las nacionalidades tuvo importantes repercusiones, ya que con la proclamación de la II República se abrió un nuevo periodo en el que hubo un reconocimiento de la existencia de una serie de naciones oprimidas. Durante este periodo se tramitaron los Estatutos de Autonomía de Catalunya, Galicia y del País Vasco, no sin sufrir grandes dificultades, recortes y de suspenderlos, como el de Catalunya en 1934, tras la proclamación del Estado catalán por parte de la Generalitat. Fue tras la insurrección de 1934, a causa de la brutal represión que se desató contra todo el movimiento obrero y antifascista en general, cuando se forjó la unidad de todas las fuerzas antifascistas, incluidos los sectores más progresistas de las burguesías nacionales. Unidad construida en torno a un programa mínimo que recogía como uno de sus puntos principales el derecho de autodeterminación de las nacionalidades oprimidas.
Durante este periodo también se produjo otro hecho relevante: la posición clara del Partido Comunista ante el hecho nacional, que iba más allá de la inclusión en su programa del derecho de autodeterminación y que se tradujo en una lucha consecuente por defender esta reivindicación.