Nueva caída de careta del TOP-AN. El terrorismo fascista no les causa problema
La A.N. urdió mentiras inverosímiles para ocultar que se inhibió en el caso del francotirador fascista
Tanto el juez Fernando Andreu como la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional estuvieron al corriente desde el primer momento de la detención del franquista que tenía un arsenal y planeaba matar a Pedro Sánchez, pero decidieron no investigar el caso. Mes y medio después, cuando ‘Público’ desveló la noticia en exclusiva, la Audiencia negó conocerla, pero acabó retractándose 24 horas más tarde porque el desconocimiento era un escándalo aún mayor que el de haberse inhibido
Primero, pasaron 14 horas, desde que estalló la exclusiva de Público, antes de que la Audiencia Nacional negase rotundamente haber tenido conocimiento ninguno de que un vigilante privado franquista, con licencia de armas y larga práctica de tiro olímpico, había sido detenido mes y medio antes con un arsenal de armas largas y de guerra tras buscar cómplices para asesinar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Después, transcurrieron otras 24 horas desde ese desmentido increíble –pues suponía o bien la más grave descoordinación de la Fiscalía que se haya conocido en España o una irresponsabilidad temeraria por parte de los fiscales y jueces implicados en el caso en Terrassa (Barcelona)– hasta que la propia Audiencia Nacional se volvió a poner en contacto con el medio al que había comunicado su desmentido inicial para retractarse de plano: no sólo conoció perfectamente el asunto desde el primerísimo momento, sino que incluso lo debatieron y valoraron tanto los fiscales del alto tribunal como uno de sus magistrados más veteranos, con 16 años de experiencia en esa instancia judicial.
Y, en esas 24 horas, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación, comentaristas y tertulianos dieron por bueno el falso desmentido de la Audiencia y pusieron en la picota a Público.
No obstante, el fraudulento desmentido de la Audiencia llevó a la interpretación generalizada de que el hecho no era tan grave como se pintaba, porque supuestamente ni los Mossos, ni los fiscales ni el juez se habían siquiera molestado en comunicárselo a ese tribunal, al que competen todos los actos de terrorismo. Conclusión que se difundió ampliamente sin que se examinase el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó tres días antes la prisión incondicional de Murillo por estar imputado de «un delito de conspiración para cometer atentado contra el Jefe del Gobierno español y de un delito de tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos».
La realidad era todo lo contrario de la versión inicial que difundió la Audiencia Nacional y cuando pasó de fingir desconocimiento a admitir todo lo contrario, el shock fue sísmico:
No sólo fueron puntualmente informados tanto el tribunal como la Fiscalía, sino que el magistrado Fernando Andreu debatió el tema con el juez de guardia en Terrassa y los dos quedaron en que era la Fiscalía quien tenía quien resolver el caso, así que se lo pasaron para que decidiera a la institución que mes y medio más tarde aseveraba no haber sabido nunca nada del asunto.
La verdad, pues, fue que los fiscales de guardia que estaban en Terrasa y los que estaban en la Audiencia Nacional mantuvieron varias comunicaciones y que después de consultar con la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidieron que el caso no era de su competencia y que por lo tanto la Audiencia Nacional no era competente para indagar los hechos. Ergo, habían estado mintiendo a la ciudadanía durante 24 horas. Evidentemente, a sabiendas.
Además, para quitarse de encima toda responsabilidad, el tribunal subrayó que «en cualquier caso era potestad del juez de Terrassa decidir si consideraba el caso como terrorismo y en ningún momento se inhibió para el caso fuese asumido por la Audiencia Nacional».
Esto último ya roza el ridículo. Que un juez de instrucción de provincias sea el que tiene la última palabra, cuando debate con un veterano magistrado de la Audiencia Nacional, sobre quién es competente para instruir una amenaza de magnicidio –que además es extraterritorial, puesto que el complot se efectúa en Catalunya pero el blanco está en Madrid– es más que absurdo. Es un despropósito.
Ahora bien, ¿por qué tanto empeño en no asumir el primer caso serio de lobo solitario que hemos padecido en España? ¿Por qué negaron haber tenido conocimiento de los hechos, como avergonzados de haber rechazado el asunto? Y ¿por qué se insiste en que un ultrafranquista, tirador entrenado y equipado con armas de guerra, no es terrorista aunque esté planeando asesinar al presidente del Gobierno?
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