Cartas desde prisión
Manuel Arango Riego
Herrera de la Mancha, marzo 2018
«EL CONSTITUCIONALISMO FASCISTA ESPAÑOL Y SUS CRÍMENES”
<<Las libertades no aparecen ni en la constitución ni en ningún papel impreso: sólo existen cuando las masas populares luchan por ellas y las defienden contra sus opresores>> (1) Manuel Pérez Martínez.
El tribunal constitucional, por si alguien todavía no lo tuviese suficientemente claro, está quedando durante el largo conflicto que enfrenta a Cataluña con el Estado fascista español a la altura del tribunal de orden público (TOP) de la época de Franco. De ahí que frente a la constitución buena parte del pueblo catalán ejerza la desobediencia política y venga declarando a través de sus organizaciones que el tribunal constitucional es “una banda fascista enemiga de Cataluña”.
Pero este tribunal no sólo se ocupa de avasallar con sus disposiciones a las naciones que, como Cataluña, vienen siendo oprimidas por el Estado español, sino también su cometido está dirigido, igualmente, a refrendar la política represiva sobre toda organización independiente y colectivo popular que resista. Estamos, por tanto, frente a un tribunal característico de los Estados de excepción y cuyo punto de mira represivo está dirigido contra todo aquello que “desestabilice y subvierta la legalidad vigente”.
Una constitución al servicio del fascismo y los monopolios.
Después de iniciada la llamada “transición”, los monopolios y los aparatos del Estado, compinchados con las bandas político-mafiosas de los partidos recientemente legalizados, decidieron elaborar la constitución, a la que rodearon de una extensa propaganda intoxicadora. Se trataba dejar así aún <<más atado y bien atado>> el régimen político y económico que había sido ya trazado en vida de Franco, dirigido a perpetuar la dictadura de la burguesía monopolista en el poder.
Mientras esto sucedía, los partidos legalizados, entre los que se encontraban el partido revisionista de Carrillo, el partido socialista del PSOE y el conjunto del nacionalismo burgués, equiparaban esa constitución con las existentes en los tiempos históricamente ya superados de los regímenes políticos democrático-burgueses pertenecientes a las épocas premonopolistas. Pretendían, de esta manera, ocultar el carácter fascista, explotador e imperialista del que sería calificado como <<régimen del 78>> iniciado con la “reforma política y el engendro constitucional”.
Si entramos ahora en los aspectos más distintivos de esa constitución, se podría recoger los siguientes:
Al principio mismo del texto constitucional aparece entronizada en la máxima jefatura del Estado la monarquía borbónica; una monarquía que el régimen franquista había rescatado y preparado y a la cual calificaría ya en 1961 como “la casa real del movimiento nacional sindicalista” (2), y que, posteriormente, sería recalificada de nuevo como “parlamentaria y constitucional” por el régimen de falsa democracia. La implantación de la monarquía conllevaba, por una parte, la imposibilidad de alcanzar bajo el marco constitucional establecido toda forma de poder republicana; y, por otra parte, el retorno a la monarquía venía a refrendar la destrucción por parte de la reacción española de la República Popular en 1939. De esta forma, quedaba ensamblado bajo un mismo régimen político: la dinastía monárquica borbónica, el fascismo y el monopolismo.
Al mismo tiempo, en la constitución se establece a través de sus abundantes disposiciones y preceptos las características de un tipo de Estado eminentemente represivo. En este terreno, destaca, entre otros artículos, el 116, mediante el cual las actuaciones represivas pueden pasar de una fase a otras superiores sin necesidad de alterar o parar la maquinaria parlamentaria y sin tener que recurrir a los golpes de Estado o a las asonadas militares. A partir de aquí se establecen las características del estado de excepción, del estado de sitio y del estado de guerra. De ahí que desde la puesta en marcha del régimen monárquico-fascista lo que quedó implantado de forma permanente fue el estado de excepción de variadas intensidades (llamado también en los medios contrainsurgentes el”estado de la represión preventiva”; esas variantes de estado de excepción tuvieron sus tiempos represivos más álgidos en los periodos de guerra sucia y ahora con la puesta en marcha del artículo 155 en Catalunya; también hay que recordar el hecho de la implantación en Euskal Herría del estado de sitio durante un periodo de tiempo, a través del llamado “plan ZEN” (Zona Especial Norte), que contenía bastantes componentes represivos propios de las actuaciones del ejército.
En el campo económico y laboral, la constitución estableció la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción y distribución, así como el “sistema económico de libre mercado”, que supone todo ello la existencia del poder omnímodo de los monopolios y la legalización de la explotación de los trabajadores.
Asimismo, la constitución establece la “indisoluble unidad territorial” del Estado español, el cual puede poner en marcha el articulo 155 frente a cualquier proceso de independencia de las naciones oprimidas por el Estado español o ante un grave problema de desobediencia que altere desde una autonomía el funcionamiento del Estado; también, hay que señalar que la apuesta en marcha del articulo 155 conlleva, por sus objetivos, la actuación del artículo 116, con lo que ello comporta de escalada represiva a diversos niveles, dentro de la que se incluye, llegado el caso, la intervención del ejército mediante la aplicación del artículo octavo de la constitución, que sitúa al estamento militar como “el máximo garante de la unidad del estado”.
En relación a las naciones oprimidas por el Estado fascista español, el texto constitucional niega a Cataluña, Galicia y Euskal Herría la realidad histórica de ser naciones, mientras otorga la categoría de nación en el artículo dos a quien precisamente no lo es ni lo será nunca, ya que España no pasa de ser una maquinaria estatal formada con mano de hierro como resultado de la prolongada dominación de la nación castellana sobre otras naciones de la península Ibérica; tal esto es así que entre otros estudios que demuestran esa realidad histórica entre ellos los realizados por el PCE(r), ya en 1952 el dirigente comunista catalán Joan Comorera, asesinado por la represión franquista, manifestara: <<España es sólo un nombre, no una nación, que hecha abstracción del Estado, no dice nada, no es nada>> (3).
Por otro lado, también hay que señalar dentro de las partes más significativas del engendro constitucional: la legalización de la política militarista y la disposición del Estado español a incorporarse a toda organización militar de carácter imperialista para su participación en las agresiones militares contra otros pueblos.
Pero la constitución va más allá de las disposiciones y preceptos mencionados, es un instrumento que permite a oligarquía regular el reparto del poder y tratar de controlar sus propias contradicciones internas; sobre este ámbito, Manuel Pérez Martínez (Arenas) manifestaba: <<la legislación burguesa que están tratando de establecer permite reconocer y adaptar la ley a las modificaciones en las relaciones de fuerza que se puedan producir dentro de la misma oligarquía financiera, sin que ello suponga una alteración “revolucionaria” del Estado>> (4).
La cruzada constitucionalista contra Catalunya.
Uno de los primeros aspectos a resaltar como consecuencia de la crisis en Cataluña es que el gobierno pepero, la judicatura y los partidos constitucionalistas, el mundo empresarial, los medios de comunicación y hasta algunas que otras asociaciones de última hora de intelectuales y artistas, no han parado de desarrollar su agresiva cruzada constitucional contra el pueblo catalán; por su parte, hasta el propio borbón, más beligerante y más portavoz servil que nunca del Estado mayor del ejército, advertía de su intención de rendir a Cataluña por todos los medios. De esta forma, los enemigos no sólo del pueblo catalán, sino también de todos los trabajadores del conjunto del Estado español, han aparecido apiñados y a cara descubierta, ofreciendo, no cabe duda, un inequívoco blanco tan perfecto como variado para las iras populares.
Asimismo, hacía ya tiempo, ciertamente, que la maquinaria propagandística del fascismo constitucional no funcionaba tan a tope como está sucediendo durante la crisis catalana: junto a las amenazas, provocaciones y mentiras en serie, se jaleaban las actuaciones de las fuerzas represivas y se exigía abiertamente la intervención del ejército, a la vez que se buscaban insistentemente aliados en el ámbito internacional para apoyar al Estado español. También, de manera desesperada, trataban de resucitar el cadáver político de un sistema territorial autonómico desahuciado durante años, como consecuencia de la escalada de las contradicciones de las tendencias centrifugas cada vez más radicales de las naciones periféricas en relación al Estado centralista.
Tampoco faltó en medio de las campañas propagandísticas, la difusión del señuelo del federalismo, que se intentaba vender a través del ofrecimiento de más autogobierno y algunas que otras descentralizaciones más, pero sin alterar lo más mínimo ninguno de los poderes fundamentales que conforman el hegemonismo absoluto (la dictadura) del centralismo estatal y, por supuesto, sin dejar abierta ninguna posibilidad al ejercicio del derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas por el Estado español; y de ahí que ese tal federalismo no conlleve un verdadero avance, sino el establecimiento de una vía tan muerta para el logro de los derechos de las naciones oprimidas como lo fue el sistema territorial autonomista.
Por su parte, particular atención han acaparado los “podemistas” en el transcurso de la crisis catalana: junto al sabotaje que practicaron en relación a las luchas y movilizaciones populares y los subterfugios que emplearon contra la realización del derecho de autodeterminación, quedo claro, una vez más, su apoyo al constitucionalismo fascista y al legalismo a toda costa. Por lo pronto, esta coalición, en franco proceso de decadencia, ha vuelto a ver mermadas sus filas con una nueva escisión en este caso en su organización en Catalunya.
En relación al aparato judicial, su tan pregonada independencia en sus disposiciones contra Cataluña saltó por los aires ante los primeros acontecimientos, al quedar los tribunales, jueces y fiscales como verdaderos títeres al servicio de la estrategia estatal, en la que aparecían compinchados con otros instrumentos del Estado en la realización de todo tipo de canalladas y actos represivos. Lo realmente sucedido fue que la judicatura con el tribunal constitucional al frente estuvo asesorada y programadas sus actuaciones en todo momento por el gobierno y sus socios del parlamento, por el Estado mayor del ejército y su CNI y, claro está, por los estrategas en contrainsurgencia de la guardia civil, que analizaban, dado su papel de supervisores de la represión sobre el terreno, los pasos a dar.
El resultado de esta cruzada constitucional-fascista contra Cataluña, que prosigue su curso, ha sido la ocupación policial, de forma cuasi militar, del territorio catalán con las consiguientes campañas represivas.
Con los acontecimientos de Cataluña, todo el mundo ha podido presenciar, una vez más, que la constitución es la heredera y continuadora de las leyes orgánicas del franquismo y, por lo tanto, sólo ha servido para reforzar la dictadura política fascista del Estado y el poder omnímodo de los monopolios.
De ahí que las verdaderas libertades políticas, sociales, sindicales, etc., no caben dentro de esa constitución; lo mismo que no se encuentra dentro de esa constitución ninguna posibilidad de lograr los derechos que como naciones tienen Cataluña, Galicia y Euskal Herria.
(1): “El “antes” y el “después” del IV congreso” Publicado en Antorcha nº 4, revista teórica del PCE(r). Trabajo realizado por Manuel Pérez Martínez (Arenas, secretario general del PCE(r), en prisión desde el año 2000.
(2): del diario Informaciones, Madrid, 23, junio, 1961.
(3): De “Despierta Catalunya” artículo publicado en Treball y realizado por Joan Comorera.
(4): “El “antes” y el “después” del IV congreso” Publicado en Antorcha nº 4. (Noviembre, 2017)
(…) He venido recibiendo textos de denuncia sobre la situación de Pablo Hasel. A estas alturas no es cuestión de extenderse en una realidad muy evidente, ya que no existen posibilidades de ningún tipo para utilizar la famosa legalidad contra la legalidad fascista misma. Desde luego, la notable resonancia que está teniendo la situación de Pablo y otros ayuda a que mucha gente comprenda no sólo el carácter fascista del régimen político imperante, sino también resalta la necesidad de organizarse de manera clandestina y del desarrollo de toda lucha fuera de los márgenes legales. Las ilegalidades resistentes han construido durante décadas el movimiento de resistencia antifascista y, a su vez, la clandestinidad, en los terrenos organizativos, etc., es un arma indiscutiblemente poderosa y eficaz para resistir, avanzar y vencer.
(…) Por lo demás, se encuentra la oportunidad que nos brindó lo que sucede en Cataluña para difundir y tratar organizadamente nuestra experiencia y teoría revolucionaria sobre la cuestión de las naciones oprimidas en el marco del Estado fascista español. Bajo esta panorámica, bien podríamos enfrentarnos al bombardeo intoxicador lanzado por el constitucionalismo fascista, exponiendo la realidad que demuestra la existencia de varias naciones históricas en el Estado español; tratar el justo derecho democrático que tiene toda nación oprimida a ejercer su autodeterminación; asimismo, se encuentra como línea conductora la necesidad de fusionar la lucha por los derechos nacionales a la lucha por el socialismo (la cual ha de comandar esa fusión); y junto a todo ello se encuentra, como propósito más inmediato, la necesidad de establecer la lucha conjunta de todos los trabajadores del Estado español por imponer un programa democrático general que, como el que venimos proponiendo y por el que viene luchando nuestro partido, contiene las principales reivindicaciones ajustadas a los tiempos que corren, entre ellas se encuentra el propio derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas por el Estado español.