Cartas desde prisión
Israel Clemente López
Algeciras, 10 de marzo de 2018
Ahora estoy dándole vueltas al tema catalán, sus implicaciones, enseñanzas, cuestiones relacionadas, etc…
En estos últimos tiempos, tras el salto represivo a todos los niveles que ha supuesto la aplicación de facto de un estado de excepción apenas encubierto en Catalunya para sofocar el movimiento independentista, no pasa un solo día sin que aparezcan en la prensa manifestaciones más que sorprendentes, con las que distintos sectores, supuestamente, “denuncian” las arremetidas del Estado español. Y digo “supuestamente” porque la pretendida “denuncia” presenta unos rasgos bastante peculiares.
Así podemos encontrar numerosos ejemplos que comparten una serie de características comunes: se habla frecuentemente (luego veremos quiénes y porqué) de la existencia de un “déficit democrático”; una “involución democrática”; del “autoritarismo del Estado español” y hasta de su “escasa calidad democrática”… Expresiones todas ellas coincidentes en su timoratería, inexactitud y falsedad a la hora de caracterizar correctamente el verdadero carácter, la verdadera esencia, del régimen español. Ciertamente, poco tiene que temer el Estado español ante semejantes “ataques” o “críticas” que, en la práctica, no hacen sino enmascarar y embellecer su verdadero carácter fascista, antipopular y ultrarreaccionario, y no sólo en lo tocante a las nacionalidades oprimidas por el mismo.
Todo ese discurso, más o menos gimoteante, acerca del “déficit democrático” y otras expresiones en la misma línea, no hace más que embellecer y blanquear al régimen, insisto, y tarta de ocultar su carácter fascista.
¿Acaso antes de la aplicación del art. 155 aquí había “democracia”? ¿Gozábamos de algo que, ni remotamente, pudiera parecerse a un régimen democrático, incluso dentro de parámetros burgueses? Porque, siguiendo un poco el hilo de esos discursos reformistas y socialrreformistas, estaríamos asistiendo a una especie de “involución” desde un régimen de “libertades” consagrado en la Constitución de 1978. Se habría producido una suerte de “golpe de Estado” contra la misma legalidad constitucional y las libertades políticas que se derivan de la misma. Sería una cuestión de “cantidad”, de ahí la insistencia en el famoso “déficit”… Ciertamente, esos discursos tan conciliadores tienen, en buena medida, un origen autojustificativo de las políticas y tácticas pasadas y presentes de sus autores.
Hasta tal punto que se han convertido en un desagüadero común de aguas fecales políticas e ideológicas en el que chapotean de manera interesada varios actores que comparten esa voluntad de velar y ocultar la naturaleza del régimen español: desde la nueva socialdemocracia institucionalizada de Podemos e IU que aspira a jugar un papel de cogestor del Estado; pasando por sectores de ERC y PDCat que vienen retrocediendo hacia las posiciones autonomistas en su afán por volver a la situación de “normalidad” anterior al 155; el BNG en busca de revitalización (y reanimación) institucional; EH Bildu ansiosa por participar en una “segunda transición” que suponga la integración en el régimen de quienes antes estaban situados en la periferia del sistema de partidos (basta con leer la ponencia propuesta sobre el “autogobierno”, que alimenta el mito de que todas las opciones políticas tienen cabida dentro de una interpretación flexible de la Constitución española); y así hasta, incluso, algunos sectores más o menos desnortados de las mismas CUP que parecen una veleta en lo ideológico y lo táctico. A poco que se rasque en todos estos discursos se manifiesta su incongruencia, sus enfoques contradictorios y su alejamiento de la realidad.
No es una cuestión de “déficit democrático”, aquí no se trata de una cuestión de “cantidad”, sino de “calidad” democrática y ésta ha brillado por su ausencia desde 1939. La democracia, tanto la burguesa como la democrático-popular, la enterró el fascismo español junto con otros cientos de miles de cadáveres. La oligarquía y sus matarifes la ahogaron en sangre obrera y popular… y, desde entonces, por aquí no se la ha vuelto a ver.
El 155 no vino a enterrar la “democracia”, sino buena parte de los pactos políticos construidos tras el franquismo y que cristalizaron en la Constitución de 1978. Todo ello va ligado tanto a la profundización y agudización extremas de la crisis de Estado crónica del régimen como a su entrelazamiento con la crisis general del sistema capitalista a nivel mundial. Si no se enmarcan en un contexto más amplio no pueden ser comprendidos plenamente los acontecimientos y la evolución de la crisis política en el Estado. Tampoco puede entenderse la crisis de Estado abierta si nos abstraemos de la erosión política que le ha producido el enfrentamiento durante 40 años, a distintos niveles, con el proletariado revolucionario, su vanguardia política m-l y otras organizaciones antifascistas y democrático-populares, así como con los movimientos de liberación nacional de las nacionalidades oprimidas. La resistencia popular ha contribuido significativamente al agravamiento de la crisis política del régimen español. Este es un hecho innegable y que muchos tratan, interesadamente, de velar, ocultar e ignorar.
La resistencia popular no ha estado cerca de 40 años enfrentándose a la “democracia” sino a la perpetuación del fascismo bajo formas renovadas. En 1977 el II Congreso del PCE(r) caracterizaba a España como un país de capitalismo monopolista de Estado, a cuyas contradicciones se sumaba la de contar con un régimen político de tipo fascista. Entre el “régimen del 78” (por utilizar la terminología podemita ampliamente contagiada y extendida) y el “régimen del 39” no hay ninguna diferencia esencial, de fondo, sino tan sólo de forma, más o menos cosméticas. Ambos son uno en lo esencial, nacidos de la misma oligarquía financiera ferozmente anticomunista, antipopular y antidemocrática. Como ambos “regímenes” no presentan discontinuidades o rupturas en su carácter esencial no puede hablarse de que sean distintos. El actual es la evolución hasta hoy del implantado a sangre y fuego en 1939.
Sostener que antes de la aplicación del art. 155 aquí había “democracia” supone, de hecho, una completa deslegitimación de la resistencia popular, un completo desarme político, moral e ideológico frente al moderno fascismo. Cualquiera que se haya enfrentado alguna vez al Estado en los diferentes ámbitos de lucha política, social, sindical y democrática (esta sí de verdad) sabe, o por lo menos intuye, que al movimiento independentista catalán lo ha frenado no sólo el 155 sino también, muy especialmente, el pacifismo pequeñoburgués reaccionario. Ese pacifismo que busca y promueve la desmoralización, la sensación de derrota del movimiento nacional-democrático y la omnipotencia del Estado.
De todo ello habrá que sacar conclusiones, empezando por valorar y apreciar en su justa medida lo conseguido en Catalunya, donde se ha provocado al régimen español la mayor convulsión o sacudida de su crisis política de Estado en los últimos 40 años. Una sacudida que, de haber perseverado en la resistencia y en la aplicación de métodos de lucha y organización adecuados a las condiciones, lo hubiese colocado en una situación crítica.
No será haciendo concesiones políticas e ideológicas de principios como se podrá dotar de una base sólida al movimiento de resistencia popular en el resto del Estado. El rebajar los propios planteamientos políticos tan sólo alienta y envalentona al Estado fascista a incrementar y extender la represión.
Otra lección a extraer de todo lo acontecido en Catalunya es que no hay negociación posible con el bunkerizado régimen político de la oligarquía española. No hacen concesiones de ningún tipo.
En consecuencia, se hace necesario profundizar a todos los niveles en la denuncia política del régimen y de su carácter fascista, buscando incrementar su aislamiento social. Lo que pasa, obligadamente, por seguir desenmascarando todos los intentos reformistas por Camuflar la esencia del mismo y generar ilusiones pacifistas. Tiene suma importancia el buscar y propiciar la unidad combativa de acción antifascista del movimiento de resistencia popular en base a un programa mínimo democrático-popular del que se realice una amplia propaganda: Derogación de la legislación especial para la represión política; amnistía para los presos políticos y otros luchadores sociales; autodeterminación de las nacionalidades oprimidas por el Estado español; salida de la OTAN y de la U.E. imperialista; libertades políticas y sindicales, etc.
En todo caso, la unidad popular y antifascista no puede construirse sobre concesiones de principios ni en torno a la conciliación con quienes ocultan intencionadamente el verdadero carácter del Estado español. Es imprescindible una prolongada y persistente denuncia y lucha ideológica para deslindar los campos con quienes pretenden despolitizar al movimiento espontáneo y semi-espontáneo, rebajar sus planteamientos y desviarlo de la lucha consecuente en el plano democrático-popular.
ICL