Impunidad policial
Cinco policías nacionales que secuestraron y mataron a un hombre en Murcia aceptan cuatro años de cárcel
Los 5 policías acusados del homicidio de Diego Pérez Tomás, vecino del barrio cartagenero de Las Seiscientas cuyo cadáver apareció en Cala Cortina en el mes de marzo de 2014, han aceptado una pena de cuatro años de cárcel. Han reconocido así dos delitos, por homicidio imprudente y por detención ilegal, por cada uno de los cuales aceptan penas de dos años.
De esta forma, el magistrado presidente del Jurado tendrá que disolver al Jurado Popular que iba a juzgar a partir del 3 de octubre a estos cinco policías y, finalmente, no habrá juicio.
La muerte a manos policiales de Diego se remonta al 11 de marzo de 2014, cuando, Diego Pérez Tomás, de 43 años, llamó desde su teléfono a la Sala de emergencias y coordinación policial del 091 de Cartagena, solicitando auxilio policial toda vez que estaba asustado al sentirse amenazado por unos individuos. Diego sufría esquizofrenia paranoide y trastorno de afectividad, con una discapacidad del 45%.
Seis policías se juntaron en varios vehículos en el lugar donde se encontraba Diego, y un testigo afirmó que tras darle una bofetada le introdujeron en uno de los coches. Parece ser que le llevaron a Cala Cortina, allí le golpean de tal manera que le rompen las vértebras del cuello, y le ocasionan la muerte. Para desaparecer el cadáver, lo lanzan al mar, donde unos días más tarde aparece y tras la autopsia se conoce el martirio que le inflingieron: “Lesiones traumáticas vitales en estructuras cefálicas, oftálmicas y faciales y muerte como consecuencia de una acción violenta homicida, por destrucción de los centros neuronales superiores debido a la fractura de la vértebra C-3 y fracturas trabeculares desde la C-2 a la C-7.”
Tras la aparición del cadáver y pese a haber sido preguntados al respecto en diversas ocasiones en el seno de la investigación iniciada, los acusados “nuevamente ocultaron de forma reiterada su actuación”. Tras ser descubiertos, ingresaron en prisión el 8 de octubre de 2014, donde uno de ellos falleció.
Les dieron libertad provisional el 17 de diciembre de 2015.
Ahora, con el acuerdo fiscal, siendo policías, secuestrar y matar a una persona, con además enfermedad mental, sale bastante más barato que cantar rap de combate, por poner un solo ejemplo.
http://www.elmundo.es/espana/2017/09/28/59cd12eee5fdead7578b45a4.html