Opinión desde prisión
Cataluña reactiva su desafío democrático
«El proletariado no puede dejar de luchar contra la retención violenta de las naciones oprimidas dentro de las fronteras de un Estado dado, y eso significa luchar por el derecho a la autodeterminación» (Lenin, La revolución socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación).
La convocatoria el pasado 23 de diciembre en el Parlament de un referéndum de autodeterminación en el curso de este año, que en palabras del president Puigdemont «será legal y vinculante y el Govern y el Parlament se encargarán de hacer realidad el resultado que expresen los ciudadanos», supone un importante paso adelante en la justa lucha que viene manteniendo el pueblo catalán por conseguir ese legítimo derecho democrático. Sin embargo, la llamada «operación diálogo» con la que ha respondido el gobierno de la mano de Sáez de Santamaría, no ha sido más que una mera cortina de humo para camuflar y justificar las imposiciones de los Tribunales y las leyes especiales de represión, e impedir la celebración de la consulta democrática. Ofrecieron inversiones en infraestructuras, pero se negaron en redondo a dialogar para pactar las condiciones del referéndum, que es lo que viene pidiendo el 80% de la población catalana, según todas las encuestas. Finalmente, el pasado 14 de febrero el Tribunal Constitucional anulaba la resolución del Parlament para llevar a cabo el referéndum, aunque el govern replicaba a las pocas horas remarcando que «esa medida no cambia nada los planes»; y en ese sentido la última palabra la tiene la lucha del pueblo catalán.
Claro que lo que ya tienen bien engrasado es todo su aparato represivo. Cabe recordar que la propia Constitución monárquica permite imponer el estado de sitio, derogar el Estatuto de Autonomía y suprimir la Generalitat. Más, el 22 de junio de 2015 el PP y el PSOE de Pedro Sánchez dieron paso en el Parlamento a la «Ley de Seguridad Nacional», que jugará el mismo papel que el estado de sitio aunque no precisará de tanto trámite de control en el Congreso, y tendrá menos repercusión internacional. Unas semanas después pusieron en marcha otra reforma para que el Tribunal Constitucional pudiera suspender o sancionar al President de la Generalitat. Y el acoso judicial ya lleva tiempo en marcha; baste señalar que el pasado 6 de febrero se iniciaba el juicio a Artur Mas y las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega acusados de prevaricación y desobediencia por el 9-N; también están imputados varios consejeros más y la Presidenta del Parlament Carme Forcadell, a los que hay que añadir obro buen número de concejales o militantes de la CUP encausados por realizar distintas protestas relacionadas con el procés.
No obstante, para valorar en su verdadera dimensión la respuesta reaccionaria y represiva que dará el Estado a la justa demanda del pueblo catalán y poder contrarrestarla con los métodos de lucha y de organización adecuados, es preciso tener muy en cuenta la situación política creada a raíz del «golpe de Estado» que la oligarquía financiera y la vieja guardia galosa llevaron a cabo en septiembre contra la ejecutiva del PSOE. Una maniobra con la que además de dar paso a la formación del gobierno de Rajoy nos impusieron una profundización de la política de regreso a los orígenes franquistas iniciada por Aznar, con el objetivo de hacer frente a los graves problemas territoriales, políticos y económicos que vienen arrastrando desde hace tiempo. Y, como ya hemos podido comprobar por los planes que vienen trazando, estamos ante una política de Estado que también va a incrementar los recortes sociales y laborales a los trabajadores y a recrudecer la represión de sus protestas. Una política que todos los partidos políticos han tenido que asumir, y que ha convertido a Ciudadanos y al PSOE en simples comparsas del PP, reduciendo a Podemos a mero recambio o muleta de los galosos, lo que anula toda baza de «izquierdas». Es significativo que en nueve semanas desde la formación de gobierno, el tándem PP-PSOE ya haya impuesto siete decretazos en el Parlamento.
Respecto a los Podemos, también es preciso denunciar que si con anterioridad venían hablando de la necesidad del derecho a la autodeterminación en las naciones vasca, gallega y catalana, ha bastado que en esta última se convoque el referéndum para que se desmarquen de él. Señalando que «solo lo apoyarán si se hace pactando con el Estado». Como si no supiesen que éste viene criminalizando el intento de celebrarlo. Así que estamos ante una nuestra más de su verdadero carácter oportunista, una cosa son sus palabras y otra muy distinta sus hechos.
Por otra parte, asimismo se hace necesario señalar que la profundización del regreso a los orígenes franquistas es una consecuencia directa del fracaso de la Reforma política y del agravamiento de la crisis del Estado, de la pérdida de toda su credibilidad democrática y del desarrollo del desprestigio y el aislamiento del conjunto de sus instituciones y partidos políticos (incluidos los nuevos), como queda bien reflejado en el aumento de la abstención en todas las farsas electorales que se han venido celebrando desde las europeas de 2014.
Pero, en la última etapa la lucha que más ha contribuido a agravar la crisis del Estado ha sido el Procés. Como se recordará, echó sus raíces con la humillación que sufrió el pueblo catalán en el 2006, por el vaciado que el Constitucional y el Parlamento hicieron al nuevo Estatut que había aprobado el Gobierno tripartito. A partir del 2009 y hasta el 2011 se celebraron referéndum de autodeterminación en pueblos y ciudades con una amplia participación y un resultado favorable a la independencia. La Diada de 2012 reuniría a dos millones de personas con el lema «Somos una nación, nosotros decidimos». Un año después se realizaría la cadena humana desde Francia a Valencia. Y los pasos más importantes se darían el 9-N de 2014 con la celebración del referéndum de autodeterminación en el que participaron dos millones trescientas mil personas, y el 27-S de 2015, con las elecciones plebiscitarias en las que obtuvieron la mayoría absoluta los partidos políticos que propugnaban la independencia.
El Parlament, por lo tanto, está legitimado para organizar el nuevo referéndum de autodeterminación y hacer respetar su resultado, así como para llevar adelante la resolución salida del 9-N de impulsar el enfrentamiento y la ruptura institucional con el Estado. Sin embargo, también es preciso ser conscientes de que, si bien este método de lucha institucional está jugando un papel importante y lo puede seguir haciendo, la experiencia nos viene advirtiendo de que en las actuales condiciones de supeditación del Parlament a los Tribunales y leyes especiales de represión del Estado, no es recomendable utilizarlo como método principal de lucha, como se viene haciendo. La práctica ha demostrado que es necesario poner por delante la desobediencia civil masiva, así como las protestas y las movilizaciones populares en la calle, incluidos los escraches
Solo sobre esas bases la clase obrera y popular podrá ir contrarrestando la tendencia de la burguesía -representada en Junts pel sí- a eludir el choque frontal con el Estado y a buscar acuerdos con él. Y lo más importante es que así los trabajadores podrán ir situándose al frente del procés, que en la actualidad está liderado y gestionado por la burguesía, aunque sean las masas populares quienes más están aportando a la lucha. En ese sentido, sería positivo que, sin romper la unidad con la burguesía en torno al procés, la clase obrera y popular incrementase la lucha contra ella por conseguir derechos sociales y laborales y para avanzar hacia el horizonte del socialismo en Cataluña. Todo ello al tiempo que los trabajadores catalanes y los del resto del Estado fortalecemos nuestra unión frente a las respectivas burguesías.
Pero en estos momentos creo que es importante destacar que el progresivo enfrentamiento político del pueblo catalán con el Estado y el agravamiento de la crisis política de éste, vienen perfilando un marco cada vez más propicio para avanzar hacia la unidad de acción de todos los partidos y colectivos políticos antifascistas del ámbito estatal en torno a un programa de ruptura con el régimen que nos dejó Franco bien atado. Un programa que conlleve la condena del fascismo y de los cientos de miles de crímenes que cometieron en la etapa franquista, así como los que han seguido cometiendo hasta hoy; la exigencia de castigo para los culpables, de reparación para las víctimas, y de recuperación de la memoria histórica. Un programa democrático que si bien debe ser acordado por todos, recoja el derecho de las naciones oprimidas a la autodeterminación; la derogación de los tribunales y las leyes especiales de represión; la Amnistía general para los presos políticos; la implantación de las libertades políticas y sindicales plenas; la restauración de los derechos sociales y laborales de los trabajadores, etc.
Ya en torno a la convocatoria del referéndum, el propio Rajoy viene proclamando que no permitirá que se pongan las urnas. Pero en el caso de que se pudiese celebrar, nuestro Partido propugnaría que se vote por la independencia de Cataluña (como en su día hicieron Marx y Lenin en relación a Irlanda), ya que en este caso es la opción que más favorece a la clase obrera y popular, tanto de Cataluña como del resto del Estado. Un nuevo Estado catalán salido de la lucha popular tendría un carácter más democrático que el Estado español y se vería obligado a hacer algunas concesiones sociales y laborales a su pueblo. Y el Estado español quedaría bastante debilitado, lo que favorecería la organización política y sindical de los trabajadores y su avance en la lucha por sus intereses tácticos y estratégicos.
Otra cuestión que no podemos perder de vista es la influencia que a buen seguro puede ejercer la situación internacional en el procés, en un momento en el que las grandes potencias se vienen enfrentando abiertamente en los terrenos económicos, político y militar desde dos grandes bloques para disputarse distintas zonas de influencia a nivel mundial. En ese contexto es bastante probable que el intento de los catalanes por formar un Estado propio, pueda ser apoyado por alguna potencia que esté interesada en debilitar al imperialismo estadounidense.
El Estado español es uno de los aliados más fieles de los yanquis en Europa, y también tiene un gran valor geoestratégico. Y la grave crisis política en la que está inmerso, con esta clara tendencia a la balcanización, le convierte en uno de los eslabones más débiles del sistema capitalista y en un importante punto de disputa internacional.
Lucio García Blanco
Cárcel de Topas 16/02/2017