Internacional
Marruecos
Presos saharauis ponen fin a su huelga de hambre
Los presos civiles saharauis del grupo de Gdeim Izik han anunciado el fin de su huelga de hambre indefinida, que se prolongó durante 23 días, tras el compromiso adquirido por la administración penitenciaria de atender sus legítimas reivindicaciones. Entre estas destacan, en primer lugar, el cese de su dispersión por distintos centros penitenciarios, su reagrupamiento en un mismo centro en el Sáhara Occidental, la mejora de sus condiciones de reclusión y la garantía de sus derechos fundamentales.
La Liga subraya que el fin de la huelga no supone el fin de la lucha por sus derechos. Insta a que se respeten los compromisos adquiridos y se traduzcan en medidas concretas; en particular, mediante la aplicación de los dictámenes, decisiones y recomendaciones de los mecanismos competentes de las Naciones Unidas, la garantía de una atención médica adecuada y el mantenimiento del contacto con sus familias, así como el fin del aislamiento y de cualquier trato que atente contra la dignidad de los presos.
Esta movilización ha ido acompañada de diversas muestras de solidaridad internacional, especialmente por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos, que han reclamado la protección de los presos, el respeto a sus derechos y el cumplimiento de las recomendaciones pertinentes de las Naciones Unidas. El pasado 12 de octubre, la capital, Rabat, fue también escenario de una concentración solidaria. Según las informaciones recibidas, la intervención de las fuerzas de seguridad derivó en la detención de varios activistas y estudiantes saharauis, dejando además varios heridos entre los participantes.
En este mismo contexto, la Liga denuncia la prohibición impuesta a la Sra. Claude Mangin de visitar a su esposo, el preso civil saharaui Naâma Asfari. Exige que se garantice su derecho de visita y que se eliminen los obstáculos que entorpecen los vínculos familiares y humanos.
Al tiempo que reconoce la determinación de los presos, así como la solidaridad de sus familias y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, la Liga insta a respetar los compromisos adquiridos, a garantizar los derechos de los presos y a protegerlos frente a cualquier medida de represalia. Asimismo, hace un llamamiento a continuar el seguimiento de su situación hasta que se vean satisfechas sus legítimas reivindicaciones.
Liga para la protección de los presos saharauis en las cárceles marroquíeshttps://kaosenlared.net/los-presos-civiles-saharauis-del-grupo-de-gdeim-izik-ponen-fin-a-su-huelga-de-hambre-indefinida-tras-23-dias-de-lucha/
16 de octubre de 2026
Europa
Europa en ebullición: Cuando la indignación se convierte en revuelta
París volvió a oler a humo, plástico quemado y gases lacrimógenos. El sábado 17 de octubre, mientras decenas de miles de personas recorrían pacíficamente sus avenidas, otras calles se convertían en escenarios de violentos enfrentamientos. Ardieron automóviles, aparecieron barricadas improvisadas y numerosos comercios sufrieron saqueos. En Limoges, el fuego devastó el histórico Ayuntamiento.
En Lyon y Marsella se repitieron escenas de destrucción. Francia vivía una de sus jornadas de mayor conflictividad social de los últimos años.
Las cifras reflejan la extraordinaria dimensión de la movilización: 550.000 participantes según el Gobierno, 800.000 según los organizadores.
El balance oficial difundido posteriormente elevó a 2.397 las detenciones y a casi un millar los policías y gendarmes heridos. Tras semanas de protestas estudiantiles, sindicatos, funcionarios, agricultores y veteranos de los chalecos amarillos habían terminado confluyendo en una convocatoria contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.
Pero la historia había comenzado mucho antes de que aparecieran las barricadas. En los institutos de Seine-Saint-Denis, una de las periferias populares de París, los estudiantes denunciaban edificios deteriorados, falta de profesores, aulas saturadas y servicios escolares deficientes. Según el sindicato docente SNES-FSU, al comenzar el curso faltaban profesores en la mitad de los centros de secundaria. Lo que inicialmente parecía una protesta educativa acabó extendiéndose a centenares de institutos y universidades.
Kennan, estudiante de 17 años de un instituto profesional de Pantin, explicaba a Le Monde su preocupación por estudiar en un centro donde los aseos permanecían frecuentemente cerrados, faltaba personal sanitario y no siempre se sustituía a los profesores ausentes. Temía por su futuro y por el de toda su generación. En Rennes, varios adolescentes resumían su determinación: «Hay que continuar hasta que nos hagan caso».
La represión policial añadió combustible al conflicto. La utilización de gases, proyectiles y granadas antidisturbios, junto con las graves lesiones sufridas por algunos menores, provocó denuncias de organizaciones de derechos humanos. La Liga de los Derechos Humanos cuestionó la intervención policial en los centros educativos, mientras el Gobierno defendía la actuación de las fuerzas de seguridad.
LOS CHALECOS AMARILLOS REGRESAN: «SOMOS MÁS POBRES»
La incorporación de los chalecos amarillos dio a las protestas una dimensión diferente. Aquellos ciudadanos que en 2018 bloquearon rotondas contra el encarecimiento del combustible reaparecieron ocho años después, esta vez junto a estudiantes que apenas eran niños cuando comenzó aquella movilización.
«Hemos vuelto. Han pasado ocho años, pero todo sigue siendo una mierda», declaraba a El País Philippe Doué, un desempleado de 54 años llegado desde Nanterre. Su explicación era sencilla: la gasolina cuesta más, la población pierde poder adquisitivo y las promesas gubernamentales no se han cumplido. Doué había cambiado una habitual jornada de ocio con sus amigos por una manifestación en defensa de sus derechos y los de los jóvenes.
Damien, trabajador de la construcción de 22 años, que viajó desde Troyes, señalaba a Euronews otra realidad: la insuficiencia de recursos sanitarios. Jessica, participante de los chalecos amarillos, reclamaba una distribución de la riqueza que permitiera llegar a fin de mes y garantizar educación digna a los hijos. Sus testimonios muestran cómo reivindicaciones aparentemente separadas pueden compartir un origen económico.
Esa realidad había sido retratada dos años antes por la periodista Maëlle Mariette en Le Monde diplomatique. En Bretaña, Christine Floch, una auxiliar de ayuda domiciliaria próxima a la jubilación, vigilaba obsesivamente su consumo eléctrico. Ni siquiera podía mantener su vivienda a una temperatura confortable. Josiane, jubilada que había empezado a trabajar a los 16 años, sobrevivía con una pensión de 907 euros y necesitaba ayuda alimentaria. Son testimonios recogidos en 2024, pero permiten comprender las raíces anteriores de un malestar que ahora encuentra nuevas vías de expresión.
Francia afronta, además, importantes desequilibrios presupuestarios. El Ejecutivo de Sébastien Lecornu prepara ajustes de hasta 54.000 millones de euros, mientras la deuda pública se aproxima al 119% del PIB. Para los manifestantes, la cuestión fundamental no consiste solamente en reducir el déficit, sino en determinar quién debe soportar los sacrificios y qué intereses se consideran prioritario
ITALIA: «MÁS AULAS, MENOS BOMBAS»
La protesta también ha atravesado los Alpes. En Italia, las ocupaciones de centros educativos se extendieron desde Roma a Turín, Génova, Nápoles y otras ciudades. Los estudiantes denuncian edificios deteriorados, precariedad del profesorado, encarecimiento de los estudios y restricciones presupuestarias. Pero han incorporado una reivindicación que introduce una dimensión internacional: el rechazo rotundo al aumento del gasto militar.
En Génova, los institutos Gobetti, Calvino y Lanfranconi estuvieron entre los centros ocupados. El colectivo estudiantil OSA reclamó recursos para las escuelas en lugar de nuevas inversiones armamentísticas.
En Turín, las denuncias incluían techos deteriorados, calefacciones averiadas y filtraciones de agua. Las movilizaciones desembocaron el 16 de octubre en una jornada nacional de protestas contra las políticas del Gobierno de Giorgia Meloni.
«Más aulas, menos bombas», coreaban los manifestantes genoveses. La consigna resume una preocupación que trasciende Italia: el contraste entre los compromisos europeos de incremento del gasto militar y las necesidades de financiación de servicios públicos. La discusión no se limita al pacifismo. Afecta directamente a las prioridades económicas de los Estados y a la distribución de sus recursos.
El conflicto italiano adquirió mayor gravedad durante el fin de semana, particularmente en Milán, donde los enfrentamientos con la policía y los saqueos provocaron numerosas detenciones. La jornada confirmó que, aunque las protestas comparten determinadas reivindicaciones, su desarrollo y sus expresiones violentas difieren considerablemente entre ciudades y organizaciones.
ESPAÑA Y PORTUGAL: TRABAJAR YA NO GARANTIZA UNA CASA
En España, la chispa tuvo otro origen. El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada de la vivienda madrileña donde había residido durante siete décadas. Su muerte, el 7 de octubre, después de permanecer hospitalizada, convirtió su caso en un símbolo de la crisis habitacional. Miles de personas se movilizaron y la Puerta del Sol acogió una acampada que conectó el problema de los alquileres con reivindicaciones laborales y educativas.
La protesta no surgió de la nada. España arrastra un parque público residencial reducido y una creciente dificultad de emancipación juvenil. El problema afecta también a personas empleadas que, pese a percibir salarios, no pueden afrontar los precios inmobiliarios. La movilización desembocó en una convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre, mientras el conflicto sobre las medidas de vivienda contribuyó a precipitar las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.
La conexión con Portugal resulta especialmente visible. En Lisboa, centenares de jóvenes pasaron la noche del 17 al 18 de octubre acampados en la plaza del Rossio. João Veloso, uno de sus portavoces, exigía límites a las subidas de alquileres y una mayor intervención pública en el mercado inmobiliario. Según explicaba a EFE, algunos propietarios aumentan las rentas entre cien y doscientos euros en un solo año. Las acampadas portuguesas reconocen expresamente la influencia de las movilizaciones españolas.
DE BÉLGICA A ALBANIA: UN MALESTAR CON DISTINTOS ROSTROS
La geografía de las protestas continúa ampliándose. En Bélgica, docentes y estudiantes se movilizan contra reformas educativas, incremento de tasas y ajustes presupuestarios. En Alemania, alrededor de 45.000 jóvenes participaron el 25 de septiembre en manifestaciones contra las nuevas exigencias vinculadas al reclutamiento militar. En Grecia, estudiantes han instalado tiendas de campaña para denunciar la imposibilidad de afrontar simultáneamente estudios y vivienda.
En Albania, miles de jóvenes exigen responsabilidades por la corrupción, el desempleo y las deficiencias educativas. Tirana ha presenciado enfrentamientos con la policía, mientras el primer ministro Edi Rama rechaza las exigencias de dimisión. En Serbia, las protestas estudiantiles mantienen una dinámica propia desde el derrumbe mortal de una marquesina ferroviaria en Novi Sad, convertido en símbolo de las denuncias contra la corrupción institucional.
No existe una dirección europea común ni todas estas movilizaciones persiguen objetivos idénticos. Sin embargo, sus protagonistas repiten preocupaciones semejantes: dificultades para acceder a la vivienda, servicios públicos debilitados, salarios insuficientes y desconfianza hacia unas instituciones que consideran alejadas de sus necesidades.
LA EXTREMA DERECHA TAMBIÉN QUIERE CAPITALIZAR EL DESCONTENTO
El conflicto político no se desarrolla únicamente entre los gobiernos y quienes ocupan las calles. La extrema derecha también intenta intervenir en la interpretación del malestar, aunque desde posiciones muy distintas a las de buena parte de los movimientos estudiantiles y sindicales.
En Francia, Jordan Bardella, presidente de Reagrupamiento Nacional, presentó las manifestaciones como una expresión del caos y no de la Francia trabajadora. Marine Le Pen reconoció la existencia de reivindicaciones sociales legítimas, pero responsabilizó a la izquierda radical de los episodios violentos. Posteriormente, responsabilizó también al macronismo de haber creado las condiciones del descontento y ofreció como alternativa el restablecimiento de la autoridad y la seguridad.
Los testimonios recogidos por Le Monde en las rotondas próximas a Ruan muestran una realidad más compleja. Entre trabajadores golpeados por el precio del combustible coincidían simpatizantes de La Francia Insumisa, potenciales votantes de Reagrupamiento Nacional y ciudadanos contrarios a ambos sectores. Un mismo problema material puede conducir a interpretaciones políticas completamente diferentes.
La extrema derecha francesa combina propuestas sobre poder adquisitivo con discursos centrados en la inmigración, la identidad nacional y el orden público. Otros movimientos sitúan el problema en la distribución de la riqueza, los salarios, la propiedad inmobiliaria y las decisiones presupuestarias. La disputa consiste, en buena medida, en determinar contra quién se dirige la indignación y qué cambios se consideran necesarios para resolverla.
LA PREGUNTA QUE EUROPA TODAVÍA NO HA RESPONDIDO
Tras los incendios, queda una realidad menos espectacular que las barricadas, pero probablemente más duradera. Europa continúa siendo una de las regiones más ricas del planeta. Dispone de enormes capacidades productivas, avances tecnológicos y recursos financieros. Sin embargo, una parte de su población encuentra dificultades crecientes para satisfacer necesidades tan elementales como alojarse, estudiar, desplazarse o mantener una temperatura adecuada en su vivienda.
La contradicción resulta especialmente visible entre las nuevas generaciones. Se les pide mayor formación, flexibilidad laboral y adaptación permanente a las exigencias económicas, pero esas condiciones no siempre se traducen en estabilidad, mejores salarios o perspectivas de independencia. El crecimiento de determinadas actividades económicas puede convivir perfectamente con el deterioro de la seguridad material de millones de personas.
También aparece otra cuestión: la distancia entre quienes toman las grandes decisiones económicas y quienes soportan sus consecuencias. Las prioridades de inversión, el funcionamiento del mercado inmobiliario, los márgenes empresariales y la distribución de la riqueza condicionan la vida cotidiana mucho más de lo que sugieren los discursos sobre el esfuerzo individual.
Nada garantiza que estas protestas desemboquen en un movimiento duradero, ni que sus protagonistas terminen compartiendo un mismo proyecto político. Las diferencias nacionales, generacionales e ideológicas son profundas. Pero las movilizaciones han abierto una discusión que difícilmente puede reducirse a un problema policial.
Porque, cuando trabajar deja de garantizar una vida digna y estudiar tampoco asegura un futuro, la pregunta que empieza a escucharse en las calles europeas ya no es solamente cuánto más habrá que sacrificarse, sino para quién funciona realmente la economía que exige tantos sacrificios.