Lucha obrera, su brutal situación
Los autobuses de Barcelona pararán siete días en octubre
El pulso entre la empresa y los trabajadores de autobuses de Barcelona por el nuevo convenio ha llevado a estos últimos a convocar siete jornadas de paros parciales durante el mes de octubre. Tras un fracaso de las negociaciones con Transports Metropolitans de Barcelona los paros se llevarán a cabo los días 8, 14, 15, 20, 22, 27 y 29 de octubre.
Los trabajadores han convertido finalmente en huelga una negociación que acumula ya meses sin que ninguna de las propuestas de un nuevo convenio haya conseguido cerrar el conflicto. La asamblea decidió mantener la presión y convocar los paros parciales en octubre tras las movilizaciones que se llevaron a cabo en septiembre. Cuando se produjo la huelga de septiembre ya se habían celebrado más de veinte reuniones sin lograr un acuerdo definitivo. Los trabajadores decidieron entonces conceder un último margen a la negociación y tras el fin de ese plazo sin resolver las diferencias principales la respuesta de la plantilla ha sido volver a convocar movilizaciones.
En cada jornada de huelga habrá tres periodos de paro de dos horas: de 9:00 a 11:00, de 19:00 a 21:00 y de 23:00 a 1:00 de la madrugada. La distribución de los paros busca afectar a distintos turnos y mantener la presión durante buena parte del mes. La convocatoria llega después de las movilizaciones de septiembre, cuando la plantilla ya había advertido de que, sin avances reales en la negociación, volverían las huelgas.
Una de las principales reclamas de los trabajadores es avanzar hacia la jornada de 35 horas semanales, además de mejoras en descansos y condiciones salariales. Entre esas mejoras se cuentan los descansos de dos días consecutivos y una mejor organización de turnos que permita acabar con los horarios partidos, turnos de fines de semana y jornadas cambiantes.
La plantilla vuelve así a trasladar el conflicto de la mesa de negociación a la calle. El mensaje es claro: sin un convenio que mejore realmente la jornada, los descansos y las condiciones laborales, los paros continuarán.
CGT denuncia el cierre definitivo de la Comunidad Terapéutica de Mijas y la privatización de sus plazas
Desde esta organizacion sindical se exige a la Junta de Andalucía mantener un recurso público especializado en la atención a mujeres con adicciones y víctimas de violencia de género y se opone al cierre, que irá acompañado de la privatización de las plazas asistenciales mediante su concertación con entidades privadas.
El centro cesó su actividad en agosto, alegando la Administración andaluza, como excusa, motivos de seguridad relacionados con el riesgo de incendio. Ahora, la comunicación de su cierre definitivo confirma la pérdida de un servicio esencial para mujeres que necesitan una atención especializada y un entorno seguro para su recuperación.
La Comunidad Terapéutica de Mijas constituye un recurso singular: es el único centro público de Andalucía dedicado exclusivamente al tratamiento residencial de mujeres con adicciones. Su atención a víctimas de violencia de género permite abordar situaciones en las que la dependencia, la violencia y la vulnerabilidad social se entrecruzan y dificultan el acceso al tratamiento.
CGT defiende que ante los riesgos de seguridad la Junta debe actuar protegiendo a las pacientes, los profesionales y la continuidad del servicio público. No pueden convertirse en una excusa para suprimir de forma permanente un recurso de estas características y privatizar las plazas públicas para enriquecer a empresas privadas y rechaza que la respuesta al cierre sea sustituir las plazas públicas por plazas concertadas.
La atención a mujeres con adicciones y víctimas de violencia de género requiere continuidad terapéutica, equipos especializados y coordinación con los recursos de protección, igualdad y servicios sociales. La Administración debe explicar cómo garantizará estas condiciones y qué consecuencias tendrá su decisión para las mujeres atendidas y para quienes necesitan acceder al recurso.
Por todo ello, CGT exige a la Consejería competente en materia de salud:
• La revisión del cierre definitivo y la recuperación del servicio bajo gestión pública, en instalaciones seguras y adecuadas
• La publicación de los informes técnicos que fundamentan el cierre y de las alternativas estudiadas para mantener el centro.
• La transparencia sobre los planes de concertación de plazas, sus condiciones y su financiación.
• La garantía de continuidad asistencial para todas las mujeres afectadas, con atención especializada en adicciones y violencia de género.
• La información y participación de la plantilla y de su representación en cualquier decisión sobre el futuro del servicio. Cerrar este centro supone perder un recurso público especializado cuya función no puede reducirse a un número de plazas.
La Junta de Andalucía debe garantizar una respuesta asistencial que sitúe la seguridad, la protección y la recuperación de las mujeres en el centro de sus decisiones.