Internacional:
Reino Unido
-La represión política no conoce límites en los países occidentales
Juan Manuel Olarieta
La policía antiterrorista británica detuvo al abogado estadounidense Dan Kovalik en el aeropuerto de Liverpool. El abogado es conocido por defender al expresidente colombiano Gustavo Petro ante los tribunales de Estados Unidos por las sanciones económicas que le impusieron.
Es otro caso característico: terroristas son todos y a todos se les puede aplicar, en consecuencia, la ley antiterrorista. Los pacifistas son terroristas, los periodistas son terroristas, los solidarios con Palestina son terroristas, los abogados son terroristas… No se salva nadie de la arbitrariedad represiva.
Kovalik ha dicho que fue detenido por su “oposición al genocidio en Gaza y la guerra en Irán”. La policía británica le ha incautado todos sus dispositivos electrónicos, y también se vio obligado a proporcionar datos biométricos, incluidas huellas dactilares y muestras de ADN.
La vida privada ha desaparecido. La policía tiene carta blanca para detener, para registrar las viviendas, los móviles y los ordenadores sin pruebas de ningún tipo.
Por si la ley antiterrorista no fuera suficiente, el Parlamento británico está discutiendo un nuevo proyecto: la National Security (State Threats) Bill, y poco importa que los juristas y los medios de comunicación hayan alzado la voz. La represión política no conoce límites en los países occidentales.
El proyecto otorga al Ministerio del Interior la facultad de calificar como “amenaza” a cualquier organización cuyo apoyo sea reconocido por un Estado extranjero considerado como un peligro para la seguridad nacional. El objetivo declarado apunta contra los que se consideran portavoces de gobiernos extranjeros hostiles: los prorrusos, los proiraníes…
Los que no acepten la política exterior de un determinado gobierno se consideran como amenazas públicas, en particular aquellos que “apoyan, ayudan y obtienen beneficios materiales” de los grupos incluidos en la lista negra.
Además, entre los “beneficios materiales” se incluye el intercambio de información. El delito lo cometen tanto quienes obtienen, aceptan y conservan dicha información, como quienes simplemente aceptan recibirla.
Los países occidentales se están llenando de listas negras, que si antes eran países, o emigrantes, o exiliados, ahora se trasladan al interior de cada país. Sólo les falta hablar de “traidores” o de “enemigos internos”.
La libertad de expresión está en la primera línea de fuego. Los corresponsales extranjeros que hayan tenido contacto con ciertas fuentes de información pueden ser condenados hasta con 14 años de cárcel. Los periodistas que no escriban al dictado del gobierno de Londres pueden empezar a contratar un abogado.
Pero la ley no sólo afecta a los periodistas y medios de comunicación, sino también a ciertas organizaciones, fundaciones o movimientos solidarios, como los que forman parte de la campaña BDS contra Israel.
El Ministerio de Interior ha intentado tranquilizar y suavizar la represión con las habituales apelaciones a esas garantías que no garantizan nada: el inicio de cualquier juicio criminal requiere la luz verde del fiscal general.
Pero la intervención de un fiscal no es ninguna garantía sino una espada de Damocles. Los periodistas que se pongan a redactar un artículo deberán meditar muy bien lo que escriben. ¿Acaso creen que en Reino Unido uno puede escribir lo que le da la gana?