Muro de solidaridad y denuncias:
La Justicia en España:
-Ejemplos prácticos de la realidad judicial.
*Juan Carlos Peinado
Imputó a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa, por unas declaraciones en la fase de instrucción del caso Begoña Gómez que nunca hizo. Güemes estuvo imputado seis meses hasta que la Audiencia Provincial corrigió el despropósito. El juez siguió en su puesto sin sanción.
Peinado maltrató verbalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su declaración judicial, y le exigió que buscase en los despachos de Moncloa unos datos que ya estaban en el sumario. El juez le intentó imputar por un delito de malversación de fondos públicos que nunca pudo cometer y tergiversó la declaración del dirigente socialista en la exposición razonada que el Supremo rechazó. Ahora, la derecha judicial quiere archivar sin sanción la queja de Bolaños contra el juez Peinado.
*Ángel Hurtado
Magistrado del Supremo, acusó por escrito y sin pruebas al Gobierno de ordenar al fiscal general del Estado –“por indicaciones de Moncloa”, según un auto judicial– la filtración de un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Es el mismo magistrado que cuando ejercía en la Audiencia Nacional se opuso a condenar al PP en el caso Gürtel y protegió con descaro a Rajoy durante su declaración como testigo en ese procedimiento. Unos meses después de aquello ascendió a magistrado del Supremo por decisión de un Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora.
*Juan José Escalonilla
El juez Juan José Escalonilla mantuvo durante tres años una investigación abierta a dirigentes de Podemos con hasta diez piezas separadas que mantuvieron todo ese tiempo la sospecha de corrupción sobre la formación política de izquierdas. Pero acabó archivando una a una todas las causas en las que imputó a los altos cargos de Podemos. Solo unos meses después, Escalonilla ascendió por concurso a la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.
*Manuel Piñar Díaz
El juez Manuel Piñar Díaz, que condenó a cinco años de prisión a Juana Rivas, cargó en Facebook contra las políticas de igualdad del Gobierno de coalición. Habló de “comunismo feminazi” para referirse a Irene Montero o escribió “ladrones, corruptos” sobre una foto de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo tampoco actuó de oficio en este caso, pero sí le abrió expediente a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas, a la que también criticó. El Poder Judicial archivó la queja con el siguiente argumento: “La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones —con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan—, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano, constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión”.
*Manuel Ruiz de Lara
En aquellos días de la negociación sobre la ley de amnistía (noviembre de 2023), el magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado número 11 de lo Mercantil en Madrid, comenzó su particular cruzada contra el Gobierno en la red social X: “Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa”, escribió. Y continuó: “Era lógico que un mentiroso patológico como @sanchezcastejon eligiese al siervo mentiroso patológico @felixbolanosg al frente del ministerio de @justiciagob para que manipulase, omitiese las exigencias de @CoeGreco y continuase la senda de ataque al @PoderJudicialEs RESISTIREMOS”. Y más: “Al igual que Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, la ‘disparatada podemita’ prefieren, deshonrando la toga, arrastrarse en la indignidad por las migajas de un cargo”.
El atrevido juez decidió eliminar su cuenta de X cuando conoció que el Consejo General del Poder Judicial decidió investigar aquellos insultos graves. El juez de los ataques era miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. La misma Asociación que aquellos días acusaba a Sánchez con mensajes apocalípticos: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”.
La comisión disciplinaria del CGPJ, de mayoría conservadora, archivó hace dos años las diligencias abiertas a Ruiz de Lera con varios argumentos: el juez de lo Mercantil había borrado los mensajes y no era posible comprobar si los escribió el mismo o si lo hizo identificándose como miembro de la carrera judicial. La documentación analizada acreditaba todos estos extremos, pero al promotor de la Acción Disciplinaria dictó su veredicto: “Aun dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas”.
El sustillo de Ruiz de Lara ante una posible sanción disciplinaria no le impidió insistir en sus ataques al Gobierno, aunque tuvieron que pasar dos años, con una Ley de Amnistía aprobada y respaldada por el Constitucional, para volver a la carga en 2025 contra Sánchez y su mujer, a la que llamó “Barbigoña”. La derecha del Poder Judicial, mayoritaria en la comisión disciplinaria, votó hace un mes contra la sanción a Ruiz de Lara.
*Manuel García Castellón
Un juez de la Audiencia Nacional ya jubilado, Manuel García Castellón, atribuyó un supuesto delito de terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont sin una sola prueba para intentar así que no se pudiera beneficiar de la Ley de Amnistía. Pese a ello, el Tribunal Supremo decidió avalar esa investigación tras admitir a trámite una exposición razonada que incumplía las condiciones que imponía su propia jurisprudencia. Aquella investigación a Puigdemont por terrorismo se frustró solo por un olvido del instructor en la aprobación de las prórrogas necesarias.
*Comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial
El promotor de la acción disciplinaria es Ricardo Conde, de sensibilidad conservadora. Lleva en ese puesto ocho años –los mandatos de los vocales del Gobierno de los jueces son de cinco años– y sus propuestas en los casos polémicos conocidos tienden siempre a relativizar los insultos de jueces a ministros y altos cargos en redes sociales, o minimizar la gravedad de los excesos o errores cometidos por jueces. La derecha judicial, que manda en el CGPJ desde hace 30 años y ahora tiene mayoría absoluta en la comisión disciplinaria, avala las propuestas de Conde y deja sin sanción actuaciones bochornosas de jueces contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
–https://www.eldiario.es/politica/derecha-judicial-blinda-cruzada-gobierno_129_13102470.html
Este Primero de Mayo apoya a las y los Presos Políticos de la Clase Obrera.
3er. Premio. Lote de libro ‘Gladiador y poeta’ y láminas de los dibujos de M.P.M. ‘Arenas’
Toda la solidaridad recaudada irá destinada al sostenimiento de las y los presos antifascistas.
