Muro de denuncias:
Casos “aislados”
-Decenas de ertzainas en casos conocidos de narcotráfico, violencia, abusos y corrupción en cinco años.
El Gobierno Vasco oculta las cifras internas de delincuencia policial mientras publica el origen de los detenidos.
El Gobierno Vasco mantiene en secreto el número de agentes de la Ertzaintza con antecedentes penales o investigados por delitos, mientras hace pública la procedencia geográfica de las personas detenidas por «transparencia». Esta contradictoria opacidad se mantiene a pesar de los graves casos judicializados y no judicializados que han salido a la luz en los últimos años, donde agentes de la Policía autonómica vasca han protagonizado varios escándalos que han sido ampliamente recogidos por medios de comunicación, por actuaciones tanto de servicio como fuera de él.
*Narcotráfico: al menos cuatro agentes detenidos en cinco años
Al menos cuatro ertzainas han sido detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico en los últimos cinco años, tres de ellos ya condenados y uno pendiente de juicio.
Uno de los casos más recientes y graves es el de un agente de la comisaría de Balmaseda, juzgado en 2025 por su implicación en el mayor alijo de cocaína incautado nunca en Castilla y León: 862 kilos de cocaína impregnados en sacos de carbón, transportados desde Portugal a Euskal Herria. El valor del alijo se estima entre 11 y 65 millones de euros.
En septiembre de 2025, la Audiencia Provincial de Bizkaia condenó a seis años y medio de prisión a dos ertzainas arrestados en 2022, en el domicilio de uno de ellos se hallaron 54 kilos de cocaína destinados a su distribución. El tribunal apreció un atenuante por «drogadicción y ludopatía», y lo condenó también por revelación de secretos al haber utilizado bases de datos policiales para proteger la operación criminal.
Otro agente, jefe de patrullas, fue condenado en febrero de 2025 a un año y medio de cárcel por presionar a un detenido para que le proporcionara cocaína a cambio de favores judiciales, hechos que reconoció el propio agente en el juicio. Además, un cuarto ertzaina permanece pendiente de juicio tras ser detenido en 2024 en la operación conjunta Ertzaintza–Guardia Civil Tahocei-Lizar, acusado de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Bizkaia y Cantabria.
*Positivo en alcohol y drogas de servicio
A estos episodios se suma un accidente de tráfico protagonizado por un ertzaina en servicio en octubre de 2025, que dio positivo en alcohol y drogas, tras colisionar con otro vehículo y causar heridas a un menor y al conductor del coche afectado.
*Abuso sexual a una víctima de violencia machista
En enero de 2024, un agente de la Ertzaintza fue condenado a pagar una multa de 2.190 euros por abusar sexualmente de una víctima de violencia machista, a la que había tomado declaración el día anterior en dependencias policiales.
Según el escrito de la Fiscalía, el agente acudió al domicilio de la mujer en abril de 2021 aprovechando su condición de policía, con la excusa de «entregarle documentación relacionada con una orden de protección». Una vez dentro de la vivienda, la abrazó y la sometió a tocamientos con intención sexual, pese a que la víctima le pidió reiteradamente que se marchara.
La condena se produjo tras un «acuerdo de conformidad», una vez que el acusado reconoció los hechos y accedió a indemnizar a la víctima, lo que permitió aplicar la atenuante de «reparación del daño». Como consecuencia de lo ocurrido, la mujer vio agravada la ansiedad que ya padecía.
*Falsedad documental: cesado un ertzaina por acceder con un título falso a un puesto directivo en Osakidetza
A esta cadena de «casos aislados» se suma el cese de un agente de la Ertzaintza que accedió a un puesto directivo en Osakidetza con documentación falsificada. El pasado 11 de diciembre, la dirección del Servicio Vasco de Salud cesó a Juan José Quiñones Carriazo, responsable de Seguridad de Osakidetza desde noviembre de 2023, tras admitir que había presentado un título universitario falso para acceder al cargo.
*Pruebas que «desaparecen» y expedientes archivados
La Unidad de Asuntos Internos archivó recientemente la investigación sobre la «desaparición» de pruebas de drogas en un expediente sancionador contra el hijo del jefe de la comisaría de Ondarroa (Bizkaia). Hasta cinco documentos clave y pruebas positivas «desaparecieron», lo que permitió al implicado evitar sanciones económicas y la retirada de puntos del carné. Pese a reconocer graves irregularidades, Asuntos Internos cerró el caso por «no poder atribuir responsabilidades concretas”.
*Mandos procesados varias veces que continúan en sus puestos
Este mismo febrero de 2026, se ha dado a conocer que la Audiencia de Bizkaia condenó a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación al jefe de operaciones de la comisaría de Durango por malversación de caudales públicos, tras robar dinero procedente de multas de tráfico. De acuerdo con los últimos reportes, el mando policial continúa desempeñando su cargo, a pesar de la condena firme. Este mismo agente había sido detenido en 2024 por tráfico de drogas, tras hallarse en su vivienda más de cien plantas de marihuana y cocaína.
*Violencia policial y uso de foam: lesiones y tres mutilaciones graves entre 2024 y 2025
En febrero de 2024, en los carnavales de Tolosa, la Ertzaintza disparó balas de foam contra la calle durante los festejos, hiriendo al menos a tres jóvenes, uno de ellos en el ojo (perdió la visión del ojo derecho); otro recibió el impacto cerca de la nariz. La «investigación» interna y judicial archivó el caso, alegando que los impactos fueron “accidentales” y justificando la actuación de los agentes por sentirse “en peligro”, sin que se citara a los jóvenes para declarar.
El 12 de octubre de 2025, durante una carga policial conjunta con la Falange en Gasteiz contra manifestantes antifascistas, un agente de la Ertzaintza disparó una pelota de foam a corta distancia a Aritz Ibarra, impactándole en la cara. El disparo le causó lesiones de extrema gravedad: rotura de mandíbula, pérdida de un diente, desplazamiento de otros dos y un corte profundo en el labio.
Semanas después, a principios de noviembre, varios agentes comparecieron ante el juez acusados de disparar con foam a Amaia Zabarte en la cabeza y propinarle patadas cuando ya se encontraba en el suelo. Posteriormente, una tercera persona herida presentó una denuncia contra la Ertzaintza por una herida con foam en el cuello en los mismos sucesos. Este caso ha sido especialmente controversial, puesto que se pudo comprobar que una jueza de Donostia (Gipuzkoa) impidió que Zabarte recibiera un examen médico tras las heridas recibidas.
A estos episodios de violencia policial se suma el caso de Iker Arana, ocurrido el 3 de abril de 2025 en Bilbo (Bizkaia) durante el desalojo del Gaztetxe Etxarri II. Un vídeo publicado recientemente por la plataforma Justizia Aranarentzat muestra que un agente disparó directamente a los testículos de Arana desde unos 20 metros, provocándole la pérdida de un testículo. La pieza audiovisual desmiente las versiones oficiales que alegaban que era «imposible» y que el joven «había cruzado la línea de seguridad o lanzado objetos». La plataforma denuncia que “este caso y otros recientes ponen sobre la mesa la violencia y la impunidad de la Ertzaintza, así como la vulneración del derecho a protestar”.
*Escándalos en Arkaute: sospechas de filtración de exámenes
A este contexto se suma un nuevo escándalo en la Academia de Policía de Arkaute, donde se investiga una posible filtración de los exámenes de las oposiciones a academias privadas de formación. Asuntos Internos ha confirmado que se encuentra «investigando» los hechos y que agentes de la Policía Judicial interrogaron a los aspirantes de la 33.ª promoción de la Ertzaintza y la Policía Municipal.
Según varios medios, los aspirantes han sido preguntados tanto por las academias privadas en las que se prepararon como por la posible participación de agentes de la Ertzaintza que imparten clases en estos centros. Fuentes citadas por Vocento señalan que la sospecha de filtraciones «no es nueva» y que algunos opositores llegan a dar por hecho que los exámenes circulan previamente. En los últimos años, con la ampliación de efectivos prevista por el Gobierno Vasco, han proliferado academias privadas que, en algunos casos, llegan a anunciar que trabajan con exámenes “muy similares” o incluso “idénticos” a los oficiales.
La investigación ha salido a la luz poco después del nombramiento de Jon Goikolea como nuevo director de Arkaute, designado por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, tras una sucesión de indicios sospechosos: suspensos masivos, denuncias de irregularidades en los procesos selectivos y la dimisión de la anterior dirección.
*Filtración de datos de detenidos
En 2023, durante las fiestas de Aste Nagusia en Bilbo, se filtraron fichas internas de la Ertzaintza con datos personales de 79 detenidos, difundidas por el fascista Luis Pérez ‘Alvise’ y medios afines. La Autoridad Vasca de Protección de Datos consideró la filtración una “infracción muy grave”, al no haberse impedido el acceso ni la divulgación fuera de los supuestos autorizados, y señaló que parte de la información se utilizó con fines racistas. Aunque el Gobierno Vasco alegó que no hubo fallo técnico, la AVPD exigió adoptar medidas para evitar que se repita, mientras la investigación judicial sobre la difusión sigue abierta.
*Opacidad institucional y doble rasero
Pese a la alarmante acumulación de casos que saltan a la prensa, el Departamento de Seguridad sigue sin publicar datos oficiales agregados sobre delincuencia interna en la Ertzaintza: no hay forma de saber el número de agentes investigados, condenados, suspendidos o apartados del servicio, aunque los indicios públicos disponibles apuntan a que podrían ser muchos.
Mientras el consejero Zupiria defiende que la publicación de determinados datos sobre la procedencia de civiles detenidos “evita la estigmatización” y responde a un ejercicio de “transparencia” , su departamento mantiene un hermetismo absoluto sobre las irregularidades y delitos cometidos dentro del propio cuerpo policial, impidiendo una evaluación pública rigurosa sobre la dimensión real del problema e impidiendo comparar las tasas relativas de delincuencia en las filas del cuerpo de Policía con la población en general.