Muro de denuncias:
Casos ‘aislados’:
-Caso Mediador: meses de cárcel por una trama de millones de euros.
Más que previsiblemente los condenados no pisarán la prisión.
La primera sentencia del Caso Mediador impone penas de apenas unos meses de prisión por cohecho a un general retirado, un empresario y un mediador. Pero tras esa resolución judicial asoma una trama que conecta política, Guardia Civil y fondos europeos en África. ¿Estamos ante justicia ejemplar o ante un nuevo capítulo de impunidad?
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado por un delito de cohecho continuado al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, al empresario Antonio Bautista y al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte en la primera pieza del llamado Caso Mediador o Caso Tito Berni. El tribunal del jurado ya los había declarado culpables en enero por los pagos y regalos vinculados a la implantación de placas solares en Canarias.
Mientras la prensa local ha destacado en sus titulares las «penas de cárcel», no ha merecido la menor atención la sorprendente desproporción entre la gravedad de los hechos relatados durante el juicio y la levedad de las condenas impuestas: apenas unos meses de prisión que, previsiblemente, no implicarán el ingreso efectivo en la cárcel.
El general retirado Espinosa Navas y Antonio Bautista, y Antonio Bautista, empresario de energías fotovoltaicas, han sido condenados a 9 meses de prisión por un delito de cohecho continuado, mientras que Marco Antonio Navarro Tacoronte ha sido condenado a 4 meses por el mismo delito.
El jurado dio por probados hasta doce pagos o atenciones: cajas de puros, comidas en restaurantes de lujo, viajes, hoteles, alquiler de vehículos e incluso el supuesto pago de 3.000 euros por una conferencia de la que no existe constancia acreditada.
La mecánica era siempre similar. El empresario interesado en obtener contratos públicos o facilitar sus negocios era introducido por el mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, ante el general Espinosa. A partir de ahí comenzaba el “engrasamiento”: regalos, encuentros, pagos en efectivo o tarjetas prepago difíciles de rastrear.
Durante el juicio, un perito de la Guardia Civil subrayó que Espinosa seguía siendo miembro activo del cuerpo cuando se produjeron los hechos, por lo que tenía prohibido recibir cualquier tipo de dádiva vinculada a gestiones.
DEL ARCHIPIÉLAGO AL SAHEL: CONTRATOS BAJO SOSPECHA
Pero esta primera pieza es solo la superficie de una trama mucho más amplia. El general Espinosa no era un mando cualquiera. Fue responsable del proyecto europeo GAR-SI Sahel, destinado oficialmente a formar y equipar fuerzas de seguridad en varios países africanos —Mauritania, Mali, Níger, Senegal, Chad y Burkina Faso— en el marco de la llamada «lucha contra el terrorismo».
Este programa, financiado por la Unión Europea con más de 74 millones de euros, estaba gestionado a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), vinculada al Gobierno central. La Fiscalía Europea asumió parte de la investigación al detectar posibles irregularidades en contratos adjudicados bajo la dirección de Espinosa. Se habla de al menos 12 millones de euros gastados de manera imprudente o injustificada en material que no cumplía los criterios técnicos exigibles. Entre los contratos investigados figuran suministros de drones adjudicados a empresas vinculadas con el entorno del general.
En registros domiciliarios se hallaron más de 61.000 euros en efectivo, y la jueza ha solicitado rastrear cuentas en el extranjero, además de pedir información patrimonial a varios países africanos.
El caso no se limita a la relación entre un empresario y un alto mando. En el centro del escándalo aparece también el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como “Tito Berni”, así como su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería de Canarias.
Según el sumario, la red ofrecía a empresarios ventajas para acceder a contratos públicos o ayudas europeas. A cambio, se exigían pagos, comisiones y favores. El propio «mediador» llegó a afirmar que, por la magnitud de la trama, resultaba difícil que las más altas instancias desconocieran lo que sucedía.
El esquema descrito por los investigadores revela algo más profundo que simples “manzanas podridas”: muestra la conexión entre poder político, aparato coercitivo del Estado y capital privado. Empresarios que buscan contratos; políticos que facilitan contactos; mandos policiales que, presuntamente, ofrecen influencia. Una red de intereses que convierte lo público en terreno de negocios fraudulentos.
El Caso Mediador es la radiografía de cómo determinados sectores del poder político y militar pueden entrelazarse con intereses empresariales en torno a contratos públicos, tanto en Canarias como en África.
LO QUE AÚN QUEDA EN EL BANQUILLO DEL CASO MEDIADOR
La primera pieza juzgada —la relativa a los sobornos por los contratos de placas solares— es solo una parte de un proceso mucho mayor. La jueza ha propuesto llevar a juicio a 23 personas, entre ellas el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Tito Berni) por múltiples delitos que van más allá del cohecho, como estafa, malversación, tráfico de influencias y prevaricación, e incluso blanqueo de capitales para algunos implicados.
Además, concluida la fase de instrucción, el caso abarca una serie de piezas separadas, con investigaciones sobre contratos públicos, ayudas, inspecciones y fondos europeos —incluidos recursos que gestionaba el general implicado en proyectos internacionales como GAR-SI Sahel—, que aún deben ser analizadas y juzgadas en distintos procedimientos.
Ahora bien, si la primera respuesta judicial ante hechos ya probados se ha saldado con condenas de apenas unos meses de prisión, sería necesario un optimismo casi temerario para esperar que el resto de la causa concluya con sanciones verdaderamente proporcionales a la magnitud política y económica de lo investigado.
La experiencia en otros grandes escándalos de corrupción sugiere que, cuando las responsabilidades ascienden hacia las alturas del poder institucional y financiero, las condenas tienden a descender hacia mínimos difícilmente ejemplarizantes.