Muro de denuncias:
Todo atado y bien atado
-Suspenden la declaración de Martín Villa en el caso de una víctima policial de la Transición.
Los denunciantes consideran que la suspensión de la declaración del ex ministro, así como la del policía Daniel Aroca, en la causa penal abierta por el asesinato del joven Teófilo del Valle, “carece de base legal”.
El pasado 4 de febrero del presente año estaban citados a declarar, en calidad de investigados, ante el Tribunal de Instancia de Elda, Rodolfo Martín Villa y Daniel Aroca, en el marco de la causa penal abierta por el asesinato del joven Teófilo del Valle, quién fue la primera víctima de la violencia policial en 1976 tras la muerte de Franco. Desde el 20-N-75, la policía ya había matado en varias ocasiones.
La muerte de del Valle, por disparos de la policía, se produjo el 24 de febrero de 1976, cuando el joven de 20 años participaba en una movilización del sector del calzado. A la conclusión de la misma, sobre las diez de la noche, fue perseguido por la policía y, en la calle San Roque de la localidad, acabó abatido con seis tiros por la espalda.
El pasado mes de noviembre la justicia rechazó archivar la causa, aunque aplazó la declaración del entonces ministro de interior Rodolfo Martín Villa, así como la del policía Daniel Aroca, autor material del disparo. Esta providencia fue dictada por la jueza Candela Quesada, pero, según afirman los denunciantes, “la reciente incorporación al Juzgado del juez Cabrera Montesinos ha motivado la suspensión de dichas declaraciones”. Explican que esta suspensión se ha producido a instancias de la representación procesal de Martín Villa, y mediante Providencia, el magistrado ha acordado la suspensión de dichas declaraciones mientras se tramita el recurso de apelación interpuesto contra el auto de admisión a trámite de la querella criminal presentada por José Antonio del Valle, hermano de Teófilo del Valle.
Desde CEAQUA afirman que esta decisión judicial “resulta manifiestamente contraria a derecho, al atribuir efecto suspensivo a un recurso de apelación que, conforme a la normativa vigente, no lo tiene. En aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la interposición de dicho recurso no puede ni debe suspender la tramitación de la causa y, en consecuencia, tampoco justificar la suspensión de las declaraciones que ya habían sido previamente señaladas por el Tribunal de Instancia”.
Consideran que la resolución judicial carece “de una motivación jurídica suficiente, es infundada y contraria a derecho, y provoca, una vez más, una situación de absoluto desamparo para José Antonio, así como para el conjunto de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por quienes integraron los aparatos represivos de la dictadura franquista y que permanecieron inalterados durante la Transición”.
“Contribuye a apuntalar el modelo de impunidad que el Estado español ha venido sosteniendo frente a estos crímenes, en abierta contradicción con sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación”, denuncia José Antonio.
Recordar que el ejecutor de los disparos, el policía Daniel Aroca del Rey, apenas cumplió dos meses de prisión atenuada por el asesinato.
CON ESTA YA HE PERDIDO LA CUENTA DE LAS INCONTABLES PRUEBAS QUÉ DFMUESTRAN QUE EL PUTO RÉGIMEN Y ESTADO DE 1939 QUÉ AÚN HOY PADECEMOS SIGUE VIGENTE. OBVIAMENTE YO ESTO YA LO SÉ. CUANDO HOSTIAS SE ENTERARÁ LA GENTE Y DEJEN DE NEGAR LO OBVIO.