Muro de solidaridad y denuncias:
Cárceles:
-Extrema derecha y funcionarios de prisiones: un idilio desde el franquismo hasta la actualidad.
La investigación del sociólogo José Navarro explica el desarrollo de un cuerpo de funcionarios que siempre ha demandado mayores recursos coercitivos ante un supuesto aumento de la inseguridad en las cárceles.
Si el sueldo de los funcionarios de prisiones depende en gran medida del complemento de seguridad, tendrán que hacer pensar a la sociedad y la Administración que existe una supuesta y cada vez creciente inseguridad en las cárceles para poder elevar sus nóminas. Aunque sea a costa de los internos.
Esa es la tesis que defiende el sociólogo José Navarro en ‘Un poder carcelario. Sindicatos de prisiones y sistema penal’ (Virus, 2025), una investigación que aborda la genealogía de las organizaciones laborales del sector desde la muerte de Francisco Franco en 1975 hasta la actualidad, cuando nuevas agrupaciones muestran sin complejos su cercanía con la extrema derecha.
A día de hoy, asociaciones como Marea Blava Presons (MBP) en Catalunya o Tu abandono me puede matar (TAMPM) a nivel estatal centran sus reivindicaciones en el aumento de medios coercitivos tanto físicos, contra los reclusos, como legislativos. De ahí que, en algunos casos, hayan llegado a demandar el uso de pistolas táser o sprays pimienta contra los internos, así como que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad, con todo lo que ello comporta a nivel penal.
Navarro se retrotrae al franquismo para explicar los inicios de este cuerpo que en ningún caso sufrió una depuración con la llegada de la democracia, al igual que sucedió en otros ámbitos, como el policial y judicial. “Muchos funcionarios eran antiguos militares. Si eras alférez, llegabas a las cárceles como oficial directamente, no como auxiliar”, apunta el experto.
El sociólogo también recalca que, históricamente, el cuerpo de funcionarios ha encontrado una elevada protección por la judicatura, donde su palabra siempre ha gozado de la presunción de veracidad por encima de la del preso, lo que se une a la propia endogamia del aparato judicial. “El juez que juzgó los casos de tortura en Herrera de la Mancha era hijo de un juez del Tribunal de Orden Público franquista”, ejemplifica.
*El Sindicato Democrático de Prisiones
Una vez derribado el régimen dictatorial, el sindicalismo de clase, liderado por CCOO y UGT, no supo atraer a los funcionarios de prisiones más progresistas o de corte democrático. Por otra parte, las centrales anarcosindicales de CNT y CGT vetaron la afiliación de estos trabajadores. Sin embargo, durante la Transición apareció el Sindicato Democrático de Prisiones (SDP), una loable experiencia de funcionarios que siempre persiguieron la dignificación de las cárceles y la lucha contra las torturas y vejaciones que en muchas ocasiones sufrían los reclusos.
Jorge García entró en 1981 en la Cárcel Modelo de Valencia, y luego pasó a la de Picassent. Ahora tiene 69 años y más de 40 los ha pasado trabajando en prisión como funcionario. Integró el SDP: “Nuestro principal objetivo era que el cuerpo de funcionarios de prisiones se adaptara al nuevo sistema democrático”, comenta. Aquello duró apenas unos años, hasta que se autodisolvieron y sus militantes integraron otros sindicatos. Él pasó primero por UGT, aunque lo abandonó en menos de una semana. Años después se afilió a CCOO, que también dejó de lado.
Tras el fracaso de los grandes sindicatos dentro de los centros penitenciarios, poco a poco fueron apareciendo otras agrupaciones mucho más corporativistas. “Se caracterizan por una nula solidaridad con los trabajadores de otros sectores y por unos reclamos de mejoras laborales basados en discursos que explotan las alarmas sociales”, añade Navarro.
En su monografía, apunta que primero fue la alarma creada por la entrada de la heroína en la cárcel. Más tarde, que ETA les declarara objetivos militares de la organización hizo que sus demandas volvieran a resurgir con fuerza. De hecho, surtieron efecto con la creación del régimen FIES, “que institucionalizó el estado de excepción”, según recoge el investigador en su libro. Por último llegarían, como se aprecia en la actualidad, la explotación de la alarma social generada por los “crímenes mediáticos”.
La subida salarial acorde al supuesto incremento de la inseguridad en las prisiones no es el único reclamo de organizaciones como MBP o TAMPM. Muchos de los funcionarios se decantan por ellas por los servicios jurídicos que ofrecen a la afiliación ante posibles accidentes laborales o la cobertura legal en juicios sobre denuncias de presos. “Son prácticamente empresas de seguros y servicios jurídicos”, sintetiza Navarro.
En este sentido, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), surgida a principios de 1990 y actualmente coaligada con UGT, “lleva la voz cantante en la Administración General del Estado porque tiene los mejores servicios jurídicos”, explica el autor de la monografía publicada por Virus.
*Medidas a favor de la coerción
Décadas después llegaría MBP, surgida al calor de las movilizaciones en torno a 2018 en las que denunciaban, según el colectivo, el aumento de agresiones hacia el cuerpo de funcionarios. “Se basan en el descrédito hacia los grupos de apoyo de presos y asociaciones que vigilan el respeto a los derechos humanos, así como contra ciertos cargos de la Administración”, describe Navarro. Algo parecido sucede con TAMPM, entidad que habitualmente ha recibido el apoyo de políticos de Vox y del PP. Sin ir más lejos, “MBP calificó como ‘Tripadvisor del delincuente’ un informe publicado por el Comité para la Prevención de la Tortura”, señala el sociólogo.
El pretendido aumento de inseguridad que pregonan estas agrupaciones es desmentido por García, el veterano funcionario de prisiones: “Yo no sentía que me jugara la vida cuando iba a trabajar. Yo veía que un interno tenía un cuchillo en la mano, se lo pedía y me lo daba”, ilustra. Este madrileño afincado en Valencia recalca que “la violencia es un absurdo cuando sois dos funcionarios y hay 250 tíos ahí metidos”.
García se queja de que las reivindicaciones de asociaciones como MBP y TAMPM están dirigidas a la coerción y no a otros factores, como la demanda de más psicólogos en las cárceles. “La gente que está en estas organizaciones es por su populismo. No es que todos sean nazis, ni mucho menos, son gente normal que se dejan llevar por estos encantadores de serpientes”, opina.
Iñaki Rivera, director del Observatori del sistema penal i els drest humans de Catalunya, conoce bien este descrédito que ha llegado a materializarse hasta en amenazas. “Son organizaciones con un discurso sumamente reaccionario y autoritario que siempre ha combatido a las medidas de tratamiento penitenciario que no sean las de puro orden, control y disciplina”, introduce el también catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona (UB). Sobre las amenazas que profieren a las asociaciones de apoyo a los presos y sus familias, el catedrático de la UB recalca que denunció unas amenazas que terminaron en condena hacia un funcionario de prisiones que ejerce en Catalunya.
Estas entidades ligadas a la extrema derecha reclaman, en ocasiones de forma violenta, apunta Rivera, seguir aplicando las contenciones mecánicas, por ejemplo. Se trata de un protocolo cuya abolición está demandada desde hace dos décadas por instituciones internacionales como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidad.
El director del Observatori también critica cómo los funcionarios de prisiones realizaron una “operación de cierto travestismo” y desembarcaron en UGT y CCOO. “Sindicatos honorables a nivel histórico han dado cobijo a estas secciones con plena autonomía que no consideraron suficientemente duras las reivindicaciones, por lo que se crearon MBP y TAMPM”, explica. La vinculación de estas organizaciones sindicales con demandas que también defiende la extrema derecha política “puede sorprender a quien no conozca el mundo de la cárcel, pero es tan solo la versión española de un sindicalismo penitenciario que cada vez quiere parecerse más al sistema estadounidense”, arguye Rivera.
*La lucha por el relato oficial
Por su parte, Cristina Garés, coordinadora de Sirecovi, un Sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de Violencia Institucional, admite que no se puede generalizar con el funcionariado de prisiones. Según enfatiza, es un cuerpo que “se siente victimizado por la sociedad civil, que no les entiende y desde la que se les critica, y tampoco los cargos de la Administración les representan”.
Esta integrante de Sirecovi apuesta por tomar algunas medidas por parte de la Administración para, por ejemplo, poder llegar a dejar de realizar contenciones mecánicas a los reclusos. “No es solo una cuestión de los funcionarios, sino de los medios de los que disponen”. Aun así, Garés remarca sobre TAMPM y MBP que si tanto “intentan que no entremos en prisión, parece que quieren ocultar algo”.
Para Navarro, en definitiva, lo que se dirime en esta presuntuosa lucha sindical es que, “para cubrir las necesidades pseudolaborales de un colectivo, lo que se hace es machacar al que está por debajo; es una lucha por el relato oficial y, evidentemente, el que está más introducido en la sociedad es el que acaba ganando y escribiendo la historia”.