Movimiento obrero. Su brutal situación:
Más y más esclavismo laboral:
-A 2 € la hora y en un zulo. 3 detenidos por explotar a 21 inmigrantes en una empresa textil en Murcia.
Un padre y sus hijos han sido detenidos. Escondieron a 8 personas en un zulo y les taponaron la salida con carros de ropa imposibles de mover.
“Esto es lo que realmente está pasando en Murcia. Nadie llama a cacerías contra los explotadores, sino a criminalizar a los explotados como «colectivo» abstracto. Y no sólo es que no llamen a cacerías, es que ni siquiera lo denuncian. No es difícil saber a qué intereses de clase sirven los «Youtubers» de referencia de la «seguridad» y no sé qué. Incluidos los que se dicen «obreros» (y sí, todos sabéis a quien me refiero).”
Carmen Parejo.
-Explotación laboral en Villena: dos detenidos por abusos a trabajadores extranjeros.
Utilizaban una empresa subcontratada para realizar tareas agrícolas principalmente en Villena (Alicante) y también en Pétrola (Albacete).
Acusados por el Juzgado de Guardia de Yecla de explotar laboralmente a ciudadanos migrantes en situación irregular, con delitos contra los derechos de los trabajadores y otro contra la seguridad vial.
Se interceptó una furgoneta en Yecla con nueve trabajadores, cuatro de ellos en situación administrativa irregular.
¿Quién defrauda?:
-Seis años de prisión para un empresario cordobés por no pagar la Seguridad Social de su plantilla y simular contratos.
El Supremo confirma que el acusado mantuvo durante años a 39 trabajadores en alta sin abonar cuotas y creó relaciones laborales ficticias para que varias personas cobraran prestaciones a las que no tenían derecho.
Por delitos de fraude contra la Seguridad Social, falsedad documental y estafa.
El empresario operó al menos siete empresas —agrarias, contables y del sector de la construcción— que durante años mantuvo activos a 39 trabajadores en la Seguridad Social sin abonar ni una sola cuota. A pesar de que los trabajadores sí percibían sus salarios, el empresario simulaba una situación de insolvencia permanente mientras seguía percibiendo ingresos por la explotación de varias fincas agrícolas. Entre 2013 y 2016, la deuda generada con la Tesorería General de la Seguridad Social superó los 84.000 euros, solo en concepto de cotizaciones impagadas, sin contar intereses ni recargos. Además, se acreditó que el empresario —que es abogado— montó un entramado de contrataciones ficticias con el fin de que cuatro personas -una ya, fallecida- pudieran acceder ilegalmente a subsidios y prestaciones públicas. Mediante contratos simulados y nóminas falsas, lograron cobrar de forma indebida prestaciones por desempleo, maternidad y jubilación por un total de más de 74.000 euros.
Condenado a seis años y dos meses de prisión, además de al pago de una multa de 260.000 euros y la prohibición de recibir subvenciones públicas durante cinco años. El Supremo ha confirmado también estos extremos de la sentencia de la Audiencia así como la indemnización de más de 130.000 euros a la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que aquella le impuso.
En relación con el segundo acusado que recurrió al Supremo, el alto tribunal ha confirmado su condena por un delito de estafa, así como el pago de una multa de 720 euros y la indemnización solidaria, que deberá realizar junto con el empresario, al INSS y al SEPE por un total superior a 45.000 euros.
Más y más desvergüenza:
-La Junta de Andalucía dispara el gasto en pisos para altos cargos en pleno verano y en silencio.
El PP duplica el gasto: de 59.929 euros al mes a 122.469 euros con 100 altos cargos cobrando vivienda en Sevilla, frente a los 56 del último Gobierno PSOE.
Los alquileres para altos cargos superan ya los 1.900 euros mensuales, cuando en 2018 el tope era de 1.321 euros.
Moreno Bonilla cobra hoy un 25% más que cuando llegó al poder en 2019.
“Usan las vacaciones -o navidad- para colarse por la puerta de atrás y repartirse prebendas entre ellos mismos”.
-Ayuso destina 30,5 millones en becas a la FP privada que son gestionados directamente por los centros.
De las bases de la última convocatoria de ayudas a estudiantes de Formación Profesional, el alumnado de la red pública queda automáticamente excluido.
La Consejería de Educación defiende que «las becas fomentan la libertad de elección de centro educativo, dentro de lo privado».
Aunque desde la Consejería de Educación de Madrid se presentan estas ayudas como un apoyo a las familias con menos recursos, la realidad es muy otra. Una de las principales condiciones es que solo están destinadas a quienes estudien en centros privados autorizados por la Comunidad de Madrid, ya sea en modalidad presencial, semipresencial o virtual, según recoge un comunicado oficial del departamento. En otras palabras: el alumnado de la red pública queda automáticamente excluido de esta convocatoria.
Estas becas no cubren el coste total de la matrícula y el dinero no se entrega directamente al alumnado, sino que se transfiere a los centros privados donde se imparten los estudios.
Además, el requisito económico de la convocatoria deja fuera realmente a muchas familias vulnerables y pone en duda que estas ayudas estén orientadas a quienes más las necesitan. Para acceder a estas becas de la FP privada el requisito es no superar una renta per cápita familiar de 35.913 euros, cuando la renta media se situó en 19.459 euros.
Ganan: los propietarios de centros privados, que aseguran matrícula y beneficios a costa del dinero público, y también quienes pueden permitirse pagar la parte que no cubre el cheque, que suele superar el 50% del coste total.
Pierden: las familias de rentas medias y bajas, que afrontan tasas en la pública o cuotas elevadas en la privada. Y las y los 30.000 jóvenes que cada año se quedan sin plaza en la opción pública que eligen.
Forman parte de la estrategia del Partido Popular de financiar con dinero público tanto a centros privados como a familias con rentas altas para que estudien en ellos.
En: Público.
-El gran negocio: El miedo. Seguros antiokupas, alarmas…
Con una de las tasas más bajas de criminalidad del mundo, España es uno de los países de Europa con más alarmas por habitante: cerca de 3 millones de dispositivos.
Mientras, el propio Ministerio de Interior cifró en 16.400 las denuncias por okupación en 2024, lo que afectaría al 0,057% del parque de vivienda total. Los robos, por su lado, habrían disminuido un 4,3% respecto al año anterior.
Lo ves en las tertulias televisivas una y otra vez. “Vinieron de unos días de vacaciones y le habían okupado la casa, recurrieron a la policía, pero ya es tarde: han pasado más de 48 horas. Se han quedado en la calle”. Esta pesadilla lleva años ocupando titulares de periódicos, tertulias y platós de televisión. Un martilleo constante que quiere convertirla en verdad. Pero no lo es. Es absolutamente mentira. «Si alguien entra en una vivienda que no está abandonada, ya sea tu casa habitual o tu segunda residencia, eso no es okupación. Es un allanamiento y es un delito. Y la policía puede intervenir en cualquier momento».
La única verdad es que la inmensa mayoría de okupaciones ni siquiera tienen que ver con la vivienda de un particular. «El 95% son usurpaciones de alguno de los casi cuatro millones de inmuebles vacíos que hay en España, muchos abandonados durante años y propiedad de bancos, fondos buitre o grandes propietarios».
Pero la campaña del miedo sigue adelante. Recientemente, ha incorporado una nueva versión del villano: el inquiokupa.
También mentira, aunque lo digan en diez tertulias apestosas. «El 51% de la población cree que las okupaciones afectan, por lo menos, a la mitad del país. Esto significa que la percepción es 893 veces mayor que la realidad».
*Las agencias de seguridad y las inmobiliarias, las grandes beneficiadas
Un arsenal de alarmas inteligentes, seguros y empresas de intermediación se ofrecen para proteger al propietario frente a los agravios de su principal ofensor: el okupa.
Tertulias, cientos de anuncios, campañas de miedo…
«Nos llenan la cabeza de miedo. Un miedo con el que después se enriquecen»: El 93% de los españoles está preocupado por la protección de su hogar y un 84% tiene instalada alguna medida de seguridad en casa. ¿Las opciones más habituales? Puertas blindadas, telefonillos con cámara y rejas. Pero no son las únicas. Más del 20% ha colocado además una alarma en su vivienda o local. Como resultado, en España, habría ya cerca de 3 millones de sistemas de alarma instalados, lo que la colocaría como uno de los países europeos con mayor proporción por habitante.
Y claro, «Gracias al miedo se desactiva el debate en torno a los precios, los desahucios o la gentrificación». Y claro, las empresas han multiplicado ganancias con el nuevo maná.
Los entrecomillados son de Jaime Palomera, doctor en antropología económica y activista por el derecho a la vivienda.