Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Huelga indefinida de helicópteros de emergencia en varias partes del Estado, desde el 1 de julio.
Trabajadores de AVINCIS denuncian una década de abandono y advierten del colapso de servicios esenciales.
“Los trabajadores que arriesgan su vida para salvar la de los demás no pueden seguir siendo ignorados”.
AVINCIS opera servicios clave en casi toda España, incluyendo los helicópteros de Salvamento Marítimo, los de emergencia médica en comunidades como Andalucía, Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco, y los de lucha contra incendios con el Ministerio de Transición Ecológica y varias autonomías. El SLTA acusa a la empresa de priorizar los dividendos de ANCALA sobre la calidad de estos servicios esenciales, llevando a la compañía “al borde del colapso” por su “arrogancia y avaricia”.
Los pilotos y tripulaciones de helicópteros sanitarios, contra incendios, rescate y Salvamento Marítimo han perdido un 25% de poder adquisitivo desde 2015. A pesar de trabajar más de 2.000 horas anuales –un 20% más que otros profesionales como bomberos–, los salarios permanecen estancados. Además, la conciliación laboral y familiar es prácticamente inexistente debido a las exigentes jornadas.
Un estudio revela que, en el mismo período, las administraciones públicas han incrementado hasta un 50% los presupuestos destinados a servicios aéreos de emergencia. Sin embargo, estos fondos no han mejorado las condiciones de los trabajadores, sino que han engrosado los beneficios de empresas privadas como AVINCIS, controlada por el fondo de inversión británico ANCALA.
Sin mejoras laborales, la paciencia de la plantilla de pilotos, mecánicos, rescatadores, sanitarios y otros profesionales del sector ha llegado a su límite, tras meses de negociaciones fallidas, marcadas por “bloqueo, engaños y humillaciones” de la dirección empresarial.
Despidos:
-Duro Felguera anuncia un ERE que puede afectar a 699 trabajadores del grupo.
La mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Duro Felguera, que afectará a varias empresas del grupo asturiano, se ha constituido, y revelan que la plantilla total de las compañías perjudicadas asciende a 699 trabajadores.
Las sociedades que se verán sumergidas en este despido colectivo serán Duro Felguera (DFSA), DF Operaciones y Montajes (DFOM), DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech, mientras que se quedarán fuera DF Mompresa y DF Calderería Pesada.
El grupo de empresas tiene 1.400 trabajadores, con lo que los despidos se desharán de la mitas de la plantilla.
En cuanto a los centros de trabajo, el ERE afectará a los siguientes emplazamientos: de DFSA, los situados en Asturias y Madrid; de DFOM, los de Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona, Las Palmas y Madrid; de DF Energy Storage, los de Asturias, Huelva y Madrid; de DF Intelligent Systems, el de Asturias; y de DF Green Tech, también el de Asturias.
Pobreza obrera:
-Uno de cada cinco trabajadores en España no puede permitirse vacaciones de una semana pese a tener empleo.
La llamada pobreza vacacional afecta ya al 18% de los asalariados en España, por encima de la media europea del 15%.
Dos de cada diez trabajadores en España no pueden permitirse una semana (siete días) de vacaciones al año (365 días) pese a tener empleo. Esta realidad, conocida como pobreza vacacional, ha aumentado en España un 2,7% en solo un año.
Mientras millones de trabajadores y trabajadoras no pueden tomarse unas simples vacaciones de una semana, un informe del ETUI revela que los directores ejecutivos ganan más de 100 veces el salario medio de un trabajador. Además, los dividendos empresariales han crecido 13 veces más rápido que los sueldos, una disparidad que agrava la percepción de absoluta injusticia económica.
Y su consecuencia:
-La pobreza infantil toca techo: uno de cada tres niños en España se queda sin vacaciones.
Las comunidades más afectadas son Canarias (47% de menores sin vacaciones), Andalucía (46,6%), Ceuta (45,9%) y la Comunitat Valenciana (41%).
Ni playa, ni montaña, ni escapadas al pueblo. Más de 2,8 millones de niños en España —uno de cada tres— pasarán el verano sin vacaciones. Así lo denuncian los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que reflejan el impacto que la pobreza tiene en el ocio infantil.
“La pobreza infantil no solo limita las oportunidades presentes de niños y niñas, sino que también compromete su futuro, perpetuando ciclos de exclusión social y desigualdad”.
Según los últimos informes, el 34,5 % de los menores en España viven en riesgo de pobreza o exclusión social, casi diez puntos por encima de la media europea. Esta cifra, lejos de ser un accidente estadístico, es el reflejo de una estructura social que castiga doblemente a quienes nacen en contextos vulnerables: por su condición familiar y por su lugar de residencia.
Comunidades como Andalucía, Canarias o la Comunitat Valenciana presentan tasas de pobreza infantil superiores al 40 %. Por contraste, en regiones como el País Vasco o Navarra, ese porcentaje desciende por debajo del 20 %. Pero no solo el territorio importa. También influye el tipo de hogar: el riesgo se dispara entre los menores que viven en familias monoparentales, numerosas o con padres migrantes, en algunos casos por encima del 60 %.
A estas desigualdades se suman las presiones económicas crecientes que han encarecido la vida cotidiana. El coste medio mensual de criar a un hijo ha alcanzado los 758 euros, según el informe Coste de la Crianza de Save the Children. La inflación, el precio de la vivienda, el aumento del coste de la energía y la alimentación han reducido el margen de las familias para garantizar una dieta equilibrada, o un material escolar básico; com para pensar en unas simples vacaciones.
Gastos y pérdidas:
-Málaga renuncia al Mundial tras encargar 16 proyectos y gastar casi 500.000 euros.
El fiasco del Mundial de fútbol de 2030 deja tras de sí un reguero de estudios para acometer las obras de ampliación en el estadio de La Rosaleda. En concreto, se han elaborado hasta 16 proyectos por una cuantía de más de 494.000 euros, según una respuesta del equipo de gobierno de Francisco de la Torre.
Ha sido dinero gastado por el ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, copropietarias del estadio de la Rosaleda, en estudios arquitectónicos, de movilidad o económicos merced al convenio entre las tres administraciones para impulsar las actuaciones necesarias para albergar el Mundial. Se elevaría por encima de 800.000 euros la cuantía al sumarle otros gastos como 300.300 euros para el estudio de explotación comercial del estadio, que está en licitación hasta el próximo 29 de julio.
Racismo:
-Nativa o extranjera la misma clase obrera.
-No es cuestión de color, sino de clase social.
Una asociación denuncia a Lamine Yamal por contratar a personas con acondroplasia para una fiesta.
La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo ha anunciado «acciones legales y sociales» para «salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad».
Según su denuncia, contrató a personas con esta discapacidad para animar la fiesta de su 18º cumpleaños, «únicamente para actividades de espectáculo y reclamo».
«Cuando una persona con influencia social participa en este tipo de situaciones, el daño es aún mayor, porque se transmite a la sociedad —especialmente a los jóvenes— que la discriminación es aceptable. Debemos erradicar la cosificación de la diferencia y educar en respeto y equidad», ha señalado ADEE.
Derecho al aborto:
-Gritos de “asesina” y citación en comisaría: así es abortar cuando te acosan grupos antielección.
A finales de junio, una mujer fue increpada al entrar en la clínica a la que acudió para someterse a una IVE. Su caso no es una excepción.
La reforma aprobada en 2022 para castigar estas conductas no ha frenado los hostigamientos constantes a mujeres. Los grupos antiderechos buscan nuevas estrategias ante la inacción de las instituciones.
“El aborto no es la solución”, “sois una asesinas”, “locas”. Son los gritos que una mujer que acudió a abortar a una clínica de Madrid tuvo que escuchar cuando intentaba entrar en un centro para acceder a un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), una situación que se viene repitiendo a pesar de las medidas con las que se ha intentado frenarla.