Muro de solidaridad y denuncias:
Morir entre o por policías:
-Las muertes «accidentales» ante una actuación policial y los suicidios bajo custodia se elevan a 55 desde 2020.
El Gobierno indica que en los últimos cinco años fallecieron 43 personas de forma «accidental» y 12 se suicidaron. Además, se produjeron otras 93 muertes de forma «natural» cuando los afectados estaban bajo custodia o ante alguna actuación de la Policía o la Guardia Civil.
El Centro de Documentación y Denuncia contra la Tortura, subraya que el Estado falla y que pone pocas facilidades para que se arroje luz sobre las posibles malas praxis.
Desde enero de 2020, han muerto en España bajo custodia de la Policía Nacional o de la Guardia Civil y sus actuaciones 148 personas. En el listado, remitido al Congreso de los Diputados el 13 de mayo, se especifica, además, que 43 de esas muertes fueron «accidentales»; 12, suicidios; y el resto, 93, fallecimientos «naturales».
La última de las muertes que se recuenta se produjo el 5 de mayo de 2025. De todos modos, la respuesta del Gobierno, que llega desde el Ministerio del Interior, no es demasiado detallada. Solo se ofrecen los siguientes datos: la fecha de la muerte, la ciudad y la provincia en la que se produjo y si se clasifica como fallecimiento natural, accidental o suicidio.
Hasta 38 de las 43 muertes catalogadas como «accidentales» se produjeron durante actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
«A nadie se le escapa que, entre todas esas muertes accidentales que figuran entre 2020 y 2025, muchas son disparos de un agente de Policía», explica Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación y Denuncia contra la Tortura y Premio Nacional de Derechos Humanos 2019. «Incluso si no hubiera intención en esos disparos, catalogarlos simplemente como muerte accidental sugiere una cierta intención de ocultar información y eludir reformas».
Del Cura insiste en que la fórmula «muerte accidental» sugiere casi que alguien «se ha tropezado, se ha caído y ha muerto», cuando no es así.
Para muestra un botón, por poner solo un ejemplo que lo ilustre. En el actual listado ofrecido por el Ejecutivo aparece una muerte el 25 de diciembre de 2023, en A Coruña (Galicia), catalogada como accidental. La misma muerte, en el listado que ofreció el Gobierno en marzo de 2024, se explica que se produjo por el abatimiento de un varón por parte la Policía Nacional: «Tras localizar los agentes al agresor éste se enfrenta a los actuantes, teniendo que hacer uso de la pistola taser, no siendo efectiva por lo que uno de los agentes realiza varios disparos que provocan la muerte del agresor».
Y con las muertes clasificadas como naturales ocurre tres cuartos de lo mismo. Con una cierta sorna amarga, Del Cura asevera que «si te pegan un tiro entre ceja y ceja, lo natural es que te mueras». Más allá de la hipérbole, el activista por los derechos humanos insiste en que si una persona muere por un infarto durante una detención o mientras está en el calabozo o en dependencias policiales, es posible que esa persona «haya estado sometida a un estrés que no ha podido soportar o incluso que hubiera consumido sustancias». «¿Por qué esa persona no estaba en un hospital?», se pregunta.
Además, solo tienen en cuenta los fallecimientos producidos durante la custodia y las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero no de las policías autonómicas o locales. Hay por ejemplo un caso paradigmático, que está actualmente inmerso en un proceso judicial, que afecta a los Mossos d’Esquadra. Es el de Brian Rios, un joven detenido en agosto de 2022 en Rubí (Barcelona). Se le suministró un sedante en un centro hospitalario, se le dio el alta y se trasladó al calabozo de los Mossos d’Esquadra de Rubí. Allí, falleció de madrugada.
Jorge del Cura alerta de que tampoco en la prevención de suicidios funcionan correctamente los protocolos.
Con el sionismo:
-El Gobierno miente, importa tecnología de seguridad de Israel para continuar blindando las fronteras de España.
España compra al Estado sionista un amplio arsenal de herramientas digitales de control migratorio.
Las compras incluyen desde sensores de movimiento y sistemas de videovigilancia hasta programas de ‘software’ espía.
Existe todo un arsenal de tecnologías digitales vinculadas a la seguridad fronteriza que España compra al Estado hebreo desde hace años y que sirven esencialmente para blindar las fronteras marítimas y terrestres: desde sensores de movimiento, herramientas de análisis de macrodatos y sistemas de reconocimiento biométrico hasta medios de videovigilancia con algoritmos de predicción de comportamiento, iWeb, medios de prevención de posibles ciberataques y software espía. De hecho, el programa Pegasus, con el que el Gobierno central espió, entre otros, a decenas de líderes catalanes a través de sus teléfonos móviles en 2021, estuvo desarrollado por la empresa israelí NSO Group, puntera en ciberespionaje.
Las dos empresas israelíes que figuran como las principales suministradoras de herramientas digitales son Blanch Internacional y Elbit Systems. España compró a esta última empresa repuestos de sistemas de radioenlace por valor de 3.719.008 euros en enero de 2024 por ser “la oferta más ventajosa”.
Elbit systems presume de que sus tecnologías han sido diseñadas “en base a décadas de experiencia operativa” y están probadas en combate. Tal y como han denunciado numerosas entidades internacionales, se trata de sistemas que han sido testados en operaciones militares en los territorios palestinos ocupados. Actualmente son los que permiten que la masacre en Gaza pueda seguir perpetrándose.
A través de otra compañía similar, Rafael Advanced Defense Systems LTD, adquirió en abril de 2024 un pod designador para sistemas de combate aéreo por valor de 207.414.102 euros. Ambos están clasificados en la web del Gobierno como “sistemas electrónicos de inteligencia”. La empresa Netline Communications Technologies (NCT), por su parte, suministró a España equipos de sincronización de inhibidores por valor de 390.000 euros en agosto de 2024 de cara a “suministrar el sistema de vehículos C-Guard RJ para su uso en todos los cuerpos militares de las Fuerzas Armadas españolas”. También tecnología para el mantenimiento de los sistemas de seguridad de la autoridad portuaria de Tarragona (en este caso a Magal Solutions SL) por 2.339.758,92 euros.
Estos son tan solo algunos ejemplos de la larga lista de contratos de compra que el Gobierno sigue manteniendo con las autoridades sionistas…
Convocatorias:
-11 de junio a las 19 h. nos reunimos para exigir el cierre del consulado sionista en Barcelona.
🔻Las demandas del pueblo palestino son claras: el cierre definitivo de todos los consulados y las embajadas de la entidad sionista criminal que invade nuestros territorios.
🔻En 1984 el Estado español normalizó relaciones con la entidad. Ahora, nos aleccionan con la «solución» de dos estados. La ruptura total de relaciones con la entidad colonial es el único camino.
🔻La liberación de Palestina desde el río hasta el mar no es una metáfora. Pedir que el sujeto colonizado conviva con su opresor colonizador nunca fue una opción. No queremos dos estados, queremos el ’48.
🔻Rechazamos toda forma de comercio genocida, de lavado de imagen y de representación política sionista en nuestras ciudades y pedimos urgentemente el fin del frenesí inmobiliario sionista en Catalunya y en todo el mundo.
🇵🇸Palestina libre del río al mar
🇵🇸We dont want two states, we want ’48!
🇵🇸LIbertad a los y las presas palestinas
-13 de junio. Madrid. Plaza Lavapiés, 19 h.
Concentración
Libertad Georges Abdallah. 40 años en prisión. Toda una vida de lucha.
Campaña unitaria por la liberación de Georges Abdallah.
Samidoun.