Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Residencias privadas Galiza.
Jornadas de huelga de las y los trabajadores de residencias y centros de día de titularidad privada en Galicia.
Los días 22 de abril, y 7 y 21 de mayo.
Además, manifestación para el sábado 26 de abril en Santiago, a la que llaman a sumarse a asociaciones de familiares y usuarios de geriátricos.
El principal objetivo es lograr un convenio que incluya mejoras en las condiciones laborales y retributivas, ya que «muchas cobran por debajo del salario mínimo».
Despidos:
-Eurotransfet declara concurso de acreedores.
La empresa de transportes de mercancías por carretera Eurotransfet ubicada en Alicante, ha pedido un concurso de acreedores voluntario. El motivo es que no ha conseguido reestructurar la deuda. Esta medida afecta a toda su plantilla, y la compañía, en estos momentos, no cuenta con trabajadores.
Desde 2023, la caída fue enorme, con un ERE de despido a 69 de sus trabajadores. Tras sucesivas crisis, quedan sin trabajo desde marzo de este año los 130 trabajadores restantes.
-ERE de Daher en Albacete. 26 trabajadores despedidos.
26 trabajadores de Daher, la empresa contratista de Airbus, serán los afectados finalmente por el expediente de regulación de empleo (ERE).
El perfil de los afectados principalmente es el de los nuevos contratados (con menos antigüedad) para entrar en el hub, que fue inaugurado oficialmente en julio, pero donde no se puede trabajar por deficiencias en la obra.
En este nuevo hub de 50.000 metros cuadrados, el tercer gran almacén tecnológico del fabricante aeronáutico europeo, se preveía “la creación de alrededor de 300 puestos de trabajo directos”. Pero la realidad meses después, es la de 26 trabajadores despedidos.
En la actualidad, los trabajadores que se contrataron y formaron para desempeñar tareas en el hub están repartidos entre los centros de la empresa de Chinchilla, Almansa y Albacete.
Sintecho. Sevilla:
-713 sintecho registrados.
En Sevilla hay registradas «unas 713 personas sin hogar», según precisó el alcalde PP en el último pleno municipal. De ellas, «320 que duermen en espacios públicos a la intemperie, y 393 en los centros de acogida o los pisos»
Mientras, «cada vez se ven más personas sin hogar en la ciudad», según un representante de una de las asociaciones que trabaja a diario con estos colectivos. «En los últimos años hemos visto crecer el número. De hecho hay muchos más jóvenes y mujeres que antes».
Politi-corrupción:
-Madrid: Orden de gastar millones, informes de una hoja y un “chivo expiatorio” en el caso FP.
Un investigado en el caso por posible prevaricación relata al juez cómo se decidía el presupuesto en la Consejería de Educación en manos entonces de Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea: “Había un excedente de unos seis millones y orden de gastarlos a final de año. También nos decían en qué ayuntamientos debíamos poner” .
La investigación en un juzgado de instrucción de Madrid del caso FP está evidenciando cómo gestionaba el dinero público entre 2021 y 2023 el anterior Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El epicentro del escándalo está en la Consejería de Educación, liderada entonces por Enrique Ossorio –hoy presidente de la Asamblea– y su viceconsejera Rocío Albert –hoy consejera de Economía y Hacienda de la presidenta madrileña.
La declaración ante la jueza del ex subdirector de FP Alfonso Mateos describe los flujos de dinero: se investiga por qué decenas de centros de Formación Profesional hicieron reformas millonarias fraccionando contratos para hacerlas pasar por obras de menos de 40.000 euros, que pasan muchos menos controles y no son fiscalizadas por la Intervención. Como está quedando acreditado en el informe de la Fiscalía y con las declaraciones de testigos e imputados, se actuó así en casi todas las zonas de Madrid (cada una tiene un director general) e incluso en centros que no eran de FP, y se benefició a empresas diferentes, lo que hace sospechar que la orden de gastar irregularmente el dinero no partió de los directores de los institutos (se tendrían que haber puesto de acuerdo entre ellos uno a uno).
A las preguntas de la jueza, la Fiscalía y los abogados, Mateos describió el procedimiento: “Es el que había cuando entré, cuanto estuve, cuando estuve de baja y entiendo que ahora”, dijo el investigado en su declaración en esta causa que investiga una presunta prevaricación en la Consejería del anterior Gobierno de Ayuso. La Fiscalía ya ha calificado estas prácticas como una “palmaria y grosera” omisión de los procedimientos a los que están obligadas por ley las administraciones…
Nacional-catolicismo:
-Ni cruz de la iglesia ni la de fines sociales.
Europa Laica denuncia la financiación privilegiada de la Iglesia e invita a no marcar las casillas del IRPF.
Desde 2007 la jerarquía católica ha recibido alrededor de 4.500 millones de euros solo por la «X de la Iglesia» en la declaración de renta, cantidad detraída del erario. En 2023 ha recibido 382,4 millones por este concepto.
El 80% de la cantidad que recibe la jerarquía eclesiástica por la «X de la Iglesia» lo destina al pago de salarios, seguridad social de sacerdotes y obispos, y a gastos de la organización.
La Iglesia católica utiliza publicidad engañosa para intentar aumentar su recaudación. Gasta 5,3 millones de euros del dinero de la asignación tributaria en campañas publicitarias para hacer creer que el destino del dinero recaudado será la labor social de la Iglesia. Los contribuyentes deben saber que en su Memoria no consta ni un solo euro destinado a este cometido.
También intenta hacer creer que el dinero que recibe sale únicamente del bolsillo de quien marca la casilla en la declaración, pero no es así. Lo que hace el 30% de los contribuyentes que marca esa casilla es determinar la cantidad que le llegará a la Iglesia, pero esa cantidad sale del dinero de todos, de los Presupuestos Generales del Estado.
La Iglesia católica está sobrefinanciada con la asignación tributaria, puesto que el conjunto de las diócesis obtuvieron en 2023 un superávit de 73,7 millones de euros, dinero que no es devuelto a las arcas públicas, se lo guardan en su «hucha particular».
La española no es una «sociedad católica». Solo el 18,3% de la población española se considera católica practicante. La paulatina secularización de la sociedad evidencia más si cabe la necesidad de acabar con este privilegio anacrónico. De hecho, ya en los años 70 la Iglesia se había comprometido a no recurrir al dinero de todos, compromiso que ha incumplido religiosamente desde entonces, recibiendo miles de millones de euros, no pagando impuestos que atendemos los demás (IBI, patrimonio, sucesiones, etc.), ni declarando los beneficios de sus actividades empresariales ni de los rendimientos de sus productos financieros.
Son los privilegios de una confesión religiosa particular, incompatibles con un Estado declarado aconfesional. Por todo ello, Europa Laica exige la retirada de las dos casillas insolidarias de la declaración de renta, la de la Iglesia católica pero también la de «fines sociales» (por la que también se detraen impuestos del erario y gran cantidad de los millones desviados van a parar a organizaciones pertenecientes a esta corporación religiosa).
Europa Laica recomienda NO MARCAR NINGUNA DE LAS DOS CASILLAS mientras sigan existiendo en la declaración, y que la totalidad de los impuestos se dediquen a cubrir solidariamente las necesidades del conjunto de la ciudadanía.