Muro de denuncias:
Terrorismo de Estado:
-El ‘terrorismo’ según García Castellón: un infarto, conciertos, protestas callejeras y agresiones anónimas a policías.
El juez Manuel García Castellón intenta encajar los hechos en una jurisprudencia surgida en el combate del Estado “al terrorismo de ETA” y apoyándose en una reforma del Código Penal que pactaron PSOE y PP contra el yihadismo pese a las advertencias de los expertos de que abría la puerta a criminalizar la protesta.
Coincidiendo con la negociación sobre la amnistía, el juez reactivó la causa de Tsunami Democràtic que había abierto cuatro años atrás. Sus últimas resoluciones evidencian el intento de incardinar en uno de los delitos más graves del Código Penal los altercados independentistas de 2019 y de incluir a Puigdemont en una acusación que nunca le afectó. El expresident llevaba ya dos años en Bélgica cuando se sucedieron las protestas.
Así, el magistrado trata de atribuirle una “posición” de “autoridad incuestionable” en Tsunami con supuestos indicios que la Guardia Civil y la Fiscalía ven irrelevantes.
La consideración terrorista de estas protestas se produce al amparo de la definición de estos delitos pactada en 2015 por PP y PSOE. Esa redacción abrió la puerta a perseguir conductas que nada tienen que ver con el yihadismo ni la concepción tradicional del terrorismo, focalizada en grupos armados, bombas o secuestros. Desde entonces, en el Código Penal figuran no solo los atentados violentos para provocar un estado de terror en la población, sino “cualquier delito grave” que pretenda “subvertir el orden constitucional” o “desestabilizar” el funcionamiento de instituciones o estructuras económicas.
Bajo este paraguas legal, el magistrado construye una vinculación terrorista en base a cuatro ejes que elDiario.es explica con más detalle a continuación: la muerte de un ciudadano francés por infarto durante el intento de bloqueo de los accesos a El Prat, la afectación de la protesta sobre la infraestructura aeroportuaria y otros aeropuertos europeos, las lesiones graves a policías producidas durante los altercados y las movilizaciones durante la jornada de reflexión de las generales de noviembre de 2019.
*La muerte por infarto en El Prat
La “posible vinculación” de la muerte de un ciudadano francés que, ante los cortes de carretera, accedió al aeropuerto andando el día de las protestas y falleció de un infarto fue el primer gran argumento que utilizó el juez para investigar por terrorismo a Puigdemont cuando reactivó la causa en medio de las negociaciones de la amnistía. Sin embargo, ni la jueza que investigó en primer lugar el fallecimiento, ni los servicios de emergencia, ni los Mossos d’Esquadra han respondido otra cosa distinta al magistrado de que se trató de una muerte natural, sin relación con las protestas. El juez también ofreció a la familia del fallecido personarse en el caso, pero por el momento no ha obtenido respuesta. La importancia de este hecho radica en una ley de amnistía que distingue entre efectos graves y otros no tan lesivos de la acción terrorista. Un fallecido a causa del terror solo puede ser considerado grave. Con la argumentación del juez, el independentismo catalán y el procés, mayoritariamente pacífico, tendrían un muerto en el haber de su actividad.
*El bloqueo del aeropuerto
El 14 de octubre de 2019 se cancelaron 108 de los 1.066 previstos para ese día en el aeropuerto de El Prat con motivo de las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del procés. Cuatro años después, el juez se ha preocupado por saber qué incidencia tuvo en el tráfico aéreo la algarada. “No solo se buscaba provocar daños económicos sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que se encontraban en ese momento en un vuelo, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas”, apuntó en su auto.
García Castellón se ha llegado a dirigir a la OTAN y sus comandantes para recabar posibles “incidencias registradas” en su centro de operaciones aéreas combinadas sobre el tráfico aéreo fruto de la acción de Tsunami. Uno de los supuestos del delito de terrorismo que maneja el juez es el de “desestabilizar el funcionamiento de estructuras económicas”. Esta consideración es posible gracias a la reforma antiterrorista de 2015 pactada por PP y PSOE y que ya entonces fue criticada por su vaguedad por especialistas en Derecho Penal.
*Agresiones anónimas a policías
Uno de los últimos autos de García Castellón va un paso más allá y trata de abrir una nueva vía para esquivar la aplicación de la amnistía tras la última enmienda pactada por el PSOE y los independentistas, que diferencia aquellos casos de terrorismo que “hayan causado violaciones graves de derechos humanos”, que quedarían al margen del amparo de la ley, de los que no. Para ello, el juez hace alusión a las lesiones graves producidas por personas indeterminadas a dos policías en los altercados que tuvieron lugar en la zona de Plaza de Urquinaona de Barcelona en los días posteriores a la publicación de la sentencia del procés. Uno de ellos, ya retirado, tuvo que ser ingresado en la UCI tras recibir un impacto en la cabeza. El otro acabó prejubilado a los 45 años tras una lesión en el brazo que le impide seguir ejerciendo como policía. Según el instructor, ambos son víctimas de “desórdenes públicos de naturaleza terrorista”. Se trata de lesiones que el juez no atribuye a manifestantes concretos que estaban en los disturbios de Barcelona, sino a los supuestos líderes de la plataforma. Y eso a pesar de que fueron heridos en una protesta que no convocó Tsunami.
*Las movilizaciones en jornada de reflexión
Otro de los elementos en los que se basa el juez para sostener su hipótesis terrorista son las “actividades culturales, políticas y festivas” organizadas por Tsunami durante la jornada de reflexión de las generales de noviembre de 2019. Entre ellos, un “concierto festivo” que reunió a unas 7.000 personas. García Castellón pone de manifiesto que se montó un escenario “con todo lo necesario para que en el mismo se pudiera desarrollar actuaciones, o cualquier tipo de actividad de naturaleza política, el día de la jornada de reflexión”.
Fascismo impune:
-Miembros de Vox cantan el ‘Cara al Sol’ en un homenaje a la División Azul.
Políticos de la lista del partido de extrema derecha por Valencia se reúnen en memoria al presidente de la División Azul de la Ciudad del Turia entre proclamas franquistas.
El pasado 18 de enero tuvo lugar una comida en homenaje al presidente de la hermandad de la División Azul de Valencia, Fernando Zárate, de la que participaron miembros de Vox.
“Buenos días camaradas. El próximo 18 de enero está previsto que se celebre una comida en la Hípica en recuerdo a nuestro camarada y amigo Fernando Zárate. Está prevista la asistencia del General Chicharro, Ricardo Alba y el general Coloma, entre otros (…) El viernes 19 por la tarde está previsto también celebrar una misa en memoria de Fernando, en la Iglesia de San Esteban, a la que sabéis le unía un vínculo especial. Esperamos veros en ambos eventos. Arriba España”.
Lleva la firma de José Luis Roberto, líder de la formación de extrema derecha España 2000 y expresidente de la Asociación Nacional de Lugares de Alterne. Condecorado por la Policía Nacional en octubre de 2022, su figura es reconociblemente polémica, y es que entre sus controversias, por utilizar un calificativo meridianamente amable, se encuentran que ha sido detenido por poner bombas o que presume de ser como los nazis. Sin embargo, la comida fue convocada por Juan Silla, segundo teniente alcalde de Náquera.
Cabe recordar que la División Azul estaba compuesta, como recogen los libros de Historia y explicado de manera breve, por un grupo de voluntarios españoles que dio nombre a este grupo fascista para luchar contra la Unión Soviética en el marco de la II Guerra Mundial.
Algunos de los asistentes a los actos, como Yolanda Reza Ríos, propietaria de El Rincón Español, un bar valenciano que no esconde la manera de entender el patriotismo de algunos grupos o partidos, ni su odio contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien tienen un felpudo en su foto en la puerta. El local es frecuentado por el equipo de Vox Valencia y por corpúsculos falangistas y neonazis de la ciudad. “Emotiva comida en memoria de nuestro Camarada D. Fernando Zarate Moltó. Te llevaremos siempre en nuestros corazones en cada acto o reunión que hagamos. De Zárate Moltó. ¡PRESENTE!”, escribía en su perfil de Facebook.
Aparecen en las fotos de la comida con el brazo alzado, imitando así el saludo franquista. Además, se habría entonado el himno por excelencia del Franquismo, el Cara al Sol.
Entre los nombres que destacan en el evento se encuentra el de Juan José Gil, coordinador de Ruzafa, representante de Vox en la junta de distrito entre 2019 y 2023 y padre de la concejala del Ayuntamiento de Valencia Mónica Gil Cano. La también responsable de Fiestas y Tradiciones del Consistorio valenciano -gobernado por PP y Vox- estuvo en el centro de la polémica este mes de enero por presuntas irregularidades en el contrato de coordinación de la Cabalgata de Reyes municipal.
Estuvo el propio Silla, encargado de Administración local, Familia, Vida y Tercera Edad, Urbanizaciones y Nuevas Tecnologías. Se trata de la persona de confianza del alcalde de la localidad, Iván Expósito. En este municipio, único valenciano con un edil primero ultraderechista, las polémicas también han sido un continuo desde que esta persona ocupó el cargo en coalición con el PP, desde el acuerdo para no colocar banderas LGTBI en balcones y fachadas hasta la subida desfasada de sueldo de su regidor y su equipo. Silla mantiene una estrecha amistad con los Gil y José Gosálvez, número dos de la formación.