
Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-Cierra Pimkie, cadena de ropa ‘low cost’.
Otros 290 despidos y cierre de todas las tiendas.
Durante 2022 aplicó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que conllevó bajar la persiana a 16 establecimientos y realizar más de 50 despidos en todo en Estado. Tras ese paso, solo le quedaba una decena de locales y cerca de 290 trabajadoras. Ahora, sus nuevos dueños, han decidido cerrar todas las tiendas, lo que supone el despido de 290 trabajadoras.

-La empresa toledana Calzados Pablosky planea despedir a parte de su plantilla para producir en Marruecos.
Golpe al sector del calzado en Fuensalida. El ERE produciría 50 despidos, mayoritariamente de mujeres trabajadoras.

Sanidad pública:
-Vecinas se encierran en el centro de urgencias de Las Águilas en Madrid.
El desmantelamiento de los servicios de urgencias de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid ha dejado a 29 centros sin médicos. En Las Águilas el movimiento vecinal exige la vuelta a equipos completos.
El Punto de Atención Continuada (PAC) de Las Águilas antes era un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Desde hace un año ya no puede tratar urgencias médicas, solo dar atención básica con una enfermera y un celador. Con la reorganización de las urgencias extrahospitalarias, que llevó a cabo el gobierno de Díaz Ayuso, otros 28 centros más, ubicados todos en las zonas metropolitanas, funcionan sin médico. Vecinas y vecinos han decidido el 2 de diciembre ocupar el PAC de Las Águilas, para exigir que se revierta la situación.
Explican que la situación afecta a todo el distrito de Latina. “Una vez que el viernes cierra el centro de salud, este barrio se queda sin médico. En autobús tardas una hora y pico al Hospital Clínico. Una persona mayor debe de cogerse un taxi si es que puede, son 40 euros ida y vuelta”.
El encierro se inició con una veintena de ciudadanas entrando y ‘acampando’ en el centro de salud.

-La Agencia del Medicamento condenada a indemnizar a una paciente tratada con Ala Octa.
Es la primera sentencia contra este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad.
A causa del uso de Ala Octa, un total de 125 personas en España sufrieron pérdida de visión. Todo ello antes de que, en 2015, se produjera la retirada definitiva de este producto, según notificó el organismo sanitario en junio de ese mismo año.
Ala Octa es un fármaco que emplearon durante una intervención quirúrgica de retina y que le ha ocasionado ceguera en un ojo. El Juzgado detalla que la AEMPS incumplió «su deber de inspección» de dicho medicamento antes de que se empezara a comercializar y, por tanto, usar.
En el caso concreto de la mujer a la que van a tener que indemnizar con 25.000 euros, fue intervenida del ojo izquierdo por un desprendimiento de retina. Sin embargo, dado el uso de Ala Octa, el nervio óptico resultó afectado y terminó quedando ciega de ese ojo. Un daño que, según recoge la resolución judicial, «podría haberse evitado», en el caso de que se hubieran llevado a cabo una serie de inspecciones previas al uso de Ala Octa sobre la seguridad del mismo”.

Pelotazos y puertas giratorias:
-Zorrotzaurre: zona cero del enriquecimiento con la vivienda protegida en Bilbao.
De un total de 772 viviendas protegidas en el denominado “Manhattan bilbaíno”, el 28,1% de las VPO y VPT proyectadas han sido edificadas por dos constructoras que cuentan con apoyos de personalidades de la política en Euskadi: Amenabar y Urbas.
Sobre las obras de Zorrotzaurre el exsenador Iñaki Anasagasti escribía recientemente que un ex Diputado General le confesó lo siguiente: “Bilbao tiene un plan urbanístico en toda la ciudad. No entiendo eso de vivienda libre en un 100%. ¿Tanto mandan las constructoras a la orilla de la Ría? Sígase la pista al promotor”.
Tirando de ese hilo, buena parte de la madeja del Plan Zorrotzaurre, el “Manhattan bilbaíno” donde el Ayuntamiento de Bilbao lleva al menos años hipotecando su política pública de vivienda protegida, está controlada por grandes promotoras. El diario Deia lo presenta como “un nuevo espacio de oportunidad de 840.000 m²”, con un coste, hasta el momento, «cercano a los 20 millones de euros”.
El Plan Zorrotzaurre prevé la construcción de 5.474 viviendas, libres y protegidas, repartidas en esa península reconvertida en isla artificial tras la apertura del Canal de Deusto, ahí en cuya orilla Deusto y Sarriko se dan la mano. De todas ellas, 2.747 se proyecta como protegidas: 1.371 viviendas de protección oficial (VPO) y 1.376 viviendas de protección tasada (VPT). Hordago-El Salto ha localizado en Zorrotzaurre un total de 772 viviendas protegidas en manos de Amenabar y Urbas, es decir, el 28,1% del total. Estas dos firmas dedicadas al ladrillo han protagonizado puertas giratorias con cargos públicos y la asistencia de abogados que a su vez asesoran a diferentes instancias del Gobierno Vasco.
*Operación “salvar al Manhattan bilbaíno”
El 9 de agosto trascendió a los medios de comunicación que el grupo constructor Urbas había vendido por 98 millones de euros a la firma de inversión británica M&G Real Estate una promoción en la punta norte de la isla de Zorrotzaurre compuesta por 314 viviendas, de ellas, al menos 143 son VPO. Más recientemente, el pasado 3 de noviembre, y como adelantaba El Confidencial, Urbas “repite [la] jugada” al negociar con un gran fondo inversor institucional la venta de otras 300 viviendas por 40 millones de euros.
Días después, el 15 de noviembre, Urbas anunció que había cerrado la venta a Q-Living (Grupo Qualitas) de 143 viviendas de protección oficial. Este acuerdo entre firmas privadas le ha reportado 24 millones de euros, a los que suma una subvención del Gobierno Vasco de 6,5 millones para destinar estas viviendas al régimen de “alquiler asequible”. Además, la construcción de la promoción de viviendas será financiada mediante un préstamo con garantía hipotecaria; un préstamo que Urbas está negociando en la actualidad con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El comprador, Grupo Qualitas, está controlado por la familia Polanco, cuyo patriarca, el ya fallecido Jesús Polanco, fundó el grupo de comunicación Prisa, matriz de El País. Precisamente un miembro de esta familia, Jaime Polanco, ostenta la vicepresidencia del grupo Urbas.
Estas operaciones buscan salvar financieramente la “Manhattan” vizcaína con el que se pretende “coronar la metamorfosis de Bilbao”. Las operaciones de Urbas, con 850 viviendas en la zona, vienen precedidas de advertencias de fuentes tan distintas como la revista Forbes y el sindicato ELA, que describen al grupo Urbas como un “gigante con pies de barro”. La quiebra, parece ser, es esa base de barro para el gigante del ladrillo. La isla de Zorrotzaurre hace aguas por el lado de Urbas.
Entre los años 2020 y 2021, Urbas adquirió hasta tres importantes empresas vascas: Construcciones Urrutia (vinculada a la carrera empresarial de un exdirector de Vivienda del Gobierno Vasco, Lauren Arrizabalaga); Murias (perseguía el liderazgo del sector de la construcción); y Jaureguizar, esta última mantenía una posición de liderazgo en Bizkaia. Desde entonces, varias firmas con puertas giratorias abiertas al PNV se afanaron en colaborar en la incursión de Urbas en suelo del oasis vasco, que, parece ser, también tiene islotes…
–https://www.elsaltodiario.com/euskal-herria/zorrotzaurre-vivienda-protegida-vpo