Muro de solidaridad y denuncias:
Presas y presos políticos enfermos:
-Difusión de la campaña en la manifestación estatal de pensionistas, 28 octubre, Madrid.
Denunciamos la situación de los presos políticos enfermos y mayores en la manifestación por las pensiones.
Según su propia ley deberían estar en la calle, pero el Estado quiere exterminarles en prisión por no agachar la cabeza, ¡debemos impedirlo!
¡Organízate y lucha por ellos!
*Pancarta en el Paseo del Prado.
*Reparto de hojas informativas, con las fotos, y texto libertad presos políticos enfermos.
Criminalización:
-Valtònyc regresa a España tras seis años en el exilio belga.
Valtònyc regresa a España tras prescribir la pena de prisión a la que fue condenado.
El rapero, condenado a prisión en 2017 por sus canciones por los delitos de “enaltecimiento del terrorismo”, “injurias a la corona” y “humillación a las víctimas”, ha estado viviendo este tiempo en Bélgica, país que rechazó su extradición.
Juzgado en España en una campaña de criminalización que llevó a Valtònyc a la decisión de exiliarse en 2017, el 28 de diciembre de 2021 el Tribunal de Apelación de Gante rechazó la entrega a España de Valtònyc, por un delito de amenazas, tras haber descartado previamente la Justicia belga los delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por los que también le reclama la justicia española. El fallo del tribunal de Apelación de Gante podía ser recurrido por las partes ante el Tribunal de Casación, cosa que hizo la Fiscalía.
El Tribunal Constitucional de Bélgica había alejado la extradición de Valtònyc el pasado 22 de octubre de 2021, cuando decidió que los insultos al rey estaban amparados por la libertad de expresión; y, por tanto, que una ley belga de 1847 relativa a las ofensas al rey “es contraria a la libertad de expresión”, por lo que no se podría aplicar para juzgar al rapero en 2021.
La justicia belga ya había rechazado en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018, alegando que no existía la doble incriminación, es decir, que los cargos por los que fue condenado en España no estaban tipificados como delito en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante ante el Tribunal de Apelación, que falló el 28 de diciembre de 2021.
*Juicio en Sevilla el 21 de noviembre
A pesar de la prescripción de la condena que la Audiencia Nacional le impuso el pasado 2017, Josep Miquel Arenas tendrá que hacer frente a otra cita judicial el próximo 21 de noviembre en Sevilla. El rapero podía declarar por videoconferencia, pero fuentes de la defensa explican a ElNacional.cat que, con su retorno, asistirá presencialmente. La investigación es por un concierto que ofreció en Marinaleda el pasado 31 de marzo de 2018 por un presunto delito de provocación para cometer un delito de atentado y un posible delito de amenazas agravadas por haber «animado» a matar a guardias civiles durante esta. La Fiscalía pide cuatro años de prisión y 3.600 euros de multa por el delito de atentado y, por el delito alternativo de amenazas, tres años. Su defensa pide la absolución porque «sin que existan hechos constitutivos de ningún delito, no se tiene que hablar de autoría, ni de circunstancias modificativas, ni de pena, ni de responsabilidad civil derivada de un delito no cometido».
Guerra sucia:
-La Guardia Civil se escuda en el “secreto oficial” para no colaborar en la investigación al brigada que fue grabado.
El instituto armado niega al juez la petición para que confirme que el imputado tiene compañeros que se llaman “José, José Antonio o Raúl”, como se refiere a ellos en el audio en el que confiesa que su equipo comete ilegalidades durante sus pesquisas.
La Guardia Civil ha contestado a la Audiencia Nacional que no puede revelar los nombres de pila de algunos miembros del Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de Madrid porque es materia clasificada como secreta. El juez Santiago Pedraz había pedido aclarar si los agentes a los que alude un brigada de ese equipo en una grabación –en el transcurso de la cual reconoce que cometen delitos durante las investigaciones– existen realmente y son sus compañeros.
Sergio B. confiesa a una mujer que su equipo coloca dispositivos de seguimiento sin autorización judicial, entre otras ilegalidades.
El brigada declaró ante el juez que lo que dice en esa grabación constituía parte del artificio para infiltrarse en la organización, a la que pertenecería la mujer, según él. Los abogados razonaban que si así fuera no habría utilizado los nombres de pila reales de sus compañeros durante sus citas con ella y por eso pidieron al juez que se comprobara si en el Equipo de Delitos Económicos estaban destinados agentes que se llamaran “José, José Antonio o Raúl”, para lo que se adjuntaba cinco números de Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) que pudieran coincidir. La grabación concluye con el brigada y la mujer pagando una habitación de hotel.
Casos ‘aislados’:
-Cárcel para dos policías municipales de Madrid por abusos sexuales a una joven durante un cacheo en un portal.
La Audiencia Provincial impone dos años de prisión al agente que practicó tocamientos a la víctima y año y medio al que esperó fuera sin impedir los abusos, mientras el Ayuntamiento de Madrid es exonerado.
Dos agentes de la Policía Municipal de Madrid han sido condenados a penas de hasta dos años de cárcel por abusar sexualmente de una joven durante un cacheo en un portal. La condena más alta es para el agente que perpetró los tocamientos después de retener a la víctima con la excusa de estar saltándose el confinamiento por la COVID-19, mientras que el policía que no hizo nada para evitarlo es sancionado con un año y medio de presidio. La víctima ha recurrido la sentencia reclamando una condena más alta para los policías y que el Ayuntamiento de Madrid sea considerado responsable civil subsidiario de la indemnización.
Politi-corrupción impune:
-Un ‘error’ judicial anula hasta seis causas de corrupción de excargos del PSOE andaluz.
La petición fuera de tiempo de la prórroga de instrucción ha provocado la anulación. La mayoría de los casos los lleva la misma jueza.
Un ‘error’ judicial ha dado al traste con hasta seis causas de corrupción de excargos del PSOE andaluz durante los años de gobierno de los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.
Además, podrían archivarse o anularse más casos a medida que el juez de Instrucción número 6 de Sevilla, el encargado de las piezas del caso ERE, y otros instructores vayan avanzando en los procedimientos.
Lo acontecido se debe al mismo fallo repetido en todas las ocasiones: la petición fuera de plazo de la prórroga de la instrucción, una circunstancia que hace que toda la investigación policial y judicial posterior a la fecha estipulada quede inservible o no pueda practicarse ninguna diligencia más. Y no es precisamente por la ausencia de indicios.
Este mismo fallo en los tiempos se repite en hasta seis causas. De ellas, tres son piezas separadas del caso ERE, como son las ayudas de 16 millones de euros a Heineken España; de 26 millones a 52 empresas de la Industria Auxiliar del Sector Naval de la Bahía de Cádiz y de 200.000 euros a una empresa de movimientos de tierras.
Otra de estas causas anuladas es la de la fotovoltaica malagueña Isofotón, que echó el cierre tras recibir más de 80 millones de euros de dinero público. Este caso se estaba investigando en el juzgado desde el año 2015 y contaba con 40 investigados, 37 de ellos son ex altos cargos y exdirectivos de la Junta de Andalucía. Incluido el sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, Juan María González Mejías.
También salpicaba, aunque no habían sido llamados a declarar ni como testigos ni como investigados, a tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez: María Jesús Montero y Luis Planas, ambos por su etapa como consejeros de la Junta de Andalucía; y a Teresa Ribera, por trabajar para la compañía.