Muro de solidaridad y denuncias:
Terrorismo de Estado:
-40 años del secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala.
Cuando los terroristas llevaban uniforme: 40 años del asesinato de Lasa y Zabala
El 15 de octubre se cumplieron cuatro décadas del secuestro de ambos jóvenes por parte del GAL. Los guardias civiles condenados lograron beneficios penitenciarios e incluso hubo medallas del Estado para los asesinos.
Antes de ser asesinados por el GAL y enterrados en cal viva, ambos fueron torturados en la residencia oficial del gobernador civil en Gipuzkoa. Sus familiares les lloraron en ausencia hasta 11 años y medio después, cuando sus cuerpos fueron, por fin, identificados.
El caso Lasa y Zabala es sinónimo de terrorismo de Estado, de GAL, de Felipe González, de horror made in cuartel de Intxaurrondo. De terroristas premiados con medallas después de cometer aquel crimen, un crimen que este octubre cumple 40 años. De impunidad y cal viva.
«Se trata de la primera acción realizada y reivindicada por los GAL, de tal forma que supuso la irrupción de una nueva generación de terrorismo de Estado en un supuesto periodo democrático y con el PSOE en el Gobierno», denuncia Egiari Zor.
Josean Lasa y Joxi Zabala fueron secuestrados el 15 de octubre de 1983 en Baiona, una de las principales ciudades del País Vasco francés. De allí fueron trasladados al cuartel de Intxaurrondo y luego pasaron a la residencia del gobernador civil en Donostia, donde continuaron los interrogatorios y las torturas. Los cuerpos aparecieron en Busot (Alicante) en 1985, pero no fueron identificados hasta 1995.
La Audiencia Nacional condenó por estos hechos al general Enrique Rodríguez Galindo, al gobernador civil Julen Elgorriaga, al teniente coronel Ángel Vaquero y a los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo con penas que oscilaban entre los 67 y los 75 años de prisión por delitos de detención y asesinato ilegales. El abogado Jorge Argote y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera fueron absueltos.
Dorado y Bayo ingresaron en la cárcel en mayo de 1996. El primero obtuvo el tercer grado en marzo de 2002 y el segundo en diciembre de 2003. Por su parte, Rodríguez Galindo y Vaquero entraron en prisión en julio de 2003 y lograron el tercer grado en enero de 2005. Galindo obtuvo la libertad condicional en 2013 y se instaló en Zaragoza, donde murió de covid en 2021. Elgorriaga estuvo en prisión en tres ocasiones, primero de junio de 1996 a enero de 1997, luego de mayo de 2000 a julio de 2001, y en la tercera, el 10 de octubre de 2001, obtuvo el tercer grado el mismo día en que ingresó en prisión. Siete días más tarde llegó la libertad condicional. Del resto de implicados y señores X, ni palabra.
«A pesar de ser uno de los pocos casos que llegó a juicio y a establecer condenas para algunos responsables, Lasa y Zabala no están reconocidos como víctimas del terrorismo».
–https://www.publico.es/politica/terroristas-llevaban-uniforme-40-anos-asesinato-lasa-zabala.html
*Entrevista a Pili Zabala:
-Se cumplen 40 años del secuestro y asesinato de su hermano y de Josean Lasa. ¿Cómo vive estos días?
Se acumulan recuerdos de tiempos felices junto a otros muy trágicos y traumáticos. También se me viene a la cabeza el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento maravilloso que no se cumple y que debería ser inculcado e interiorizado por todas las personas. Creo también que de cara a la verdad y la justicia estamos retrocediendo, porque el Estado español no cumple con los tratados que ha firmado. No olvidemos tampoco que ni mi hermano ni Josean Lasa están reconocidos como víctimas.
-¿Cómo fueron los primeros años para su familia?
La pregunta que nos hacemos todos los seres humanos cuando sucede algo así es «por qué a mí». Todo aquello fue muy doloroso. Yo me sometí al protocolo de Estambul, y allí defino esa sensación de indefensión, ese caos que se genera en tu casa. Ver llorar a mis padres por la desaparición de su hijo es uno de los recuerdos más desgarradores que conservo. Pero lo que más te desconcertaba era que aquellos que gobernaban y tenían que garantizar tu seguridad eran precisamente los que te estaban causando este dolor.
-¿Qué significaba en ese momento ser víctima del GAL?
No era nada fácil. A mi hermano y a Lasa les etiquetaron de ser miembros de ETA. Daba igual si tenían nombres o familia: eran etarras. Además de la incertidumbre y ansiedad que generaba la desaparición, había que gestionar el ataque de los medios de comunicación, que no tuvieron empatía en absoluto y criminalizaron a nuestra familia. Había una presunción de culpabilidad absoluta no solo contra unos jóvenes que habían hecho desaparecer, sino también contra su familia.
-¿Se conoce toda la verdad sobre el caso Lasa y Zabala?
Creo que en ningún caso se conoce toda la verdad. Todos los atentados cometidos por diferentes aparatos del Estado siempre han gozado de todas las herramientas para obstaculizar las investigaciones. A eso hay que añadir la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que ha impedido investigar. Y si no puedes investigar, es imposible que conozcas la verdad.
En nuestro caso hay una verdad judicial, pero también una verdad social. En esa verdad social hay muchas personas con las manos manchadas de sangre. En cuanto a la verdad judicial, podemos decir que hubo una amnistía enmascarada. Aquí se ha revictimizado y humillado a las víctimas del terrorismo de Estado.
-¿Por qué no ha habido voluntad política para conocer la verdad?
Lo que ocurre es que no se han saldado aún todas las deudas del franquismo. Hay violadores de derechos humanos, torturadores, que están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales. Eso ha condicionado una forma de actuar, que ha sido proteger al poderoso. Un jesuita me decía que los delitos que dispensaron a mi hermano serían considerados crímenes de guerra.
El máximo error es que aquí no hubo ninguna condena por desaparición forzada, y José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa estuvieron desaparecidos 11 años y medio, cuando la Guardia Civil sabía dónde estaban. Esa tortura psicológica a la que sometieron a nuestras familias nunca ha sido castigada, y eso es una aberración.
-¿Si tuviera enfrente a Felipe González, qué le diría?
Le miraría a los ojos y le preguntaría por qué decidió crear un grupo de mercenarios para actuar fuera de la ley. Le preguntaría por qué a día de hoy se cree una autoridad moral cuando ha sido un transgresor y ha violado derechos humanos. Le preguntaría también si lo volvería a hacer. Pero sobre todo le miraría a los ojos, porque sé que él no podría sostener la mirada.
-¿Teme que este caso pueda caer en el olvido?
Creo que no. Afortunadamente existen muchas personas que siguen trabajando para que mi hermano y Josean Lasa no sean olvidados.
En Público.
Criminalización:
-Hasta cuatro años de prisión por manifestarse a favor de la amnistía total en 2019.
Llega el juicio para tres activistas que se manifestaron en Madrid a favor de la amnistía total en 2019, detenidos mientras se dirigían a su casa y con el único testimonio acusatorio de la policía.
Tres jóvenes madrileños se enfrentan a cuatro años de prisión por desórdenes públicos y atentado y resistencia contra la autoridad. Esta historia repleta de sinsabores comenzó el 19 de octubre de 2019, cuando el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid) organizó su habitual manifestación por la amnistía total de los presos políticos.
La movilización terminó con disturbios. Las ahora acusadas, y que se enfrentarán al juicio el próximo 8 de febrero de 2024, se dirigían de vuelta a su casa cuando fueron detenidas. Junto a ellas estaba otro menor, también detenido y ya absuelto de los mismos hechos. Solo la palabra de los agentes, que aseguran poder reconocer a estas personas de entre las cientos que tomaron parte en los disturbios, hace que estén sentadas en el banquillo de los acusados.
Los organizadores recuerdan el éxito de la manifestación de aquel sábado: “Fue multitudinaria, más de 6.000 personas por el centro de Madrid pidiendo la amnistía total de los presos políticos”, rememora Marco Fernández, portavoz del MAR Madrid. La cosa estaba caldeada. El miércoles de esa misma semana se había dado a conocer la sentencia del procés, lo que desembocó en fuertes disturbios en las protestas de Barcelona, y una concentración en apoyo desde la Puerta del Sol de Madrid. En esa ocasión, el joven Dani Gallardo fue detenido y enviado durante meses a prisión provisional en un caso que fue tildado por la defensa como de montaje policial.
Por eso, el 19 de octubre de 2019 la manifestación convocada por el MAR Madrid y comunicada a Delegación del Gobierno terminó en Sol cuando ya empezaba a anochecer no fue suficiente. Varios cientos de personas empezaron a enfilar la calle Preciados en dirección a Callao. Querían cortar la Gran Vía y, por unos minutos, lo consiguieron. Inmediatamente después llegaron las cargas policiales totalmente indiscriminadas que afectaron a personas ajenas a la protesta que salían de comprar en las tiendas de la zona.
Los primeros enfrentamientos en Callao entre disparos de pelotas de goma y el uso de gas pimienta por parte de la Policía frente al lanzamiento de sillas por parte de los manifestantes dieron paso a un correcalles por las inmediaciones. Finalmente, 12 personas fueron detenidas, dos de ellas menores de edad. La Fiscalía pidió prisión provisional para tres de los detenidos, aunque el juez no la dictaminó.
Ese miedo ha vuelto ahora, cuando más de cuatro años después tanto ella como dos de sus amistades serán juzgadas. “No sé qué va a pasar. Ves otros casos de represión y te pones en lo peor, aunque me siento muy apoyada con mi círculo”, explica. Alejandra Matamoros será su defensora en el juicio. A ella no se le olvida cómo el menor que les acompañaba aquella tarde de octubre de 2019 y que terminó detenido y juzgado por los mismos delitos, acabó absuelto.
“Estos chavales estaban lejos del tumulto, se iban a sus casas ya y justo les detienen dos policías de paisano. Es curioso que los policías puedan determinar que ellos provocaron disturbios en Callao cuando en esa plaza había unas mil personas difícilmente reconocibles”, relata la abogada. A sus ojos, “como todos los juicios políticos, este es una moneda al aire”. Sí se tendrá en cuenta que en ningún caso les requisaron materiales punzantes o peligrosos, tan solo unos folletos repartidos durante la manifestación.
“Nosotros creemos que en los juicios políticos la defensa debe ser política, revestida de elementos jurídicos básicos para decir que no se ha cometido un hecho delictivo. Y lo más importante, que este juicio representa una vulneración del derecho a la libre manifestación y como tal debe ser defendido”, se explaya Matamoros, también integrante del MAR Madrid.
“Es curioso cómo funcionan las cosas: mientras el parlamento habla de amnistía, los que luchan por ella desde hace años en la calle están siendo perseguidos”, finaliza el mismo Fernández.
–https://www.elsaltodiario.com/proces/cuatro-anos-prision-manifestarse-favor-amnistia-2019
Droga, dinero y desmovilización:
-El negocio de la droga alcanza niveles históricos en España con más de 8.200 millones de euros al año.
El gasto en narcóticos se desboca con la llegada de nuevas sustancias de corte elitista y la superproducción mundial de algunas de las tradicionales mientras comienza a menudear el mortífero fentanilo.
Según la clasificación del gasto en consumo final de los hogares por finalidad que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística) dentro de las Cuentas anuales no financieras de los sectores institucionales, el volumen de negocio de los traficantes se disparó el año pasado hasta los 8.222 millones de euros. Supone un aumento de más de diez puntos sobre los 7.434 millones estimados para el año anterior.
Según los datos del propio INE, el negocio de drogas ilegales casi alcanza al de las empresas farmacéuticas, que un año antes se situaba en 8.836 millones, y prácticamente duplica el de las industrias extractivas, que era de 4.120. Pero no supera al del negocio de las drogas legales por excelencia, el alcohol, con 10.601; y el tabaco, con 13.404 millones.
Los confinamientos y las restricciones en las actividades de ocio, por una parte, y por otro la menor disponibilidad de dinero por el parón de la actividad económica redujeron el gasto en narcóticos, aunque tampoco tanto: la cifra fue prácticamente similar a la de 2019 (6.691 millones por 6.702), mientras lo que crecía de manera notable eran las consecuencias de su consumo. El récord de muertes contabilizadas por «envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso», con 974 casos, no ha sido superado en los dos años posteriores, en los que, con un gasto en narcóticos netamente superior, los registros de fallecimientos fueron de 959 en 2021 y de 878 en 2022.
Lo que sí se mantienen son algunas de las tendencias que comenzaron a registrarse en vísperas de la pandemia, como el aumento del tráfico y el consumo de opiáceos, especialmente la heroína; la inundación de cocaína, a menudo de bajo precio como consecuencia de la superproducción en Latinoamérica y la necesidad de los cárteles de colocar el género, y la llegada de nuevas sustancias, frecuentemente de precios más elevados y con cierto sello elitista. Además de la incipiente entrada del fentanilo.
620.000 personas, serían consumidores relativamente habituales de cocaína en España.
Convocatorias:
-25 octubre. Madrid. CSO La Ferroviaria. 19 h.
Tendrá lugar la asamblea abierta para continuar la campaña por la Amnistía Total, por la liberación de todos los presos políticos antifascistas, sin renuncias y sin importar los métodos de lucha.
¡Unámonos para conquistarla!
Pl. Luca de Tena, 7 – 25 Oct. – 19:00h.
-26 octubre. Deustu-Sani (Bilbo). 19 h.
Manifestazioa. Gora Palestinako erresistentzia!
Deustu ta Saniko Palestinako Erresistzentziaren aldeko Taldea.