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Pablo González libertad:
-Oihana Goiriena: “Al contrario de lo que dicen los ministros Rau y Albares, el derecho a la defensa de Pablo González no está siendo garantizado para nada”.
Oihana Goiriena, esposa del periodista vasco Pablo González, desmiente rotundamente lo expresado en una comparecencia conjunta de ministro ultraderechista polaco de Exteriores, Zbigniew Rau, y el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el 23 de mayo. Albares no pidió la libertad del periodista y justificó su privación de libertad porque pesan sobre él “acusaciones serias”. Pablo González lleva en prisión desde el 28 de febrero de 2022. Goiriena rechaza lo dicho por ambos ministros porque “el derecho a la defensa de Pablo González no está siendo garantizado para nada”.
También desmiente al polaco por decir que que “la Fiscalía ha autorizado las visitas familiares, pero no es cierto. Creo que debemos entender que se nos reconoce el derecho, pero no nos llega la autorización concreta con día y hora” y añade que “no sabemos cuáles son esos cargos tan graves que dicen tener, pero llevan ya quince meses trabajando en ellos, sin que se conozcan”. Lamenta el “agravio comparativo” del Gobierno español y el polaco que pidieron la liberación del reportero Evan Gershkovich, corresponsal en Rusia de ‘The Wall Street Journal’, pero no actúan de la misma manera con el periodista vasco.
-¿Qué piensas de las declaraciones del ministro ultraderechista polaco, Zbigniew Rau, y el ministro español de Asuntos Exteriores Jose Manuel Alabares en relación a tu marido?
De un ministro ultraderechista no se podía esperar mucho más. De quien sí se podía esperar más es del ministro de Asuntos Exteriores Albares, pero lamentablemente sus declaraciones han ido en la misma línea del ministro polaco. Han ido a apoyarlo básicamente.
En lo que nosotros sí que queremos matizar al respecto es que, al contrario de lo que ellos dicen, el derecho a la defensa de Pablo González no está siendo garantizado para nada, nada. Para empezar, la primera vista la tuvo sin defensa de nadie, sin asistencia legal. Estuvo dos semanas sin abogado ni de oficio ni privado. Le pusieron una abogada de oficio al de dos semanas más o menos, pero renunció sin haberlo visitado siquiera.
Luego tiene abogado particular desde mediados de abril. Y a su abogado de confianza, que es Gonzalo Boye, no se le ha permitido ejercer su defensa hasta este año, hasta febrero. Han tardado un año en autorizar a Boye en la defensa. Que ahora vengan diciendo que está garantizado su derecho a la defensa pues no es así. Es más a sus abogados, que tiene dos equipos uno de abogados polacos coordinados por Gonzalo Boye, no se les permite el acceso a las actuaciones que se han realizado hasta ahora. Solo pueden ver una pequeña parte del expediente. Entonces, cómo van a poder defenderlo, no pueden trabajar en su defensa.
-¿Has podido estar con tu marido alguna vez más?
No, solamente el 21 de noviembre. También ha dicho que la Fiscalía ha autorizado las visitas familiares, pero no es cierto. Creo que debemos entender que se nos reconoce el derecho, pero no nos llega la autorización concreta con día y hora, sin la cual, podemos ir hasta la puerta de la cárcel, pero allí nos quedamos. No tenemos el papel firmado y sellado que nos autoriza entrar. Eso también es falso.
-¿Todo lo que han dicho es un cúmulo de mentiras?
Lo que han venido a decir es que tiene abogados. Es lo único que es cierto. Que tiene abogados privados y que ellos han podido verle. ¡Faltaría más!, creo yo. También es cierto que tiene asistencia consular y que el cónsul le ha visitado en once ocasiones. La última visita fue el 21 de abril. Es cierto, pero poco más.
-¿Menos de una al mes para el tiempo que lleva no es para echar cohetes?
No, sobre todo, teniendo en cuenta que no tiene visitas familiares. Si pudiéramos ir nosotros a visitarlo, incluso once visitas del cónsul serían un montón. Es el único que le visita, a parte de sus abogados. No es suficiente. Además, venimos diciendo que el cónsul le visite es un alivio para él, puede hablar con él y trasladarnos mensajes, pero el cónsul no puede hacer mucho más. Por ejemplo, si no nos permiten a nosotros ir a visitarle, el cónsul no puede hacer más. Puede reclamar el cónsul, pero si le dicen ‘usted no se meta’, hasta ahí ha llegado. Lo mismo con las cartas, con las llamadas de teléfono… no tiene mucha potestad. Las que tiene, las está utilizando. Está intentando interceder, pero está limitado.
-Sobre el tema de las acusaciones que ambos ministros dicen que son ‘muy graves’ ¿qué piensas?
Llevamos 15 meses escuchando que los cargos son muy graves, pero ellos mismos reconocieron en la rueda de prensa [martes 23 de mayo] que la Fiscalía está preparando la acusación y están preparando los cargos, no se han formalizado. Lo reconocieron ayer mismo. No sabemos cuáles son esos cargos tan graves que dicen tener y llevan ya quince meses trabajando en ellos.
Por eso, me sorprendió cuando escuché esa falta de concreción.
Sobretodo teniendo en cuenta que en cuanto le detuvieron salieron que tenían pruebas más que suficientes que sustentaban la acusación. Eso fue hace quince meses y después de este tiempo no han presentado cargos. Entonces, algo no cuadra. Creo que es lo que dijo su abogado Boye en su momento: primero lo detuvieron y después empezaron a investigar.
-Sé que no quieres entrar con el tema Albares, al fin y al cabo es el ministro, pero que el Gobierno español pidiera la libertad del reportero estadounidense Evan Gershkovich, que detuvo Rusia, y en cambio con Pablo González no actúen igual y, además, dice que está bien en la cárcel como si fuera un palacio.
Está 23 horas encerrado, en una celda pequeña, con una ventana pequeña que no se abre. No tiene ventilación, ni luz natural. Pero debe ser un estándar de confort aceptado en Europa, no lo sé, pero es un agravio comparativo con lo que ha sucedido con Evan Gershkovich en comparación con el comportamiento que están teniendo con Pablo González, mientras que las acusaciones son más o menos las mismas de espionaje, él también está en prisión preventiva, pero para él tanto España como Polonia han pedido la libertad, sin embargo, para mi marido, no, siendo las acusaciones las mismas. Es muy doloroso. Doble rasero que no sé a qué viene.
-¿Tienes alguna esperanza en estos momentos?
Estamos casi casi en lo mismo que exigíamos el 1 de marzo 2022: derecho a visitar, derecho a llamadas con los hijos. Quince meses después seguimos en ello. Lo único que ha pasado es que ahora tiene al abogado Gonzalo Boye en su defensa. Es lo único que ha mejorado.
¿Esperanzas? Hoy debería salir ya la resolución de si prorrogan la resolución de la prisión temporal o no y por qué. No tenemos esperanza, porque, como ya te he dicho, la defensa no tiene acceso a las actuaciones, no saben qué es lo que presenta Fiscalía, no saben ante qué le tienen que defender y todo eso dificulta bastante su trabajo. Entonces, van un poco a ciegas respecto a lo que Fiscalía pueda alegar. Creemos que seguirá en prisión preventiva.
¿Juicio? Dijeron el 23 de mayo que esperan que sea ‘relativamente pronto’, pero el relativamente pronto hay que tomarlo con pinzas, porque la primera visita que tuvo fue a los 8 meses de ser detenido y llevado a prisión.
-¿Tendrán que dar tiempo a preparar el juicio?
Claro. Ellos dicen que necesitan tiempo para preparar la acusación, pero la defensa necesitará acceso.
La verdad que cuando les escuché a los dos ministros hablar me pareció una tomadura de pelo.
No sé si es una tomadura de pelo, pero una vergüenza, sí.
-Si quieres añadir algo más, estás a tiempo.
Creo que he dicho todo, simplemente recalcar no hay cargo suficientemente grave que justifique que un padre lleve 15 meses sin poder hablar con sus tres hijos.
Guerra sucia:
-‘Vendetta’ de los policías absueltos en el caso ‘Cursach’: piden 37 años de cárcel para el juez y el fiscal.
Cinco de los 14 agentes y mandos de la Policía Local de Palma de Mallorca juzgados por constituir una mafia policial al servicio del magnate Cursach y que finalmente fueron exonerados con el apoyo de la Fiscalía reclaman más de dos millones en indemnizaciones. La prueba de cargo en la que se escudan podría ser anulada.
El caso Cursach está a punto de entrar en una nueva fase: la venganza. El día 5 de junio comienza en el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) el juicio contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y cinco agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional, acusados de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia.
Caso único en la reciente historia procesal española, como apuntan fuentes jurídicas, en el que una instrucción compleja, llevada a cabo por un juez y un fiscal sin una mácula en su larga trayectoria, desveló conexiones presuntamente delictivas entre miembros de la Policía Local de Palma de Mallorca, políticos de la isla y un emporio empresarial que dominaba los negocios de la noche.
Sin embargo, el extraño viraje de la Fiscalía Anticorrupción, junto con una reprobable actuación del juez Miguel Florit —que ordenó la incautación de los móviles de dos periodistas para comprobar de dónde salían unas supuestas filtraciones de información judicial [esto fue declarado ilegal posteriormente]— sentó la bases para tumbar la investigación de Penalva y Subirán y retirar los cargos a todos los acusados del caso Cursach, que fueron absueltos, con una petición de perdón del fiscal Tomás Herranz.
De los 14 agentes y mandos de la Policía Local de Palma que fueron procesados por haber aceptado prebendas, como sobres de dinero, servicios sexuales y drogas gratis en los locales del Grupo Cursach a cambio, por ejemplo, de realizar inspecciones de aforo abusivas en los locales que hacían la competencia a Cursach, cinco se han constituido como acusación particular en el juicio contra Subirán, Penalva y los agentes de Blanqueo.
En un principio todos los policías enjuiciados se constituyeron como parte en la causa contra el juez y el fiscal, a través de la asociación JAVA (Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales), que llegó a pedir, sin éxito, prisión provisional para Subirán y Penalva, hoy jubilados anticipadamente.
JAVA finalmente desistió de constituirse como acusación particular y solo cinco policías han acabado personados como presuntos perjudicados: Feliciano Franco, Carlos Tomás Picó, Alfonso Ramírez, Rafael Estarellas y Francisca García. Todos, salvo Ramírez, estuvieron en prisión provisional por la causa Cursach y sus derivadas.
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-Sus leyes nuestra opresión.
Constitución española: encabezada por… el águila fascista
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