Muro de solidaridad y denuncias:
Torturas:
-La familia de Zabalza denuncia que el Estado español premia a los torturadores.
La iniciativa ‘Mikel Zabalza Gogoan’ acusa al Estado español de premiar la tortura.
Arturo Espejo era teniente de Intxaurrondo cuando el orbaizetarra fue torturado y asesinado, y actualmente es teniente general de la Guardia Civil.
La iniciativa ‘Mikel Zabalza Gogoan’ ha denunciado la subida de puestos en el escalafón del guardia civil Arturo Espejo y ha acusado al Estado español de premiar la tortura en una rueda de prensa celebrada en Orbaizeta.
Naiz dio a conocer que Arturo Espejo, uno de los guardias civiles implicados en los casos de torturas y asesinatos de Mikel Zabalza en 1985, se encuentra actualmente en los puestos más altos de la organización militar.
La familia recuerda que hace dos años el Parlamento de Navarra exigió una investigación exhaustiva del caso Zabalza tras filtrarse el audio en el que se mostraba que Zabalza había sido torturado. Poco después, en febrero de 2022, el Gobierno Vasco reconoció al orbaizetarra como víctima de la violencia de Estado. «Todas estas declaraciones exigen la reactivación de todas las vías para el total esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la asunción de responsabilidades al Estado español». Han añadido que parecía que había consenso en la búsqueda de «la verdad, la justicia y la reparación», pero que el nombramiento de Arturo Espejo como teniente general de la Guardia Civil demuestra que «estamos en el mismo sitio en el que estábamos hace 37 años».
La familia denuncia que el Gobierno español ha preferido dar consejos, confianza, recompensas y poder a las personas relacionadas con «los hechos más oscuros del Estado», en lugar de deslizarse con los principios de las Naciones Unidas sobre las víctimas. Afirma que los torturadores tienen «impunidad absoluta» y que eso no beneficia a la convivencia. Insisten en que es hora de pasar «de las palabras a los hechos» y pedir que se desclasifiquen documentos secretos que puedan ayudar a esclarecer el caso.
La red de Torturados de Navarra ha afirmado que no es «ético» reconocer el dolor mientras los torturadores son elevados de puesto y condecorados. Añade que para que la convivencia en Navarra sea posible hay que reconocer la violencia política existente hasta ahora y pide a los responsables políticos e institucionales que den la respuesta que la situación requiere.
Asesinato de Zabalza
El 26 de noviembre de 1985, la Guardia Civil detuvo en Altza al orbaizetarra Mikel Zabalza. Fue trasladado a Intxaurrondo y asesinado torturado, como demuestran diversas pruebas. Por aquel entonces era teniente de Intxaurrondo Arturo Espejo.
Guerra sucia:
-Socialfascismo: El Gobierno se escuda en la ley franquista de secretos oficiales para justificar el espionaje contra el independentismo.
En una respuesta escrita enviada a un senador, el Ejecutivo alega que las infiltraciones policiales en Catalunya y Valencia obedecieron a una solicitud de la Comisaría de Información y cataloga el expediente como «secreto».
La infiltración policial en movimientos independentistas y anarquistas de Catalunya y València no tendrá ningún tipo de aclaración por parte del Gobierno. Los motivos que llevaron a la Policía Nacional a espiar a militantes de movimientos sociales han quedado bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, lo que impedirá conocer las razones que se esconden detrás de estos casos.
«Desde la Comisaría General de Información se solicitó la autorización administrativa correspondiente, estando todo ello recogido en un expediente que está declarado SECRETO (mayúsculas en el original) al amparo de los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 y, con fecha posterior, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales», alega el Gobierno.
La normativa en cuestión data de 1968 y aún está vigente pese a los reiterados intentos para tratar de modificarla.
-La Justicia declara firme la absolución de Villarejo en el caso de la grabación al CNI.
La Audiencia de Madrid hace definitiva la exoneración del comisario jubilado, su esposa Gemma Alcalá y el periodista Carlos Mier después de que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado ni la acusación popular de Podemos recurrieran la sentencia absolutoria del caso.
Fascismo impune:
-Revientan con una maza la placa antifranquista del cementerio de Zamora.
El ataque fascista se produjo en el aniversario de la República, el 14 de abril.
La placa en memoria de todos los zamoranos víctimas del golpe de estado fascista de 1936 y de la dictadura franquista fue colocada a principios del mes de marzo.
La placa ahora destrozada se encontraba en el osario del cementerio teniendo en cuenta su simbología como depósito de los huesos de los cadáveres que se trasladan de las tumbas. “Los fusilados durante el golpe de estado acabarían enterrados en distintas fosas no identificadas por el momento, pero el espacio simbólico del recuerdo se centra en el osario como lugar de homenaje”.
Criminalización:
-De la migración y de los solidarios.
“Defensoras en el laberinto”: la criminalización de quien defiende la solidaridad.
Mientras el gobierno italiano decreta el estado de emergencia migratorio y destina 5 millones de euros para agilizar los procesos de identificación y expulsión de migrantes, y cinco personas mueren diariamente tratando de llegar a España, en Algeciras se presenta un docuweb que profundiza en el cambio de foco de las políticas migratorias europeas y el impacto sobre mujeres activistas de los derechos humanos. ‘Defensoras en el laberinto’ comienza esta en el estrecho una ruta que recorrerá gran parte de Andalucía.
En 2017 la activista y fundadora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, fue acusada de tráfico de personas. Ese mismo año, en Bélgica, la periodista y voluntaria Anouk Van Gestel ofreció hospedaje a un joven migrante que quería llegar a Inglaterra y corrió la misma suerte. Kathrin Schmidt, jefa de operaciones del barco de salvamento Iuventa, fue criminalizada en Italia por proteger a quienes pretender llegar a Europa. Desde octubre de 2017 el barco está paralizado sin poder salir al rescate de personas migrantes. Estas tres activistas son ejemplos de la criminalización hacia las defensoras de la solidaridad, como explica Francesca Cancellaro, parte del equipo legal de la tripulación de Iuventa “en 2017, las personas que rescataban migrantes en el Mediterráneo eran ángeles y ahora son demonios para los políticos, los medios y la opinión pública”…
Politi-corrupción:
-El exalcalde de Gandía Arturo Torró (PP), condenado a tres años y medio de prisión por malversación.
El que fuera presidente del PP de Gandía (València) provocó un perjuicio a las arcas públicas de 135.812 euros al rescindir el contrato con la adjudicataria de TV local obedeciendo a «intereses particulares y no públicos».
La Audiencia Provincial de València ha condenado a tres años y medio de prisión y a seis años y medio de inhabilitación al que fuera alcalde de la ciudad de Gandía entre los años 2011 y 2015, Arturo Torró, como autor de un delito de malversación cometido al resolver el contrato con una empresa para la prestación del servicio de televisión local, en el que las arcas públicas sufrieron un perjuicio de 135.812 euros. Torró fue presidente del Partido Popular en la localidad entre 2010 y 2016.
Convocatorias:
-22 de abril. Barcelona. Davant comisaria Via Laietana. 18 h.
Presentación del libro «Torturades». de Gemma Pasqual i Escrivà amb el testimoni d’algunes de les dones.
Necesitamos llenar de solidaridad la Vía Laietana. Denunciamos a los torturadores y exigimos una verdadera Memoria Histórica. No permitiremos que la tortura y la represión de disidentes políticos queden impunes.
Comissió de la Dignitat. Assemblea persones represaliades.
Catálogo materiales:
-Todos los domingos a la mañana en la plaza de Tirso de Molina, en Madrid.