¿De verdad pensáis que el control de la Justicia viene de ahora?… Fiscales de la Audiencia Nacional al servicio de la CIA.

Dibujo. Juez acuchilla a la Justicia.

Fascismo:

-¿Pensáis que el control judicial viene de ahora?

Un poco de historia bien reciente.

El actual chanchullo judicial, elecciones políticas, corrupción, implicaciones con la guerra sucia… no ha parado de producirse desde 1939. ¿Qué nos sorprende pues?. Si hasta la A.N. ha estado y está al servicio de la CIA…

España: Fiscales de la Audiencia Nacional al servicio de la CIA

16 de diciembre de 2010 por CEPRID

Juan Manuel Olarieta

Algo está fallando. Parece que ahora determinados medios de comunicación (precisamente los más influyentes del mundo) juegan a ejercer de alternativos, casi de «antisistema», como si hicieran contrainformación. Lo decía el periodista de «Informe Semanal» Vicente Romero en una entrevista en Radio Nacional: no entendía por qué algunos se rasgaban las vestiduras, como si acabaran de oír algo sorprendente. Estas porquerías -concluía Romero- son cotidianas y habituales. Desde 1939 lo normal en España es que los criminales de guerra sean protegidos por los tribunales. No ha cambiado nada. Empezaron con patente de corso para los nazis y siguen con patente de corso para los yanquis.

Es verdad. No hay más que repasar la historia de la Audiencia Nacional, que empezó luciéndose con la puesta en libertad de los asesinos de Yolanda González, de los de la calle Atocha, del mafioso Bardellino y ahora hace lo mismo con los de José Couso, los torturadores de Guantánamo y los vuelos secretos de la CIA. Cada día los fiscales de la Audiencia Nacional abren sumarios a algunos y se los cierran a otros porque es así como interpretan el principio de igualdad ante la ley. Ante tan buenos abogados, los criminales de guerra no tienen nada que temer en España; éste ha sido y sigue siendo su santuario. Aquí gozan de protección. Sus padrinos están al más alto nivel, que empieza con el fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, verdadero recadero de la embajada yanqui, y sigue con Javier Zaragoza, que recibía en su despacho de la Audiencia Nacional a los espías de la CIA para informarles de la marcha de sus asuntos en los tribunales españoles.

A los abogados hispánicos les informan menos que a los espías foráneos. Mientras los fiscales mantienen los sumarios en secreto durante años, la embajada yanqui dispone de copias de sus pesquisas al minuto. ¿A qué precio? ¿O los funcionarios de la fiscalía trabajan gratis para una potencia extranjera? ¿Es puro servilismo lo suyo? ¿Tienen vocación de lacayos del imperialismo? ¿Cobran algunas monedas por hacer lo contrario de lo que deberían? ¿Cómo es posible que los fiscales estén trabajando para una potencia extranjera en contra de los jueces de su propio país?

Si los fiscales de la Audiencia Nacional están trabajando como soplones para una potencia extranjera contra sus propios jueces, ¿por qué no han sido cesados? ¿No será que el gobierno y los partidos parlamentarios son cómplices? ¿No será que todos están jugando un doble juego? ¿No será que a todos ellos el hecho de que torturen a los presos en Guantánamo les importa un bledo? Y por lo tanto, si les importa un bledo que torturen a los presos en Guantánamo, ¿no les importará un bledo que torturen también a los presos en cualquier otro lugar?

El espíritu servil y servicial de los fiscales hacia sus amos de la CIA era tan grande que les informaban a ellos antes que a cualquier otro. En Washington tenían los escritos y los sumarios antes de que llegaran a manos de los jueces. Por eso, la CIA protege a los fiscales españoles tanto como a sus propios espías cuando realizan el trabajo sucio. En los papeles publicados el fiscal Vicente González Mota tiene la consideración de «estrictamente protegido». Pero, ¿de quién tiene que proteger la CIA a un fiscal español? ¿Le pusieron guardaespaldas?

La protección es una recompensa, parte integrante del precio a pagar. En enero de 2007 el fiscal González Mota informaba a sus jefes de la embajada yanqui en Madrid que no se opondría a la petición del juez de desclasificar documentos secretos sobre los vuelos de la CIA. Pero es que en ese momento el gobierno aún no había desclasificado los documentos. ¿Por qué un fiscal de la Audiencia Nacional sabe anticipadamente lo que va a decidir un gobierno?

Pero la cosa es más jugosa aún porque el fiscal sabía el contenido de esos documentos secretos y no se oponía a entregárselos al juez porque también sabía que en los mismos no había nada incriminatorio para los yanquis. ¿Por qué sabía el fiscal anticipadamente el contenido de unos documentos secretos?

Esa es la otra parte de la cuestión, que ya fue denunciada hace bastante tiempo: la participación de los fiscales de la Audiencia Nacional en el CNI, los servicios secretos españoles, que merece un apunte aparte.

La Fiscalía General del Estado tiene un equipo conjunto con la fiscalía de Estados Unidos que, según Conde-Pumpido, se reúne una vez cada seis meses para «intercambiar información». El problema es que el papel de los fiscales en España ni es la información, ni el intercambio de información. La información es algo reservado al CNI, a la policía y a la Guardia Civil, salvo que haya doble militancia (como la hay) y los fiscales se pongan la toga por la mañana y la gabardina de camuflaje por la tarde. Ese es el caso precisamente de algunos fiscales de la Audiencia Nacional: la doble militancia.

En parte eso explica el precio que mutuamente se pagan unos y otros por «intercambiar información» fuera de los cauces establecidos, es decir, de manera extraoficial. Pero no me conformo con esto. Hay bastante más porque es muy extraño que a un fiscal, cuyo papel creíamos que era la defensa de la legalidad, se le encomienden funciones extralegales. ¿O tengo que decir ilegales? ¿Es una retorno al GAL? ¿Es éste el GAL de Zapatero? ¿Juegan hoy los fiscales el papel que jugó Amedo con Felipe González? ¿Volvemos a los tiempos de la guerra sucia?

Por lo dicho puede parecer que los jueces de la Audiencia Nacional quedan fuera del foco de atención. ¿Merendaban los jueces en el restaurante de la embajada yanqui en Madrid? No todos los días. El 9 de mayo de 2005 el director del FBI, Robert Mueller, se tomaba unas cañas con Juan del Olmo, que entonces era juez de instrucción en la Audiencia Nacional. Del Olmo era un buen contacto que según el FBI «merece la pena cultivar» y para ese cultivo le preparan una visita a yanquilandia. ¿Con los gastos pagados? ¿Con fondos reservados? ¿Libres de impuestos? ¿Con la excusa de alguna charla en la universidad?

Naturalmente los jueces estrella como Garzón tienen más categoría y no meriendan con un vulgar sheriff del FBI sino directamente con el embajador. Siempre ha habido clases sociales. En su papel de asesor del embajador, Garzón le aconsejó que cultivara también otros contactos con los demás jueces de la misma Audiencia Nacional. Es mejor tener a todos en el bolsillo, por si las moscas.

En fin, desde la transición no hay escándalo en el que la Audiencia Nacional no se haya visto envuelta; por algo será. En la nómina de recaderos de la embajada yanqui no sólo está el actual fiscal jefe, Javier Zaragoza, sino también el anterior, Eduardo Fungairiño. Ya se sabe que las servidumbres inmobiliarias se tramiten al comprador junto con la tierra que compra, y los papeles dicen que Washington tiene comprada la fiscalía de la Audiencia Nacional; lo que aún no conocemos es, como digo, el precio que han pagado por tener a los fiscales a su servicio.

Dibujo. Crímenes USA «Patrocina: Audiencia Nacional».

El fiscal Fungairiño es un conocido integrante del «equipo conjunto» hispano-americano de fiscales que se dedica al «intecambio de información». El equipo es tan conjunto que Fungairiño es -por lo menos- un agente doble: a la vez fiscal y espía del CNI.

Ahora los papeles dicen que también trabaja para la CIA en unos términos que no dejan lugar a dudas. La embajada yanqui en Madrid lloró amargamente cuando después de 26 años se despidió de su cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional en 2006: «La embajada ha mantenido una estrecha relación de colaboración con Fungairiño durante muchos años. Su marcha dañará la cooperación judicial entre España y EE UU, por lo menos a corto plazo. Un consuelo es que Fungairiño seguirá formando parte del Grupo de Expertos Antiterroristas España-EE UU donde juega un papel positivo. Se ha perdido a un interlocutor de gran valor en la Fiscalía de la Audiencia». Menos mal que encontraron un sustituto servil en Javier Zaragoza y que Fungairiño sigue a su servicio desde su nuevo cargo como fiscal del Tribunal Supremo. Ahora tienen dos por el precio de uno.

La multi-militancia de Fungairiño se explica por su enfermiza personalidad neonazi, lo que le llevó a solicitar el sobreseimiento de la causa abierta en España contra el verdugo argentino Adolfo Scilingo, acusado de torturas y crímenes de lesa humanidad.

Como buen lacayo del imperialismo, en 2004 se burló de los propios diputados españoles cuando en la comisión parlamentaria del 11-M les aseguró que no leía los periódicos «por salud mental» y en la televisión sólo atendía los documentales de la BBC. Aquella comisión parlamentaria quería investigar el atentado de Atocha y a Fungairiño no le dio la gana de informarles. La situación es la siguiente: quien debía manejar la información no estaba informado. Pero si Fungairiño no tenía información, ¿qué es lo que intecambiaba con la embajada yanqui? O dicho en otras palabras: Fungairiño informaba a la embajada yanqui pero no informaba a los diputados españoles. ¿Cómo podía informar Fungairiño a la embajada yanqui si el sumario del 11-M era secreto? ¿O les informaba precisamente porque el sumario era secreto?

Los que manejan la información siempre funcionan de la misma manera. Su tarea no es informar sino desinformar, ocultar y tergiversar. Fungairiño ya fue expedientado por ocultar un informe sobre el operativo de ETA contra Aznar. Cuando apareció el documento y se le pidieron explicaciones, aseguró que «en función del resultado, las investigaciones se aportan al juzgado sólo si favorecen las tesis de la acusación». Fue de risa. Le impusieron una sanción de 50.000 pesetas, que el fiscal comparó con una multa de tráfico.

¿Por qué no se le abre un sumario a Fungairiño y se le destituye de sus funciones en el Tribunal Supremo? ¿Por qué continúa formando parte de un «equipo conjunto» con la CIA?

Al fiscal jefe tampoco le importó dejar en evidencia la verdadera naturaleza de la Audiencia Nacional cuando en 1997 se opuso a la extradición de Pinochet. Ni siquiera se preocupó por encontrar argumentos legales porque le bastaron los políticos. En unas declaraciones publicadas por el periódico chileno “El Mercurio”, el fiscal jefe justificó su postura argumentando que las sangrientas dictaduras del Cono Sur no tenían la pretensión de instalar a los militares permanentemente en el poder, sino subsanar las “insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública”.

En un país fascista estas declaraciones merecieron aquel mismo año su correspondiente ascenso en la jerarquía; los fascistas no pueden ser miembros de línea y Aznar le hizo a Fungairiño jefe de los fiscales de la Audiencia Nacional, un nombramiento que era ilegal. Pero a la fiscalía la ilegalidad le importa un bledo. Nunca se había visto algo así. Ni siquiera en tiempos de Franco. Todos los fiscales de la Secretaría General del Estado dimitieron.

Ahora veamos el asunto más despacio porque tiene su miga: ¿cuántos votos obtuvo Fungairiño para ser nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional? Ni uno solo. Es otra de las marcas registradas de los fascistas autóctonos: ellos no necesitan los votos para obtener sus cargos. El caso fue que hubo tres votaciones y en ninguna de ellas obtuvo ni un solo voto. El cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional se obtuvo ilegalmente aunque se tratara de defender la legalidad. Lo que empieza de una manera acaba de la misma manera.

A los incautos que se sorprenden por estas cosas de la ilegalidad hay que explicarles que un régimen político que nació en 1936-1939 de manera ilegal, nunca puede ser legal y nada de lo que haga será legal. Es la personificación de la ilegalidad y no sabe cambiar. Es un Estado al revés: los fiscales que como Fungairiño tienen que defender la legalidad lo que defienden es la ilegalidad.

Vayamos un poco más allá: ¿qué opciones tenía Aznar para nombrar a otro fiscal jefe que no fuera el nazi de Fungairiño? Pues la candidatura alternativa era la de Luis Manuel Poyatos Bernáldez que había sido fiscal del Tribunal franquista de Orden Público y dio su conformidad para liberar al mafioso Bardellino en 1987. Ese es el verdadero problema del fascismo hispánico: que la alternativa a unos fascistas son otros fascistas.

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