Artículo de Lucio García Blanco
Publicado en el nº 85 del periódico El Otro País. Febrero 2018
¿Ha vuelto el fascismo a Cataluña o sigue aquí desde 1939?
La represión policial y judicial llevada a cabo en Cataluña en torno al referéndum de autodeterminación del 1-0 y la Declaración Unilateral de Independencia, que ha causado más de 900 heridos, el encarcelamiento de ocho representantes institucionales y de los presidentes de las organizaciones ANC y Omnium Cultural, así como la imposición del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat desde Madrid, suponen la implantación de un férreo estado de sitio al pueblo catalán. Sin embargo, bien se puede decir que sólo estamos ante el primer paso de una maniobra político-represiva de mucho más alcance con la que el régimen pretende profundizar en el conjunto del Estado el regreso a sus orígenes y tiempos más duros. Una vía que ya iniciaron en la etapa de Aznar, al quemarse el PSOE como baza de izquierdas y agotárseles el carrete de la Reforma.
Con esta nueva maniobra pretenden imponer una férrea centralización del Estado que acabe con las autonomías y desarrollar los recortes sociales y la represión política contra los trabajadores, para tratar de atajar la grave crisis económica y política que padecen.
Por otra parte, es sorprendente y vergonzante que los llamados partidos de izquierdas, como Esquerra Republicana, Podemos etc… vengan diciendo que lo ocurrido en Cataluña “es el fin de la democracia”, o que “por primera vez desde 1.977 vuelve a haber presos políticos en nuestro país”. ¿Es que había libertades políticas hace unos meses o años? ¿En qué España ha vivido esta gente?. Es evidente que en otra muy distinta a la de los que hemos venido padeciendo y combatiendo al fascismo. Pretenden ocultar que aceptaron el cambalache de la Reforma a cambio de sustanciales prebendas económicas y políticas. Si a los nacionalistas catalanes les ha llegado la represión se debe a que han denunciado algunas carencias democráticas y han decidido luchar por el legítimo derecho a la autodeterminación de Cataluña. En este sentido siempre nos tendrán a su lado; pero la experiencia histórica ha demostrado que no nos podemos fiar mucho de los partidos institucionales y de la burguesía, así que el pueblo catalán tendrá que mantenerse vigilante al respecto.
El planteamiento de los oportunistas de Podemos, diferenciando el fascismo de lo que ellos llaman “régimen del 78”, y señalando que vuelve a haber presos políticos en Cataluña, es evidente que tiene como objetivo camuflar al régimen fascista y ofrecerse a la oligarquía financiera como alternativa para encabezar otra reforma, con meros cambios cosméticos.
La Reforma política fue un mero encalado de la fachada del franquismo para que las cosas no se les fueran de las manos ante el empuje del movimiento obrero, que con sus luchas venía arrancando bastantes derechos laborales y sociales, y cierto espacio político en las calles reivindicando la ruptura. De ahí que conservasen su legalidad fundamental y que ni siquiera hiciesen una mínima depuración de los cuerpos represivos ni judiciales. El llamado Tribunal de Orden Público (TOP) pasó de un día para otro a denominarse Audiencia Nacional (AN), conservando todos sus efectivos.
La propia Constitución es una mera declaración de intenciones que no garantiza ningún derecho democrático o social. Buena parte de sus artículos están condicionados por artículos de excepción como el 155 impuesto en Cataluña o por las propias leyes especiales represivas, como la “Ley antiterrorista”, la “Ley de partidos” o la más reciente “Ley mordaza”. El propio “Fuero de los españoles” de 1.945 también proclamaba que “todos los españoles podrán expresar libremente sus ideas políticas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”.
No obstante, si el régimen fascista ha podido seguir hasta estos momentos, también se debe a la transformación socioeconómica que se dio en la etapa franquista con el desarrollo del capitalismo, mediante un pacto entre los grandes terratenientes y la oligarquía financiera. Una evolución que con la ayuda estatal impulsó una rápida industrialización y concentración de la propiedad en grandes monopolios empresariales y bancarios, que impuso la hegemonía de la oligarquía financiera. Como ya indicó el propio Lenin, en esta etapa monopolista e imperialista – a diferencia de la anterior de libre competencia -, la concentración del poder económico en esa reducida oligarquía financiera le va permitiendo establecer todo tipo de lazos y relaciones con las instituciones estatales hasta imponer un gran control sobre ellas, y asimismo una progresiva fascistización de los estados, como bien se puede apreciar en el conjunto de los países imperialistas. Y eso fue lo que facilitó en nuestro país a la oligarquía financiera mantener el fascismo bajo un disfraz parlamentario. El propio Rey al suplantar al perro dos días después de su muerte, declaraba solemnemente: “Juro por Dios y los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”.
La llamada amnistía de 1.977 fue una mera pantomima ya que, además de dejar en la cárcel a 14 militantes del PCE(r) y de los GRAPO, una semana después de haber salido el último preso político vasco volvieron a ser apresados varios abertzales. Sin embargo, el régimen aprovechó la ocasión para imponer una ley de punto final que exoneró a los responsables de crímenes de lesa humanidad de más de 200.000 personas que aún siguen esparcidas por las cunetas. Y en 1.978 ya había 86 presos políticos del PCE(r) y de los GRAPO, así como varios cientos del movimiento abertzale y de otros colectivos antifascistas.
Mientras abrieron las puertas a los partidos políticos que renunciaron a la ruptura democrática, siguieron persiguiendo y criminalizando a los partidos y colectivos que como el PCE(r) continuamos luchando por las libertades políticas y los intereses inmediatos y estratégicos de la clase obrera y las masas populares; lo que supuso tener que seguir realizando nuestra actividad política desde la clandestinidad. Unos años después ilegalizaron al Partido formalmente. A los militantes se nos estuvo condenando judicialmente por “propaganda ilegal” o “asociación ilícita” hasta la aprobación de la Ley de Partidos de Aznar. A partir de entonces se nos juzgaría por “pertenencia a banda armada”, lo que supone de 8 a 12 años de prisión.
Con dicha ley, además de criminalizar como terrorismo el ejercicio de los derechos de expresión, asociación y manifestación por “no condenar el terrorismo”, la propia policía se encargó de realizar la labor que venían haciendo los GAL, le-GAL-mente. El mantra oficial de que “sin violencia se pueden defender todas las reivindicaciones políticas” es una burda falsedad, como bien se puede ahora constatar en Cataluña.
Tampoco es cierto que la llamada “Transición” fuese pacífica como divulga el Estado y su aparato mediático. Según datos del Comité Antirrepresivo de Madrid el número de muertes causado por la Policía Nacional y Guardia Civil, desde 1976 hasta 1981 fue de 341 personas. Y los asesinatos políticos llevados a cabo por el BVE, ATE, GAL etc.., llegaron a 95.
Por otro lado, respecto a las garantías jurídicas, mientras desde la UE se exige que todos los acusados tengan derecho a un letrado en el momento de ser interrogados por la policía, en el Reino de España a los detenidos por motivos políticos se nos ha venido aplicando el aislamiento en comisarías de policía o cuarteles de la Guardia Civil, durante 13 días hasta finales de los años 80 del siglo veinte, y posteriormente durante 5 días prorrogables a otros 5. Y, ese tiempo fue utilizado por la policía para tratar de arrancar a los acusados, a través de la tortura, una declaración inculpatoria que ha bastado para justificar una condena en la Audiencia Nacional.
Es bastante significativo que el preso político que más tiempo estuvo en prisión con Franco saliese tras 23 años, y que en estos momentos haya entre 160 y 180 presos políticos que tienen condenas de 40 años sin rebajas, de facto cadena perpetua.
La represión también está siendo cada vez más indiscriminada, alcanzando a todo tipo de colectivos; y vienen imponiendo varios años de prisión a cientos de sindicalistas, cantantes contestatarios, tuiteros de internet, titiriteros, etc…
Ya en el ámbito de la resistencia actual, el desafío democrático del pueblo catalán ha contribuido a desenmascarar mundialmente la naturaleza fascista del régimen y al agravamiento en buena medida de su crisis política. El retroceso del Estado hacia sus orígenes y tiempos más duros, no se debe a su fortaleza sino a su debilidad política, hasta el punto de encontrarse en su momento más crítico desde que inicio la “Reforma”; con el conjunto de sus instituciones, partidos políticos y sindicatos realmente desprestigiados y rechazados por la clase obrera y el movimiento popular.
En este sentido, ha sido importante el rápido descrédito en el que ha caído Podemos, perdiendo más de un millón de votos en la última farsa electoral; a lo que habría que añadir la ruptura del sector de Podem que lideraba Fachin, los problemas políticos con Izquierda Anticapitalista… lo que les viene mermando y desprestigiando considerablemente. Y no hay que olvidar que los podemitas eran la única baza que tenía el Régimen para conseguir alguna credibilidad entre los sectores populares.
El apoyo incondicional de Pedro Sánchez a la imposición del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y a la gobernabilidad del PP en el conjunto del Estado, también les está provocando un considerable rechazo de su militancia, como es el caso de la dimisión del alcalde de Terrassa -tercera ciudad de Cataluña- y de la alcaldesa de Santa Coloma, y han quedado fuera de decenas de ayuntamientos en los que gobernaban en coalición. Claro que las cosas ya vienen muy revueltas desde el golpe de estado a su ejecutiva, y van a quedar muy debilitados.
En esta tesitura se aprecia una agudización de las contradicciones y los enfrentamientos en el seno de las instituciones, así como entre la propia oligarquía financiera, que viene sacando a la luz todo tipo de trapos sucios de unos y otros e irá agravando la crisis política del Estado.
Estamos, por lo tanto, ante una situación favorable para poder impulsar la lucha por una verdadera ruptura democrática, que suponga, entre otras cosas, la conquista de la amnistía y de las libertades políticas fundamentales, así como la recuperación de todos los derechos sociales y laborales perdidos por los trabajadores desde el inicio de la Reforma. Lo que nos exige a todos los colectivos y partidos políticos antifascistas un esfuerzo especial por alcanzar la unidad y poder impulsar un amplio y fuerte Movimiento de Resistencia Popular en el conjunto del Estado.