INFORME MÉXICO 2017:
48 Defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente
Es legítima la preocupación de amplios sectores de la sociedad civil organizada acerca de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), no obstante, dicha aprobación no es un parteaguas o una acción que inicia un proceso de represión política generalizada en México, ya que esta estrategia, junto con las estrategias de control social mediante el terror y la estrategia contrainsurgente han avanzado gradualmente a partir de la declaración de guerra de Calderón en el 2006; tampoco queremos decir que la aprobación de la LSI no sea cualitativamente diferente a otras reformas legislativas que intentan legalizar lo ilegal de las violaciones a los derechos humanos, pues a pesar de los cambios en la redacción que se aprobó en comparación con la redacción inicial, era claro el intento de disminuir el costo político que ha generado la militarización del territorio nacional y el actuar sistemático y generalizado de las violaciones a derechos humanos en contra de la población en general y de la disidencia política en particular, así como reducir el espacio democrático del derecho a defender los derechos humanos en México.
Los impulsores de la LSI saben perfectamente que violan los derechos humanos legalmente, y que no habría defensa ante este acto en el plano del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, saben también, y es parte de sus objetivos, que la LSI permitirá un grado más elaborado de impunidad para los perpetradores y ese es un cambio cualitativo en la estrategia estatal de represión política y de control social mediante el terror que está aplicando el Estado mexicano en contra de la disidencia política de manera particular.
En el plano de la vida democrática que se ha visto mutilada en años anteriores, el cambio cualitativo reside en el peligro de que con la LSI, se rompe el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así, la LSI, cual médium, invoca al espíritu de Porfirio Díaz para reinstaurar en México una nueva Suspensión de las Garantías Constitucionales Mexicanas como en 1867, encontrando que cualquier pretexto real o ficticio de un ataque a la Seguridad Interior, justifica la disolución legal de los poderes Legislativo y/o el Judicial.
Gracias al análisis de la aprobación de la LSI podemos explicarnos el proceso de ampliar los márgenes de impunidad al legalizar las violaciones a los derechos humanos, recordemos la aprobación en 1996 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la cual se ha perfeccionado, mediante reformas a la Ley ocurridas en 2010, 2012, 2014 y 2016, que permiten la violación a los derechos humanos de manera más fina y efectiva.
Es claro que, a partir del inicio del sexenio actual, se han intensificado las propuestas de ley que violan “legalmente” los derechos humanos y criminalizan el derecho humano a la protesta, también es cierto que no todas han podido aprobarse, debido a la crítica de las organizaciones de DH mexicanas y, sobre todo, de las organizaciones internacionales de derechos humanos, dichas críticas han obligado a las autoridades a derogar o modificar dichas leyes y frenar la intención de incrementar “legalmente” la estrategia de represión política, ejemplos de estas leyes pueden verse desde el 2013 con el Protocolo para el Control de Multitudes en la, hoy, CDMX; la llamada Ley Bala en Puebla en 2014, así como en Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Puebla, entre otras entidades, cabe mencionar que también han intentado aprobar este tipo de Leyes y existen propuestas legislativas a nivel Federal.
Ahora bien, la aprobación de las leyes que amplían el marco “legal” para violar DH no generan las violaciones a los DH, sino que, ensanchan el marco de impunidad que permite a los perpetradores generalizar las violaciones a los DH; pero también hay que decir que el hecho de que el movimiento de derechos humanos logre derogar o modificar dichas leyes tampoco es un impedimento para que la estrategia de represión política estatal mantenga la criminalización y use, por ejemplo, la detención arbitraria de manera generalizada y sistemática en contra de quienes ejercen el derecho humano a la protesta o defienden algún derecho humano, sirva la comparación que podemos hacer entre la cifras documentadas de detenciones arbitrarias realizadas en el sexenio de Calderón que sumaron 999 y las del actual sexenio que suman más de 3,000.
Ya en el informe pasado (ACUDDEH, 2017), en el cual el Comité Cerezo México aporta la documentación de las ejecuciones extrajudiciales en México, el título elegido, derivado del análisis de las violaciones a derechos humanos fue Defender los derechos humanos en México. La ejecución extrajudicial como respuesta del Estado; debido a que la ejecución extrajudicial es una violación grave a los derechos humanos usada como parte de las estrategias de control social mediante el terror y de la represión política en México.
Como nunca en los años anteriores que se han documentado; las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de Estado en contra de defensores de derechos humanos, presentan una cifra tan elevada.
El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el año 2017 suman 48, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyo perpetrador fue un agente de Estado.
Informe y gráficos:
Comité Cerezo México