Sobre la corrupción.

TOPAS. 9/11/2014

No entiendo mucho de agricultura, pero su orientación productivista e industrial, pero su orientación productivista e industrial me hule que debe estar más ligada con las superganancias de las grandes empresas agroalimentarias que con las exigencias de alimentar a todo el mundo. En la propia Europa creo que siguen dando bastantes subvenciones para que no se labre la tierra; y en África, con un poco de ayuda que les diesen para encontrar agua, podrían cultivas grandísimas extensiones. Pero, por el contrario, el mundo occidental les exige mantener las selvas y los territorios donde viven los animales salvajes por motivos “ecológicos” (algo que da risa), y para que los ricachos del mundo puedan cazar rinocerontes, elefantes, etc.

Con tu carta me enviaste unos cuantos artículos e informaciones realmente interesantes. Pero en estos momentos ha saltado de nuevo al primer plano en la actualidad el tema de la corrupción con la trama destapada en la llamada Operación Púnica, en la que hay 51 imputados y varios detenidos. Y la verdad es que los distintos casos de gran calado se pueden contar ya por decenas, haciéndonos ver que todo el tinglado institucional y empresarial está realmente podrido.

La cosa apunta a que las últimas actuaciones de los jueces obedecen, por un lado, a las importantes manifestaciones de protesta que se vienen dando en la calle por el desfalco de las preferentes, el de las tarjetas negras de Caja Madrid, etc., y, por otro lado, a que algunos de los elementos imputados empiezan ya a tirar de la manta.

Aquí, entre muros, la gente está que trina. Se comenta en estos casos que la justicia brilla por su ausencia; que mientras a la mayoría por robar unos kilos de cobre o un casete en un coche les condenan a tres o cinco años de prisión; los que roban millones de euros o bien no entran en la cárcel, o pueden salir de ella en poco tiempo. Y es que la diferencia entre unos y otros es abismal. El tercer grado dado recientemente a Jaume Matas teniendo 3 causas gordas pendientes ha cabreados mucho a los presos.

Ayer mismo podía leer en el periódico Gara que investigadores de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria presentaron en Julio un informe sobre el impacto económico que tiene la corrupción en el conjunto del Estado, y daban la cifra de 40.000 millones de euros anuales. Nada menos que un tercio de lo que gastaría el Estado en pensiones en el año 2015. En el índice de transparencia internacional en este terreno a España se la sitúa en el puesto 30, justo por detrás de Chipre y Emiratos Árabes. No obstante, a mí me parece que el primer dato no refleja la envergadura de este problema porque lo has hecho sobre el cálculo de los casos descubiertos, que son una minoría, así como sobre la consideración de que la corrupción en nuestro país es una cuestión de personas concretas y no un problema estructural del Estado.

Pero no hay más que señalar algunos casos como los de Filesa de hace años o los más recientes de Gurtel, Bárcenas, Pujol, ERES… para poder entender que estamos ante la permanente financiación irregular, o mejor dicho la compra de los partidos políticos que gobiernan, a cambio de que favorezcan con sus políticas a las grandes empresas y a la banca. Y ligado a ello se puede apreciar claramente la colaboración y total supeditación de los jueces a poder político, que es quien les nombra a dedo para cumplir sus funciones en los diversos organismos.

Este panorama ni mucho es casual sino que responde al desarrollo económico del capitalismo de libre competencia hacia el monopolismo de Estado, donde el poder económico se concentra en un pequeño grupo de grandes monopolios industriales y financieros que dan lugar a la formación de la oligarquía financiera. La omnipotencia que concentra esta minoritaria oligarquía les permite ir controlando de forma progresiva al propio Estado hasta supeditarlo a sus intereses particulares. Buena prueba de ello es esa práctica de nacionalizar las empresas privadas que están en bancarrota, para sanearlas con dinero público y devolvérselas al sector privado cuando son competitivas, a precios de saldo. La reciente construcción de aeropuertos “para peatones”, autopistas sin coches y otras costosas obras innecesarias han llenado de dinero las arcas de las grandes constructoras. Y como ya se atisba el objetivo próximo es la privatización completa de la sanidad, la enseñanza y las pensiones. A lo que habría que añadir la implantación de un modelo fiscal que pone el peso impositivo en los hombros de los trabajadores.

Todo ello es totalmente legal. Pero requiere un férreo control del aparato político, que han conseguido con el chanchullo del bipartidismo y el llamado popularmente PPSOE, así como con la corrupción generalizada. Lo que conlleva, entre otras cosas, la famosa práctica de las puertas giratorias. En muchas ocasiones los políticos son meros empleados de las grandes empresas y la banca. Mas aunque no sea así, al terminar su labor política se hacen consejeros de ellas cobrando grandes emolumentos. Claro que, al mismo tiempo, necesitan unos tribunales especiales como la Audiencia Nazi-onal, y una legalidad de excepción (Leyes antiterroristas, Ley de Partidos, Ley de seguridad ciudadana), para tratar de amordazar al pueblo y a los partidos políticos que luchamos por el, así como para criminalizar todo tipo de protestas reivindicativas y, sobre todo, la lucha organizada por el socialismo.

En fin que, la corrupción actual, es un problema estructura o, como se suele decir ahora, sistémico, de la última etapa del capitalismo y su Estado, que adquiere un verdadero carácter fascista. Y como bien sabemos en nuestro país el Estado que no se domina es una continuidad del franquismo bajo una farsa de seudoparlamentarismo. En ese sentido bien se puede decir que corrupción y dictadura son dos caras de la misma moneda. Ni que decir tiene que solo así se puede explicar la verdadera magnitud que ha alcanzado la corrupción.

Pasando a otra cuestión, ha sido realmente importante que la jueza argentina Maria Servini haya encausado a Martín Villa, Utrera Molina, Licinio de la Fuente, Alfonso Osorio… ministros de Franco, junto a otros 16 elementos importantes de aquella etapa, por crímenes de lesa humanidad. Les ha pedido su extradición a Argentina y, aunque naturalmente el gobierno que sufrimos no las va a conceder, el hecho en sí es de un gran valor político y supondrá una buena ayuda para continuar desarrollando la lucha por la ruptura con el franquismo y la conquista de un verdadero marco demográfico. La cuestión es que también la propia ONU les viene pidiendo, cada vez más de forma más reiterativa, que tienen que condenar aquellos crímenes de lesa humanidad, recuperar la memoria histórica, y dar enterramiento a las víctimas que se hallan dispersas en fosas comunes y cunetas de todo el estado.

Es curioso que Martín Villa, después de haber pasado por los consejos de administración de Endesa y Sogecable, a sus 80 años recién cumplidos esté ahora en el consejo de administración del “banco malo”. Pero el resto de los pájaros también siguen activos en los consejos de administración de otras empresas cobrando un pastón. Utrera Molina (el suegro de Gallardón) es en la actualidad patrono de la Fundación Francisco Franco y tiene el grado de caballero de honor de la misma.

La consulta democrática que se está desarrollando hoy en Cataluña, es también una gran conquista de pueblo catalán que contribuye al agravamiento de la crisis del Estado. Este ha tratado de pararla con la prohibición de Constitucional y todo tipo de amenazas, pero con ello solo ha conseguido que vaya aun más gente a votar. Bueno, ya veremos como acaba la cosa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.