Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-Azteca Cerámica, cierre con 128 despidos.
El sector cerámico en Castellón ha perdido desde 2020 un 20% de firmas pequeñas y medianas.
Azteca se encuentra en concurso de acreedores desde el verano. Ya entonces paró la actividad y activó un ERTE temporal. Ahora, el grupo de l’Alcora aplica un despido colectivo de 128 trabajadores y encara su fase de liquidación.
Un mes antes, eran los trabajadores de la firma Codicer los que pactaban su expediente de regulación de empleo, con 75 trabajadores a la calle como paso previo al cierre de la compañía.
-Frutos Secos Medina en Móstoles, cierre con 105 despidos.
La planta de Frutos Secos Medina ubicada en Móstoles ha cerrado de forma definitiva.
La clausura se produce como parte de un proceso de reorganización industrial iniciado tras la entrada de Borges Agricultural & Industrial Nuts en el capital de la compañía. Esta decisión ha ido acompañada de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha afectado a más de cien trabajadores.
Tras el cierre y despidos, el grupo mantiene su actividad industrial en otros centros situados en Reus, en la provincia de Tarragona, y en Náquera, en la provincia de Valencia. Parte de la maquinaria de la planta de Móstoles ha sido trasladada a estas instalaciones para su reutilización en las nuevas líneas de producción.
-Coca-Cola, ERE 23 despidos
Afectará a 23 trabajadoras y trabajadores de las oficinas de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Las y los 23 trabajadores afectados ocupan puestos administrativos vinculados al departamento de atención al cliente. El 75% de las personas incluidas en el ERE son mujeres, un dato que añade una dimensión social al conflicto laboral.
Denuncian que Cobega Embotellador ya llevó a cabo otro ajuste de plantilla en 2024, lo que incrementa la preocupación entre la plantilla ante un nuevo recorte de empleo.
Corrupción:
-Madrid Network: 111 millones, cargos del PP, nobleza e incluso pseudoperiodistas.
Los ‘populares’ habían escondido la información durante 15 años.
Empieza a ver la luz la información que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene sobre Madrid Network, el chiringuito que creó su antecesora Esperanza Aguirre y que fue una agencia de colocación para miembros del Partido Popular. Además, la firma dejó un pufo de 50 millones de euros procedentes del Estado que se ha ido haciendo un agujero cada vez más grande con el paso de los años.
En las conexiones con el controvertido espacio aparecen nombres como el del exministro de Defensa, Pedro Morenés, cercano a José María Aznar y que se llevó 1,4 millones de euros; el hijo de un embajador franquista o los Martínez del Campo Ricoy. En su caso, devolvieron 88 euros de un total de 1.800.000 a través de una compañía que supuestamente prestaba servicios médicos.
Asimismo, el colaborador de El Debate José Ramón Riera López, que obtuvo 777.000 euros y no devolvió nada. El escándalo va a más al conocerse que otra de las compañías agraciadas fue Centro Imagen del Conocimiento Biomédico, en su caso con dos millones de euros. La consejera, Alicia Hinojosa Fernández de Angulo, era a la vez apoderada y tesorera de Madrid Network.
El Alto Tribunal dictaba un auto el pasado mes de octubre en el que obligaba a la región a hacer públicas las cuentas de esta agencia público-privada. Previamente, el equipo de la presidenta había interpuesto un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del mes de abril, que le había ordenado entregar las memorias anuales de la entidad.
La historia de Madrid Network es la historia de una entidad que dejó un agujero negro de dinero público considerable y que sirvió para dar trabajo y aumentar la fortuna de pupilos de Aguirre y personas de su entorno. Seguramente, el punto concreto más escandaloso pasa por los 80 millones de euros que la agencia recibió del Estado, entonces con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, para impulsar la I+D+I en la región. Sin embargo, el chiringuito dejó un pufo superior a los 50 millones de euros tras dejar de cumplir con las devoluciones anuales pactadas.
A pesar de la deuda, la administración de la Puerta del Sol siguió sosteniendo el espacio con dinero público. Por ejemplo, en 2023 obtuvo 106.974 euros para el mismo motivo (I+D+I) procedentes de la Unión Europea (UE), y un año después el montante ascendió hasta los 229.877 euros. Es decir, más de 300.000 euros en apenas dos años, a pesar de haber dejado de pagar más de 51 millones.
Asimismo, entre otras cuestiones polémicas destacaría la vinculación de Madrid Network con Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, quien fuera responsable de Hacienda y que recibió 1,8 millones de euros de la firma.
La propia Ayuso trabajó aquí hasta 2011, pero a su nombre se suman otros tantos del seno del PP: Antonio Beteta, primer presidente y consejero de Hacienda con Aguirre; Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad, cuya empresa recibió préstamos impagados; o Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, entre otros. La presidenta de Madrid pasó por la asociación, desempeñando un empleo allí hasta 2011, con un sueldo neto de 4.219 euros, antes de dar el salto a la Asamblea.
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Turismo esquilmador:
-Saboteados más de 500 cajetines de viviendas turísticas en Granada.
El 25 de febrero aparecieron saboteados aproximadamente 500 cajetines de acceso a viviendas de uso turístico repartidos por distintos barrios de la ciudad.
Los dispositivos, instalados en portales y fachadas para facilitar la entrada autónoma de visitantes, han sido inutilizados mediante distintos métodos, impidiendo el acceso a los inmuebles. Los cajetines saboteados han sido adornados con pegatinas que incluyen el mensaje “Contra el negocio de la vivienda”.
Los barrios más afectados han sido el Albaicín, el Realejo y Centro, zonas donde la presencia de pisos turísticos es más elevada y donde desde hace años asociaciones vecinales vienen denunciando el impacto del fenómeno sobre la vida cotidiana: aumento de alquileres, sustitución de residentes permanentes y transformación del comercio local.
La acción coincide con una campaña del Sindicato de Vivienda de Granada con el que quieren reabrir el debate sobre el modelo de ciudad y la turistificación.
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