
Muro de denuncias:
Cárceles privadas
-Catalunya estudia recurrir de nuevo a la financiación privada para construir prisiones.
El Govern analiza si vuelve a usar la fórmula del régimen de derecho de superficie para levantar la nueva cárcel de mujeres de la Zona Franca.
El Govern está estudiando que la construcción de las nuevas cárceles catalanas se haga en régimen de derecho de superficie. Esta fórmula, utilizada en época de los gobiernos tripartitos, supone la cesión de los terrenos a una empresa o a un grupo de empresas para que levanten el nuevo edificio asumiendo ellas el coste de la obra, incluyendo la explotación y el mantenimiento durante el periodo de tiempo fijado (lo habitual en prisiones es que este periodo sea de 30 a 32 años). A cambio, la Administración les paga una cuota anual por cada uno de los recintos. Transcurrido ese plazo, el complejo pasa a ser de titularidad pública, en este caso de la Generalitat.
Este sistema se utilizó entre el 2003 y 2008, durante los dos gobiernos tripartitos encabezados por Pasqual Maragall primero y José Montilla después. Bajo este modelo se construyeron cinco prisiones: Brians 2 (Sant Esteve de Sesrovires), Joves Quatre Camins (La Roca del Vallés), Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), Puig de les Basses (Figueres) y Mas d’Enric (El Catllar, en la comarca del Tarragonès). La cuota anual que debe pagar la Generalitat por estas cinco instalaciones es de 57,90 millones de euros. La partida más importante de fondos públicos se lo llevan los centros de Mas d’Enric (15,60 millones) y Puig de les Basses (14,70 millones).
En la actualidad en Catalunya hay nueve prisiones, a las que se deben sumar cuatro centros de régimen abierto, el Pavelló Hospital Penitenciari de Terrassa y la Unitat Hospitalaria Santa Maria, en Lleida. Con la excepción de las cinco mencionadas, el resto son 100% titularidad pública.
En la Zona Franca de Barcelona se está construyendo un nuevo centro de régimen abierto, costeado por la Generalitat, y en el mismo distrito estará la nueva cárcel de mujeres de Barcelona, que sustituirá a la de Wad-Ras. El Govern está analizanzo si esta prisión se construye ya con el sistema de derecho de superficie.

Las constructoras
La primera cárcel que se constituyó con el régimen de derecho de superficie fue la de Brians 2, situada en las inmediaciones del centro penitenciario Brians 1, en Sant Esteve de Sesrovires. El derecho de superficie fue adjudicado por la Generalitat el 21 de octubre de 2003 a las constructoras Dragados Obras y Proyectos, Proinosa, Promoción de Ingeniería de Obras y Construcciones PAI, que un año después constituyeron la mercantil Can Brians 2. Al cabo de un tiempo, esta sociedad modificó su accionariado. En la actualidad ese derecho lo ostentan Iridium Concesiones de Infraestructuras y Cat Desenvolupament de Concessions, relacionadas ambas con el Grupo ACS. En diciembre de 2034 está previsto que este centro pueda pasar a manos de la Generalitat, según la documentación de la Conselleria de Justícia.

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