Muro de solidaridad y denuncias:
Las trampas del decreto de embargo a Israel
Gracias a las protestas y la presión que se ha ejercido desde los movimientos propalestina hacia el gobierno, el Consejo de Ministros aprobó un texto para poner fin al comercio armamentístico con el Gobierno sionista.
A pesar de que es un avance, como suele ocurrir en el Estado español, esta medida progresista impulsada por el Gobierno tiene suficiente letra pequeña como para que su efectividad se vea reducida al máximo. Tras la aprobación del decreto, diversas organizaciones y plataformas contra el genocidio analizaron el alcance de las medidas formuladas por el Gobierno y sus conclusiones fueron muy similares: El decreto es un colador con excepciones a la carta.
Entre las organizaciones que forman parte de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel predominaba este martes una idea clara: lo que ha aprobado el Consejo de Ministros «no es un embargo de armas» ya que, según comenta una portavoz de la campaña, «Por nuestros puertos y bases aéreas podrán seguir transitando barcos y aviones con material militar con destino a Israel».
Desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ponen el foco en que la medida deja sin especificar aspectos clave: “El texto no dice nada sobre cómo se van a mejorar los protocolos de vigilancia en los puertos para que esto no siga siendo un coladero de barcos con armas para Israel”. Esta organización publicó este martes un documento en el que señala que el decreto «incluye graves excepciones y no garantiza un blindaje real para poner fin al comercio de armas con Israel». «Esta norma no supone un embargo: deja fuera elementos determinantes, regula de manera ambigua e incompleta y mantiene amplias grietas legales que permiten la continuidad de la complicidad con el genocidio», sostiene RESCOP.
Excepciones a la carta
Otro punto que ha despertado preocupaciones en los movimientos solidarios con Palestina es la disposición que establece que el Consejo de Ministros “podrá, excepcionalmente, autorizar las transferencias de material de defensa» a Israel siempre que se invoca la «defensa de los intereses generales nacionales».
Esta disposición convierte en papel mojado el decreto ya que se puede usar de forma completamente arbitraria para mantener el comercio de armas cuando el Estado lo vea conveniente económicamente o en el momento en el que no se sienta tan presionado en la calle. Desde RESCOP denuncian que «Hay un gran riesgo de que esa disposición adicional primera desvirtúe el escaso contenido del decreto de embargo». A su juicio, el texto que llegará ahora al Congreso «es un engaño a la opinión pública española que se ha manifestado contra el genocidio en Gaza».
Confidencialidad entre España e Israel
El decreto aprobado tampoco cancelará el pacto de confidencialidad entre el Estado español y los sionistas que se firmó en 2014 por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Ministerio de Defensa de Israel para la “protección de información clasificada”.
El punto que más nos importa de ese pacto con respecto al decreto es en el que se establece confidencialidad mutua en torno a la “venta por una Parte a la otra de equipo y conocimientos técnicos relacionados con entidades de defensa» así como los «contratos o cualquier otra relación entre entidades gubernamentales, públicas o privadas de las Partes en asuntos militares o de defensa». Mientras exista esa confidencialidad será imposible garantizar un embargo o cualquier otra medida al comercio de armas con los sionistas.
En vista de que el Gobierno ha sacado un decreto que no garantiza que se vayan a cumplir las exigencias del movimiento propalestina, la única forma de asegurar que el comercio de armas con Israel se detiene es continuar con las protestas y no dejarnos engañar por jugadas hacia la opinión pública, si realmente se solidarizan con el pueblo palestino que lo demuestren con actos y no con gestos vacíos y engaños.
Dos exdirectores de la Guardia Civil investigados por el espionaje con Pegasus
En una nueva investigación del espionaje al entorno independentista, una jueza de Barcelona ha decidido investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Azón y María Gámez, por el uso del software Pegasus y Candiru. Esta investigación parte de una querella presentada por cinco empresarios del sector tecnológico.
En el auto la jueza admite la querella al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos. Los espiados en este caso son expertos y empresarios del sector tecnológico que han formado el colectivo Sentinel para denunciar el espionaje tanto con Pegasus como con otro programa similar, Candiru.
Mientras que los empresarios han apuntado tanto a la Guardia Civil como al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los otros independentistas investigados se han concentrado en señalar únicamente al CNI con el objetivo de encauzar la investigación. La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa.
La exdirectora del CNI está imputada en cuatro de las seis causas, pero por ahora solo ha comparecido como investigada en una. En esas cuatro causas se imputa a la exdirectora el espionaje del expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los diputados de ERC en la Eurocámara y el Parlament Diana Riba y Josep Maria Jové y el exeurodiputado republicano Jordi Solé.
Por el momento todas las investigaciones en curso han seguido el rastro del CNI y, aunque ni el Gobierno ni los propios trabajadores del CNI han admitido el espionaje, el rastro técnico que dejó la operación ha delatado al centro de inteligencia, corroborando así la hipótesis inicial. La diferencia de esta nueva causa es que es la primera vez que se sitúan a dos instituciones como responsables del espionaje, el CNI y la Guardia Civil.