Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-Denuncian 15 despidos en una residencia de Zizur, Navarra, «que usa inmigrantes de forma abusiva»
La residencia Bidealde de Zizur Txikia ha despedido a 15 trabajadoras, según se afirma, de forma improcedente, y han acusado a la empresa de «utilizar inmigrantes de forma abusiva para abaratar costes», mediante el endeudamiento de las mujeres en su país de origen.
Ante la residencia de ancianos Bidealde de Zizur Txikia se concentran los y las trabajadoras para protestar por el despido de 15 de las 156 personas empleadas en la empresa.
Estos 15 despidos disciplinarios son «una artimaña de la empresa para no pagar las indemnizaciones legales». Explican que Bidealde ha venido incorporando a trabajadoras procedentes de Colombia, a las que imparte formación y prácticas. Sin embargo, previamente estas mujeres inmigrantes tuvieron que endeudarse con la empresa, deben pagar por trabajar en Nafarroa y a su vez por el alojamiento que Bidealde les proporciona, lo que supone «una práctica abusiva contra estas mujeres vulnerables».
Además, la plantilla denuncia la falta de recursos materiales y humanos con las que se trabaja en la residencia Bidealde: «la comida en ocasiones está en mal estado, hay falta de material básico, no hay esponjas, toallas, platos, vasos, los pañales no se cambian cuando los residentes lo necesitan… Se trata de una situación insostenible, tanto para la plantilla como para las personas que residen en Bidealde», critican.
Derecho a vivienda digna:
-El fantasma de la infravivienda vuelve a aparecer en el casco antiguo de Cádiz.
Cuando ha pasado un cuarto de siglo desde la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación, cuyo objetivo principal era eliminar esta lacra, vuelven a salir a la luz situaciones habitacionales extremadamente precarias que dejan claro que la infravivienda sigue presente en la ciudad.
Hasta que se suspendió tras la crisis económica, que recortó todas las inversiones públicas a partir de 2008, el Plan de Rehabilitación trajo a Cádiz unos 180 millones de euros en inversión para el arreglo de unas 12.000 viviendas en la ciudad, la mayoría en intramuros. Cuando comenzó el Plan se calculaba que en el casco antiguo habían 300 fincas con infravivienda. En 2018, en el último estudio realizado por el Ayuntamiento, aún quedaban medio centenar de edificios en mal estado con unos 375 pisos.
-El infierno de los trasteros que un policía alquila ilegalmente a personas vulnerables en Palma.
El agente, suspendido de empleo y sueldo a raíz de estos hechos, ha iniciado un proceso para echar a sus inquilinos. Estos pagan entre 300 y 750 euros por una “casa” de máximo 15 metros cuadrados, llena de humedades y oscuridad.
En ellos malviven decenas de personas que pagan entre 300 y 750 euros en mano al policía local que los alquila de forma fraudulenta, y que el año pasado fue detenido por arrendar ilegalmente estas infraviviendas sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad. En medio de la grave crisis que atraviesa la vivienda en Balears, los trasteros son una fotografía del colapso habitacional: un lugar donde el derecho a un techo se juega en un mercado depredador y donde los que menos tienen son quienes pagan más cara su pobreza.
El agente tenía instalado un dispositivo para el control del consumo de electricidad de los habitáculos, lo que le permitía manipular las facturas de la luz para que los ‘inquilinos’ pagaran más de lo consumido. Además de soportar la pésima situación en la que habitan, los inquilinos se enfrentan ahora al desahucio, instado por el propio agente que explota las infraviviendas, sin tan siquiera contar con un lugar adonde ir.
El propietario de los inmuebles es policía local de Palma. Ha sido multado con dos millones de euros por el Govern balear, pero sigue alquilando los trasteros y continúa en su puesto de trabajo. Él niega acosar a sus inquilinos.
-Más y más pisos turísticos.
La presión vecinal frena un nuevo intento por colar 24 bajos turísticos ilegales en Patraix (València).
Los vecinos del Residencial Nicet logran que se abra expediente a 24 apartamentos inscritos como turísticos pese a no tener luz, agua ni permiso vecinal.
El vecindario del Residencial Nicet, en el barrio de Patraix (València), ha frenando un segundo intento de la empresa Axis Consultoría Soluciones Empresariales para colar 24 apartamentos turísticos en su edificio, pese a la oposición de la comunidad y el incumplimiento de los requisitos legales. La presión vecinal y la persistencia en las denuncias han forzado a la Dirección General de Turismo a abrir un expediente de revocación y dar de baja las inscripciones en el Registro de Turismo de la Generalitat Valenciana.
En pleno debate sobre la turistificación y sus devastadores efectos sobre los barrios, el Residencial Nicet aparece como nuevo campo de batalla, donde la especulación inmobiliaria sigue intentando saltarse la legalidad para lucrarse con la mercantilización de la vivienda sin el respaldo vecinal.
En cuanto se supo la intención de la empresa, la comunidad de propietarios se organizó y modificó los estatutos para prohibir el uso turístico de los bajos, amparándose en la reforma legal que permite ese veto con el respaldo de 3/5 partes de los vecinos.
Apenas unos meses después de la primera retirada, el 25 de marzo y el 2 de abril de 2025, la Conselleria de Turismo —ahora bajo el mandato de la nueva consellera Marian Cano, del PP— reactivó la inscripción en el Registro de Turismo de los 24 apartamentos del edificio Nicet, a petición de Axis. Lo hizo pese a que las obras siguen sin estar finalizadas, sin agua, sin luz, y sin licencia municipal de fin de obra.
La comunidad de vecinos no se quedó de brazos cruzados. La Junta de Gobierno del edificio volvió a presentar instancias formales solicitando la baja de la inscripción turística, alegando que se incumplía el artículo 78 de la Ley de Turismo Valenciana, que exige que la actividad haya comenzado en los dos meses posteriores a la declaración responsable. Turismo ha tenido que recular: ha abierto un expediente de revocación para dar de baja del registro los 24 apartamentos, tras constatar que siguen sin actividad real.
Cesta básica:
-Tomates RASD, sello ‘Marruecos’
Engaño y colonización en la procedencia de los tomates cherry producidos en el Sáhara Occidental que se venden en Carrefour.
Denuncian ante Consumo el incumplimiento de la normativa sobre el etiquetado de tomates cherry vendidos en los establecimientos de una de las principales cadenas de distribución en España, Carrefour.
En concreto, se trata de la empresa Azura, que cultiva tomates cherry en más de 400 hectáreas de invernaderos ubicados en el Sáhara Occidental. Sin embargo, estos productos se están comercializando en supermercados de la Unión Europea con etiquetas que indican como país de origen «Marruecos», incluyendo establecimientos de Carrefour en España.
Cabe recordar que el pasado 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia sobre el etiquetado de productos agrícolas, como melones y tomates procedentes del Sáhara Occidental. En su sentencia, el Tribunal estableció que el etiquetado de estos productos debe indicar específicamente su origen en el territorio, ya que se cultivan y recolectan allí.
Dado que el Sáhara no forma parte de Marruecos, que se haya ocupado por dicho país, y que constituye un territorio aduanero distinto según el Derecho de la Unión, cualquier otra indicación podría inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen de dichos productos.