Movimiento obrero. Su brutal situación:
Esclavismo laboral:
-Nueve detenidos por explotar y esclavizar a migrantes nepalíes.
Ciudadanos nepalíes eran obligados a trabajar sin contrato ni condiciones mínimas en fincas agrícolas extremeñas. La red, desmantelada en seis comunidades, se sostenía sobre la precariedad y el miedo.
La comarca cacereña de La Vera ha vuelto a saltar a la crónica negra del trabajo agrario esclavo. Dos personas han sido detenidas por su implicación en una trama de explotación laboral que afectaba a personas migrantes procedentes de Nepal. Las víctimas, eran obligadas a trabajar en explotaciones agrícolas en condiciones de semiesclavitud: sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y con jornadas extenuantes a cambio de salarios ínfimos.
Detenciones en seis comunidades autónomas:
La red transnacional prometía empleos dignos a personas migrantes procedentes de Nepal, India y Pakistán. Ya en España, eran trasladadas de finca en finca sin apenas descanso, hacinadas en alojamientos improvisados, y algunas ni siquiera sabían en qué parte del país estaban. En total, han sido liberadas 45 personas. Nueve personas han sido detenidas —tres de ellas, ingresadas en prisión provisional— en una trama que evidencia una forma contemporánea de esclavitud laboral sostenida por la agroindustria española. Los arrestos en Extremadura ponen el foco en una realidad sistemática: la dependencia del sector agroalimentario extremeño de mano de obra precaria, en su mayoría migrante y sin papeles.
El relato oficial habla de una organización criminal desmantelada, pero no da datos de identificación ninguna de los criminales, y desde organizaciones sociales y sindicatos rurales la lectura es muy otra: esto no es una excepción, sino el síntoma de un modelo que necesita silencio para seguir funcionando. “No hablamos de un caso aislado, sino de un sistema que externaliza su coste en los cuerpos más precarizados”, denuncian desde colectivos que trabajan con temporeras y jornaleros migrantes.
–https://www.elsaltodiario.com/explotacion-laboral/dos-detenidos-vera-explotar-migrantes-nepalies
Derecho a la vivienda digna:
-El subidón de los alquileres provoca una gran expulsión de inquilinos de València.
Un tercio de las personas que busca arrendar un piso tienen que desplazarse a la periferia.
Cientos de arrendatarios que firmaron el contrato hace cinco años se ven obligados a abandonar la capital tras doblarse el coste de las renta.
El subidón de los alquileres está provocando una gran expulsión de inquilinos en València y de otras capitales como Alicante. Desde 2020 el coste medio de arrendar una vivienda en València ha pasado de 800 euros a más de 1.600 euros. La situación es similar en Alicante, aunque la subida no es tan pronunciada.
El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el ‘Cap i Casal’ tienen que desplazarse a la periferia ante los altos precios del alquiler. Se trata mayoritariamente de parejas, con y sin hijos, con una media de edad de 35,6 años, que alquilan pisos de 80,8 metros cuadrados como primera residencia por una renta media de 874 euros.
Respecto al uso destinado a la vivienda de alquiler, el 93,5 % arrienda una vivienda como primera residencia, el 12,9 % como piso de estudiantes, el 11,8 % por motivos profesionales, y el 4,3 % como segunda residencia.
Desahucios son represión:
-Miles de euros y penas de cárcel por parar un desahucio: “Tuve que explicar a mis hijos por qué su padre está en un juicio”.
Al borde del décimo aniversario de la ley mordaza, los colectivos de vivienda y Derechos Humanos denuncian la paralización de su derogación y advierten del “bochorno” para el Gobierno.
Naiara está inmersa en tres causas penales por participar en una campaña que pretendía frenar el desahucio de una familia con dos menores en Zaragoza. Uno por acceder a una oficina de CaixaBank, otro por concentrarse reiteradamente a las puertas del local y uno pendiente por interponerse entre la policía y la vivienda el día del lanzamiento, que acabó ejecutándose. “Como los hechos se condensaron en seis meses y los procesos van a la par, hubo un momento en que a casa no paraban de llegarme cartas del juzgado”, relata la mujer, de 25 años, y de baja por un estrés que achaca al calvario judicial.
Los hechos que relata Naiara sucedieron en 2023 y por ellos ya ha sido condenada, junto a otra compañera, a una multa de 2.500 euros y a antecedentes penales durante seis meses, que todavía arrastra. Pero aclara, a ella no la juzgaron por la ley mordaza, sino por el código penal, que también fue modificado en 2015 para ampliar la persecución a las protestas. “Se habla de ley mordaza, pero en realidad son leyes, porque también se reformó el Código Penal ordinario”, explica el investigador de Amnistía Internacional, Daniel Canales, que cita casos como la condena a los seis antifascistas de Zaragoza por una protesta en un acto de Vox o los activistas de la PAH de Guadalajara.
Gustavo lleva años vinculado al movimiento por el derecho a la vivienda. En 2018, desde la PAH de Guadalajara estaban intentando negociar con una entidad bancaria la paralización de un desahucio, también con dos menores. “Llevábamos un año, así que fuimos a una sucursal y nos negamos a salir hasta encontrar una solución. Llamaron a la Guardia Civil y, sin ningún tipo de violencia, hicimos resistencia pasiva, pero nos llevaron al calabozo. Comenzó un proceso judicial en el que Caixabank nos pedía tres años y medio de cárcel y la Fiscalía dos años y medio”, relata. Finalmente, la condena, que tienen recurrida, quedó en tres meses de cárcel por desobediencia. “Nuestras armas eran unos bocadillos de jamón, un juego de dominó y unos sacos de dormir”, recuerda.
Pero pese a la condena, Gustavo, de 53 años, indica que hay otra pena que ha pesado más: la de banquillo. “Ha sido un procedimiento muy largo que, para mí, responde a una estrategia organizada a nivel estatal por parte del Gobierno, con la Fiscalía como acusación en connivencia con los bancos, para tenernos en vilo 7, 8 o 9 años”, considera. “Tuve que explicarles a mis hijos, que entonces tenían 15 y 13 años, por qué su padre estaba en un juicio.
Israel lleva acumulados en los últimos meses 3.000 euros en multas por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Cinco en total. “Tengo 44 años y un trabajo estable, pero te parten el mes y los meses siguientes. De momento estoy recibiendo las mínimas, de 600, pero temo que puedan ser superiores. Da respeto, pero a no ser que me lleven preso, no voy a parar de hacerlo [intentar frenar desahucios] porque es algo en lo que creo. Si no seguimos luchando, van a salirse con la suya”, advierte, a la espera de un proceso por resistencia y atentado contra la autoridad en el marco de un altercado con la policía durante la manifestación por el derecho a la vivienda del pasado 5 de abril…
Educación pública:
-Comedores escolares saludables que no llegan a todo el alumnado.
“La dieta equilibrada” de la mano de un nuevo Real Decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo no va a llegar a todos los niños y niñas: solo el 36% de las familias que necesitan beca comedor la consiguen.
En la Comunidad de Madrid hay escolarizadas de cero a 16 años un total de 965.708 alumnos y alumnas, de las cuales 251.084 están en riesgo de pobreza. Sin embargo, las becas comedor concedidas durante el curso 2024/2025 no fueron más de 115.355: esto quiere decir que más de la mitad de niñas y niñas en exclusión social no tienen beca comedor. Los datos, de la campaña Ninguna Familia sin beca, indican que en este curso se han pedido 162.129 becas, de las que solo se han concedido 103.210. Todo ello en un año en el que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso presumía de haber incrementado el límite máximo de ingresos para poder acceder a esta ayuda, desde los 4.200 a los 8.400. Entre los motivos de denegación, el mayor monto lo acumulan aquellas familias que no han podido acreditar ingresos. Roberto Borda, de la Asociación Apoyo, explica que estas familias en su mayoría son migrantes, que se encontraban o se encuentran en situación irregular y por ello no pueden justificar estos ingresos…