Movimiento obrero. Su brutal situación:
Represión:
-Juicio a los 7 compañeros de Acerinox
Un juicio a la clase obrera.
Concentración. 19 de mayo, 11 h.
Juzgado de lo Social, Algeciras.
ATA
Huelgas:
-Huelgas en enero 2025 según datos oficiales.
Datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Jornadas no trabajadas
- enero 2024: 35.713
- enero 2025: 36.412
- Diferencia: +699
Participantes
- enero 2024: 12.207
- enero 2025: 20.279
- Diferencia: +8.072
Nº total de Huelgas: 54
Huelgas de sector: 4
- Sector público: 10
- Sector privado: 40
- Sector p-p: 4
Por sectores y n.º trabajadores/as participantes:
- Educación: 12.155
- AAPP, SS: 2.831
- Sanidad y serv. Soc: 2.092
- Ind. Manufacturera: 1.226
- Transporte y almacenamiento: 836
- Act. Administrativas: 447
- Comercio y rep. Vehículos: 238
- Información y comunicaciones: 223
- Act. Profesionales: 112
- Act. Artísticas: 72
- Sum. agua, gestión residuos: 22
- Hostelería: 13
- Construcción: 12
Por Comunidad Autónoma y trabajadores en huelga:
- País Vasco: 12.636
- C. F. Navarra: 2.959
- Cataluña: 2.771
- Andalucía: 678
- Galicia: 450
- C. Valenciana: 247
- R. Murcia: 192
- C. Madrid: 131
- Aragón: 114
- P. Asturias: 99
- Extremadura: 2
-Lucha por el convenio del sector cerámico.
Movilización masiva de trabajadores y a la huelga si no lo logran, en junio.
16.300 trabajadores del sector en la provincia de Castellón se enfrentan al bloqueo patronal.
Manifestaciones el 7 y el 30 de mayo por las calles de la ciudad, ante la patronal cerámica ASCER.
Entre el 20 y el 25 de mayo está previsto que se convoque al Tribunal de Arbitraje Laboral para iniciar un conflicto sectorial. Este es el primer paso para convocar una huelga que se prevé que tenga lugar a principios de junio.
-Docentes interinos de Andalucía convocan huelga indefinida desde el 14 de mayo hasta final de curso.
La asamblea andaluza de interinas llama a la movilización ante lo que considera que es un «ERE encubierto» y plantean una serie de reivindicaciones a la Junta.
Esta asamblea hace un llamamiento a la solidaridad de toda la comunidad educativa, a quienes defienden la educación pública y a los propios interinos e interinas. La asamblea cuenta con el respaldo en sus convocatorias de CSTA y CGT Andalucía, que han convocado la huelga.
«Las próximas oposiciones se pueden convertir en un verdadero Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ya que podrían expulsar de sus puestos de trabajo a miles de docentes interinos que llevan años e incluso décadas desempeñándolos», señala la asamblea. Entre las reivindicaciones, también contemplan: la bajada de ratio, la creación de plazas nuevas reales, su oposición a los conciertos educativos, la cobertura inmediata de las bajas y la dimisión de la consejera.
Despidos:
-Concesionarios Yáñez, negro futuro para sus trabajadores.
ERE que podría afectar al 50% del personal, formado por 114 trabajadores de los centros en Santiago, A Coruña y Ferrol, así como la imposibilidad de pagar las nóminas por falta de liquidez.
Desde el 22 de abril, los trabajadores realizan huelgas y movilizaciones.
-O Colexio de Xornalistas rexeita os últimos despedimentos no ‘Faro de Vigo’.
Quere manifestar o seu rexeitamento ao despedimento de dous xornalistas de Faro de Vigo e o seu apoio ás protestas do persoal do periódico, que a través do comité de empresa están a convocar «mércores de negro» para condenar a decisión da empresa.
O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia xa ten expresado en numerosas ocasións que os recortes de persoal son un síntoma máis da precarización laboral das e dos xornalistas, que se ven obrigados a realizar un maior volume de información en menos tempo. O resultado desta situación é o menoscabo do dereito á información da cidadanía, así como un aumento do descrédito da profesión. Non é admisíbel que, co simple afán de aumentar uns rendementos económicos xa considerábeis, as empresas mediáticas condenen a profesionais ao desemprego, esquecendo que sen xornalistas non é posíbel o xornalismo nin a información.
Mientras:
*Faro de Vigo despide a su trabajador número 20 en una década mientras firma beneficios de 2,5 millones.
La empresa que edita el diario Faro de Vigo ha despedido a su trabajador número veinte en poco más de una década. Así lo ha hecho público el comité de empresa amparado, además, por el Colexio de Xornalistas. Aunque despidos ha habido bastantes, la profundidad de la cifra es, en realidad, más grave: han sido veinte los puestos de trabajo eliminados de una plantilla que ya vio mermada su fuerza de trabajo tras un ERTE durante la pandemia de Covid-19 y que, ahora, según el Registro Mercantil, ya solo cuenta con 142 personas trabajadoras para toda Galicia y la elaboración diaria de seis ediciones. El dato es del año 2023, el de las últimas cuentas presentadas, de donde también se desprende que obtuvo un beneficio de 2.552.023,95 euros.
Sanidad Pública:
-Urgencias, abrimos a las 9.
Situación real:
-Más barreras aumentan la exclusión de los pobres de Canarias.
El laberinto burocrático que ahoga a los más pobres en el Archipiélago.
El 44% de las personas en exclusión severa en Canarias no tiene acceso a internet, el 37% de la población del archipiélago vive en riesgo de pobreza o exclusión social y sólo el 6,6% de las personas bajo el umbral de pobreza reciben una renta mínima.
En Canarias, la pobreza y la exclusión social se enfrentan a un doble muro que agrava la situación de las familias más vulnerables: la burocracia y la brecha digital. En un archipiélago donde el 37% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, acceder a ayudas sociales esenciales se ha convertido en un calvario administrativo.
Acceder a las ayudas sociales en Canarias no es tarea sencilla. Según denuncias de Cáritas Diocesana, las familias en situación de vulnerabilidad deben enfrentarse a trámites interminables y a una espera desesperante que puede extenderse durante meses. Para una simple cita previa, los solicitantes pueden esperar hasta tres meses, un tiempo que para quienes viven al límite de la precariedad supone no poder cubrir necesidades básicas como alimentación o vivienda.
Este colapso burocrático no es casual; responde a una insuficiencia estructural de recursos en los servicios sociales. La falta de personal y la sobrecarga laboral en las oficinas de Acción Social dificultan una atención eficaz y ágil. De hecho, en los últimos años se ha evidenciado una reducción de plantilla en áreas clave, lo que ha dejado a muchas familias en un limbo administrativo.
A pesar de esta realidad, solo un 6,6% de las personas en situación de pobreza perciben una renta mínima, muy por debajo de lo necesario para paliar esta crisis.