Muro de solidaridad y denuncias:
Criminalización:
-La Audiencia de Barcelona confirma la cárcel para el militante anarquista Abel Mora.
Tornen a denegar l’amnistia a Abel Mora, pres polític amb la llei aprovada.
L’Audiència de Barcelona ha ratificat la decisió del jutjat penal 15 de Barcelona, que el setembre passat ja la hi va negar.
El 10 de novembre 2018, el sindicat de la policia espanyola i la Guàrdia Civil Jusapol es va manifestar a Barcelona per homenatjar els policies que havien pegat els catalans l’1-O. Com a resposta, manifestants antifeixistes van muntar una contramanifestació de rebuig. La policia va identificar desenes de manifestants antifeixistes i hi va haver contundents càrregues policíaques. Aleshores, el conseller d’Interior era Miquel Buch. Mora va negar l’agressió, però el Tribunal Suprem espanyol va validar-ne la condemna com a coautor del delicte de lesions amb traïdoria i agreujant d’odi.
Desde el pasado 30 de mayo, el anarquista Abel Mora está preso en el centro penitenciario de Brians (Sant Esteve de Sesrovires, el Baix Llobregat) para cumplir una condena de tres años y nueve meses-.
-Crónica juicio encausados/as por el Rodea el Congreso.
Tras 8 días de sesión en el Juzgado de lo Penal de la Calle Julián Camarillo, el viernes 29 de noviembre quedó visto para sentencia el juicio a las 21 personas encausadas por los acontecimientos del primer Rodea el Congreso, el 25 de septiembre de 2012.
Tal y como era previsible, Fiscalía hizo una propuesta de acuerdo basada en el reconocimiento de los hechos y la aceptación de la condena, el pago de multas de hasta 1.320 euros, y, a partir de ahí, un trato penal más beneficioso que incluyera la no entrada en prisión. 15 de las 21 personas encausadas decidieron desestimar esta propuesta.
Durante las dos semanas que ha durado el juicio, la Defensa, compuesta por un total de 8 letrados/as, ha criticado la dilación excesiva en el proceso, que ha durado doce años. Los abogados/as han aportado imágenes y testigos que desacreditan los atestados policiales y el relato de los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), lleno de contradicciones. Han detallado los abusos y excesos policiales denunciados por los acusados/as y la actuación policial durante la manifestación de 2012, plagada de irregularidades. Algunos letrados han solicitado que se deduzca falso testimonio a varios agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el juicio, y finalmente han solicitado la absolución de todos los acusados/as, a los que la Fiscalía imputa delitos de desórdenes públicos o atentado a la autoridad, además de indemnizaciones a los agentes por supuestas lesiones provocadas.
La Asamblea de apoyo a las personas encausadas ha venido reuniéndose cada martes en la Parroquia de Entrevías, congregado a un buen número de colectivos y asambleas de barrio, logrando articular una campaña orientada a visibilizar el caso ante la opinión pública y a recabar solidaridad desde amplios sectores, convocando una concentración de apoyo a las puertas de los juzgados, estando también presentes en la sala, y organizando más de 20 charlas, a través de las cuales poder recaudar fondos para cubrir los gastos derivados del proceso.
Es de destacar la fortaleza que han mostrado las personas encausadas, que se han mantenido en todo momento unidas. El último día, cinco de ellas decidieron hacer uso del derecho a la última palabra, defendiendo el derecho a la manifestación y exigiendo su absolución.
En las semanas previas al juicio se ha profundizado en el proceso de degradación del conjunto de instituciones del Estado, a través de los numerosos escándalos de corrupción que afectan a los principales partidos del Régimen, así como a través de la nefasta gestión de las riadas en el Este peninsular. Coincidiendo con la celebración del mismo, se ha firmado el plan de ajuste presupuestario en Bruselas por parte del Gobierno, así como el desalojo del Centro Social la Atalaya de Vallekas. Elementos similares motivaron que hace 12 años se convocara el Rodea el Congreso.
A través de la campaña articulada por la Asamblea de apoyo a las personas encausadas se seguirá exigiendo la absolución de todas las personas encausadas hasta que llegue la sentencia, y se dará un paso adelante en la articulación del movimiento por la ruptura democrática y por la apertura de un proceso constituyente.
–https://loquesomos.org/cronica-juicio-21-encausados-as-por-el-rodea-el-congreso/
Politi-corrupción:
-El conseller de Sanidad de Mazón adjudica 18,2 millones a un empresario al que piden 16 años de prisión por corrupción.
El conseller Marciano Gómez abonó pagos sin justificación a la misma trama del ‘caso Osvaldos’, causa en la que la Fiscalía pide cuatro millones de multa al empresario Miguel Sanfélix por presunto blanqueo.
La Conselleria de Sanitat, que dirige el popular Marciano Gómez, ha adjudicado 18,2 millones de euros a la empresa Kanbanlog SL, propiedad de Miguel Sanfélix García. La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 16 años de prisión al empresario por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Osvaldos’, una presunta trama de cobro de comisiones en la sanidad pública valenciana durante los Gobiernos autonómicos del PP, en el que figura como principal procesado Sergio Blasco, exdirector gerente del Hospital Provincial de València y sobrino de Rafael Blasco, exconseller popular condenado por el desvío de los fondos de la cooperación.
Dos consultoras del conseller Marciano Gómez abonaron a la presunta trama corrupta pagos que el juez instructor consideraba “sin justificación”. Gómez, según el portal de transparencia ‘GVA Oberta’, mantiene actualmente una participación de 1,9 millones de euros en la empresa Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, que abonó uno de los pagos sospechosos. El titular de la cartera de Sanidad ya adjudicó el año pasado un contrato de 2,3 millones de euros a la misma empresa. Otros dos empresarios procesados en la misma causa también han recibido un contrato menor del Consorcio Hospital General Universitario de València (CHGUV).
La empresa adjudicataria forma parte de la presunta red corrupta que desvió fondos de contratos de la sanidad pública valenciana para pagar terrenos, vehículos o viajes de lujo al exgerente del Hospital Provincial de València, Sergio Blasco.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Miguel Sanfélix una un total de 16 años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa en concurso medial con los delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales. Además, también le pide una multa de cuatro millones de euros por blanqueo y prohibición para el ejercicio de su profesión como administrador durante dos años.
Convocatorias:
-Hospitalet, 15 desembre. No olvidamos. Pedro älvarez Peso
Assassinat per un policia a L´Hospitalet fa 32 anys.
Plataforma Pedro Álvarez.
Difunde www.presos.org.es:
-Informativo antirrepresivo diario.
Por vosotr@s abuel@s.