Movimiento obrero. Su brutal situación:
Situación real:
-Correos: La amenaza de despidos.
Asamblea de Trabajador@s de Correos de Sevilla.
13/05/24
Ya han empezado a dar el siguiente paso en el desmantelamiento de Correos, y por el lado de los trabajador@s seguimos a verlas venir sin inmutarnos.
La semana pasada diversos artículos publicados en medios de prensa de tirada nacional anunciaban la intención del Presidente de Correos de Recortar Personal. El motivo es el enorme déficit existente actualmente en Correos.
Esto no deja de ser un paso más en su estrategia (la del Capital) para desmantelar Correos, quedárselo y repartirlo a trozos, además de apropiarse de los servicios más rentables que presta.
El primer paso para hacer negocio con el servicio postal era eliminar el monopolio público de Correos, y empezar a sacar al Estado del ámbito postal, para ello, sacaron a Correos de la Administración y la pusieron como empresa pública, y a los trabajador@s los quitaron de ser funcionarios para convertirlos en laborales fijos.
El segundo paso, fue adelgazar la plantilla, de más de 70.000 hace 15 años, a poco más de 40.000 ahora, y sin el recorte que han anunciado.
El tercer paso, dado al mismo tiempo que el segundo, ha sido introducir la precariedad laboral para romper la cohesión y solidaridad entre los trabajador@s. Eso lo hicieron No cubriendo las plazas, y cuando lo hacían, metían a ‘eventuales» para pocos días o semanas, tratándolos como los trataría una ETT, casi sin derechos.
El cuarto paso es el de los últimos 5 años, poniendo al frente de la entidad a reconocidos encargados del desguazamiento de empresas públicas. Para ello, y como parte de la campaña de cara a la población, lo primero es generar un enorme déficit económico. Al tiempo, que la falta de personal y su precariedad empeoraban el servicio de cara a la gente. Todos sabemos cómo se ha creado el déficit, además del despilfarro sin sentido (aviones sin volar, pantallas, etc), lo fundamental ha sido recortar drásticamente el presupuesto para prestar el SPU y la orden hace 4 años a los Comerciales de NO REALIZAR NUEVOS CONTRATOS NI RENOVAR LOS QUE CADUCAN.
¿Os imagináis a cualquier comercio negándose a vender sus productos y mandando a sus clientes al carajo? ¿Cuánto duraría? Pues eso ha hecho Correos.
Ahora van por el quinto paso, Recorte serio de plantilla, asomando la patita de la posibilidad de despidos, o de deshacerse de lo que dicen que es deficitario (que normalmente es lo que siempre ha dado dinero).
Por supuesto, todo esto lo han podido ir haciendo gracias a la complicidad mayor o menor de los sindicatos. Que No se han enfrentado en serio a todo esto, sino que años atrás justificaban todos estos despropósitos, y te venían repitiendo las milongas de la empresa. Es más, algunos han firmado en Convenio lo que permitía de forma legal a la empresa toda una serie de pérdidas de Derechos.
Podemos dejarles hacer sin más a unos y otros, o podemos empezar a tomar conciencia de una vez de la gravedad de la situación, y empezar a organizarnos para lo que se avecina.
Pero si porque todo esto «os supera» y os sentís impotentes para hacer nada, vais a esperar a que los sindicatos nos solucionen… entonces no se ha entendido nada y acabaremos en la peor de las situaciones.
No se le puede pedir a los que han colaborado conscientes o no en traernos hasta esta situación, que ahora nos solucionen para ir en sentido contrario.
Muertes en las residencias:
-La Fiscalía, cómplice: se niega a abrir nuevas investigaciones sobre residencias tras el informe de la Comisión de la Verdad.
La negativa de la Fiscalía de Madrid a abrir nuevas investigaciones sobre las muertes en las residencias durante la pandemia es un insulto a la memoria de las víctimas y una burla a sus familias. Con una simple frase, la fiscal Almudena Lastra ha cerrado la puerta a la justicia: «No procede iniciar una investigación ya que los hechos están siendo investigados en sede judicial e incluso algunos han sido archivados». Esta decisión, tomada tras recibir el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, es un claro ejemplo de la dejadez institucional que ha caracterizado este caso.
EL INFORME QUE REVELA LA VERDAD
Entre marzo y abril de 2020, 9.468 usuarios de residencias fallecieron en Madrid, 7.291 de ellos sin ser trasladados a un hospital. El informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, basado en más de un año de trabajo, acusa a las autoridades de haber tomado decisiones que vulneraron los derechos fundamentales de los mayores de forma «perfectamente consciente, planificada y mantenida en el tiempo». La Comisión, formada por expertos, identifica tres decisiones clave que agravaron la situación.
Primero, la falta de medicalización de las residencias, pese a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Segundo, el llamado «Protocolo de la Vergüenza» que impedía derivar a los residentes más vulnerables a hospitales. Tercero, la no utilización de recursos disponibles, como el hospital de campaña de Ifema y los centros privados, que podrían haber aliviado la carga de los geriátricos.
UNA INVESTIGACIÓN QUE NUNCA LLEGÓ
La Comisión también denuncia la falta de una investigación adecuada tanto en el ámbito judicial como en el político. La mayoría de los procedimientos judiciales han sido archivados, y la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid quedó en suspenso tras el adelanto electoral. Ni siquiera se reabrió a pesar de los intentos de PSOE y Más Madrid. El informe es claro: «Si el Estado no cumple su obligación de actuar de forma diligente, vulnera el derecho a la tutela judicial de las víctimas, les arrebata la posibilidad de una reparación y reduce la confianza de la ciudadanía en las instituciones.»
La Fiscalía de Madrid ha mostrado una falta de transparencia alarmante. En febrero, tras las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de que los usuarios «no se salvaban en ningún sitio», la institución guardó silencio. Cuando se le plantearon 38 preguntas sobre las muertes en las residencias, la única respuesta fue que «ya está todo explicado en la Memoria anual» de 2021, un documento plagado de omisiones y falsedades. Esta actitud de desdén y evasión es inaceptable.
RESPUESTAS INSUFICIENTES Y PROMESAS VACÍAS
La Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo han ofrecido respuestas más alentadoras, pero igualmente insuficientes. La Fiscalía General del Estado prometió un «profundo y atento análisis» del informe, pero las familias no han visto ninguna acción concreta. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha insistido en la necesidad de una «especial atención por parte de los poderes públicos» y ha subrayado que la pandemia en los centros residenciales requiere «todas las explicaciones posibles y una adecuada respuesta». Sin embargo, estas promesas parecen vacías sin acciones tangibles.
El documento fue entregado el 3 de abril, y la respuesta de la Fiscalía General del Estado llegó el 17 de abril, asegurando que se analizarían los datos del informe. El Defensor del Pueblo también se comprometió a vigilar que «las mismas circunstancias no puedan volver a repetirse» y a seguir de cerca los cambios en el modelo residencial consensuado en 2022.
Politi-corrupción:
-La residencia oficial de la que Ayuso no habla: 2.000 metros en «la casa de las fiestas».
Se trata de un chalet ubicado en Manzanares el Real cuyo mantenimiento cuesta a los madrileños más de 178.000 euros anuales.
IDA se presenta a ella misma como una ciudadana corriente que, por tener, no tiene ni un piso. De hecho, al hilo de la polémica por sus propiedades, la misma presidenta regional ha abogado por crear una residencia oficial para los dirigentes madrileños. Pero esto no es real dado que la Comunidad de Madrid ya cuenta con un enclave, conocida como La Casita.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sí tiene una residencia oficial, pese a las peticiones de Isabel Díaz Ayuso de crear una ante los embistes de la izquierda. Se trata de un chalet de 2.000 metros cuadrados que está ubicado en Manzanares el Real. Esta pertenece al Canal de Isabel II y tiene un coste de mantenimiento a cuenta de los madrileños de más de 178.000 euros al año. En este enclave han pasado fines de semana miembros del PP, y ahí estuvo alojado Juan Guaidó y su padre cuando visitaron la capital, e incluso hace años se utilizaba para hacer fiestas que se disfrazaban de reuniones de ‘trabajo y formación’. Algunos, de hecho, apuntan a que este era el escenario donde Ignacio González y Francisco Granados se encontraban para contar las comisiones que se llevaban de la trama Gürtel.
En concreto, esta construcción se llama la Residencia Santillana, más conocida como La Casita, y es una de las propiedades más exclusivas del Canal de Isabel II. Es un chalet de lujo de más de 2.000 metros cuadrados de extensión ubicado en el término municipal de Manzanares el Real, junto al embalse de Santillana -a poco más de unos 50 kilómetros de Madrid- que ha sido utilizado por todos los presidentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde la época de Joaquín Leguina, hasta la actualidad. De forma oficial su objetivo es albergar todo tipo de reuniones institucionales, la mayoría de ellas secretas. Sin embargo, su uso es más esporádico que habitual.
El citado chalet cuenta con vistas al embalse, un amplio jardín, varias habitaciones y baños, así como porches y toda clase de comodidades. A ella se llega a través de un camino de tierra que sale desde el cementerio de Manzanares y que rodea el embalse. Este termina en una verja donde ya se advierte que está prohibido pasar. Y es que la casa también tiene acceso desde la carretera M-609. De hecho, está acondicionado para vivir más allá de para albergar reuniones de trabajo. Con todo, cabe señalar que en los mentideros políticos y en las quizá más anécdotas que leyendas se apunta a que más de un dirigente político madrileño lo ha llegado a usar -al menos en el pasado- para su disfrute personal…