Muro de solidaridad y denuncias:
Guerra sucia:
Casos ‘aislados’.
-La acusación de uno de los policías del caso Tsunami pincha: es investigado por vejar a manifestantes del 1-O.
El juez García-Castellón permite no contestar a uno de los policías porque es investigado en otro juzgado.
Declaraciones con sorpresa. Los dos agentes de la policía española que resultaron heridos en los disturbios de plaza Urquinaona en 2019 han declarado como testigos ante el magistrado de Tsunami, Manuel García-Castellón, el 14 de mayo. Son acusación particular contra los 10 encausados por terrorismo de Tsunami, aunque se desconoce quién los hirió, y han relatado que sus graves heridas les han provocado la jubilación anticipada. El magistrado de la Audiencia Nacional ha permitido a uno de los agentes, con el TIP 91.464, no declarar cuando el abogado defensor, Benet Salellas, le ha preguntado si es investigado en dos juzgados de Barcelona por vejar a manifestantes el 1-O, según han informado fuentes judiciales.
Le ha hecho prevalecer su condición de investigado en otra causa, según ha aclarado el abogado del agente, Josep Maria Fuster-Fabra, mientras el fiscal ha pedido información de los dos casos. Un testigo siempre tiene que contestar a todas las preguntas en un interrogatorio judicial, mientras un investigado puede escoger a qué parte responde.
El policía ha admitido que detuvo personas en Vía Laietana antes de ser gravemente herido, y no ha querido responder si es investigado en dos juzgados de Barcelona. El agente es investigado por la detención de Paula y también de Guillem*, detenidos en protestas contra la sentencia del Procés en Via Laietana.
*Noticia de 2021:
El juzgado de menores número 5 de Barcelona ha absuelto a Guillem, Ivan, Sarah y Roc, todos ellos acusados de atentar contra el Cuerpo Nacional de Policía durante las protestas post-sentencia en Via Laietana. El juez ha determinado que los hechos no han sido probados por la acusación, que pedía penas de un año de libertad vigilada. El caso de Guillem Padilla, también conocido como «el chico de la sudadera naranja», fue especialmente conocido, las imágenes de su forzosa detención se hicieron virales por la brutalidad con la cual los agentes cargaron contra los manifestantes sentados pacíficamente.
Guillem Padilla, el primer detenido de Via Laietana en octubre de 2019, y en aquel momento todavía menor de edad, fue reducido en el suelo por cuatro o cinco agentes de la policía española entre golpes. El joven de 16 años, de la misma manera que Ivan, Sarah, y Roc, en aquel momento también menores de edad, fueron detenidos y acusados de atentar contra la policía.
La policía acusó a Guillem de lanzar botellas y piedras contra los agentes, aunque en el juicio, ninguna persona se presentó a testificar en este sentido ni aportó ninguna prueba de esta conducta. En vez de eso, los agentes presentes el día juicio se dedicaron a justificar su uso de la fuerza y bajo el pretexto de la presión y los insultos que recibieron de los manifestantes.
Maltratado por la policía española
El momento que no se vio y que Padilla explicó en una entrevista en TV3, es el que vivió dentro de la prefectura policial: «En Via Laietana, entro con la cabeza mirando al suelo, tan solo llegar recibo un par de pescozones por parte de los policías y me dicen justo entrar que me arrodille mirando hacia la pared y en ningún momento me gire para mirar qué hay a mi alrededor. En un momento, por instinto, me giro un par de veces y puedo ver cómo un policía nacional tenía un cuchillo en la mano y en el otro mi mochila […] Me dieron una bofetada y me dijeron ‘que te calles niñato’. Estuve entre diez y quince minutos arrodillado y me vino un policía y me cogió por la oreja y me dijo ‘cuando vuelvas a girarte te arranco la cabeza'».
«Pasé muchísimo miedo». Además, también asegura que agentes de la policía nacional lo insultaron por sus ideas políticas: «Pasé muchísimo miedo. En el momento que estaba detenido recibí más de una burla. Dentro de la prefectura me dijeron cosas tipos ‘puto independentista de mierda’ o ‘puto niñato'». A pesar de todo, el menor asegura que seguirá reivindicándose: «Me han dado todavía más ganas de seguir manifestándome, por toda la frustración que me llevé encima».
–https://www.elnacional.cat/es/politica/absuelven-guillem-chico-sudadera-naranja_621791_102.html
Prisión = racismo = negocio:
-Corporativismo racial penitenciario.
Las personas migrantes en situación irregular, si se hallan en la cárcel no tienen ningún problema administrativo para trabajar, pero estando en libertad deben empezar el arduo camino de regularizar su situación administrativa.
No es casualidad que exista una opacidad cimentada en torno al mundo carcelario y un prejuicio social derivado, mayoritariamente, de los medios de comunicación y el mundo cinematográfico. La privatización de las instituciones penitenciarias es una realidad cada vez más tangible, que promueve trabajos en condiciones extremadamente precarias en muchos casos y, por tanto, silenciadas bajo el peso del capitalismo corporativo. Esta privatización responde a una serie de intereses económicos, políticos e ideológicos sustentados por empresas, grupos mediáticos y agendas legislativas y judiciales, que se amparan en el delito como beneficio.
Cuando se cumple condena o se está de forma preventiva en prisión, las mismas personas reclusas suelen sentir la necesidad de trabajar. Esta es una demanda real que responde a la necesidad de hacer algo con el paso de las horas y de los días que no tienen fin y, también, de cotizar. Esta demanda real ha generado que cerca de 120 empresas a nivel estatal (según la organización de investigación alemana Correctiv) metan sus garras en prisión. De cara a la imagen pública, cumplen una función “reeducadora o de reinserción sociolaboral”, ya que, no olvidemos que, el fin que supuestamente justifica los sistemas penitenciarios es ese precisamente. En muchos casos, estas empresas, haciendo alusión a la responsabilidad social corporativa, permiten que personas con condena trabajen en unas condiciones que son más propias de un estado de esclavitud que de un estado democrático.
Ya en el 2016, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) promovió una campaña para visibilizar las miles de personas que trabajan en el sistema penitenciario español, quedando estas excluidas del Estatuto de los Trabajadores, sin poder negociar sus horarios o jornadas laborales, vacaciones y/o descansos, cobrando menos del salario mínimo interprofesional y sin representación sindical, entre otras. No sólo el trabajo sin una base de derechos mínimos genera beneficios a estas empresas, sino que, además, son las mismas cárceles las que ponen a disposición las instalaciones y asumen los gastos corrientes como electricidad y agua. Es decir, los gastos los pagamos nosotras, ya que son gastos derivados de fondos públicos. Sin embargo, los convenios que se generan entre las empresas y la entidad pública que firma acuerdos de colaboración con las compañías (Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo: TPFE), no son de carácter público, ni hay transparencia al respecto.
Al observar el papel que juegan las personas racializadas en este sistema, todo parece mucho más redondo. Me refiero a las personas que llegan del Sur global y, concretamente, en situación administrativa irregular, que es lo más común. Estas personas necesitan un mínimo de dos a tres años para regularizar su situación y tener la posibilidad de trabajar; sin embargo, la ley penitenciaria establece que el auto de ingreso en prisión es habilitante para trabajar. Es decir, en situación de privación de libertad, no tienen ningún problema administrativo para trabajar, pero estando en libertad, deben empezar el arduo camino de regularizar su situación administrativa para poder hacerlo. ¿Por qué la ley promueve el trabajo bajo privación de libertad para personas racializadas?
Según el último Informe General de Instituciones Penitenciarias publicado en 2022, el número de personas reclusas en el Estado español fue de 46.687, de las cuales 11.677 fueron extranjeras. Ese mismo año se destinaron 1.272 millones de euros a “potenciar el carácter de reeducación y reinserción social frente al aspecto represor de conductas socialmente aceptables”. ¿Hablamos de reeducación o de abaratamiento de costes para las empresas que fomentan un corporativismo racial penitenciario?…
–https://www.elsaltodiario.com/racismo/corporativismo-racial-penitenciario
Recuperando materiales:
-Arenas y presos políticos enfermos, otra vez.
*Manuel Pérez Martínez.
“Se sabe que el amor crea. El odio es una fuerza descontrolada. Que lo mismo puede crear que destruir, o hacer ambas cosas a la vez. La indiferencia. No. La indiferencia siempre mata a quien la padece. Por eso soy enemigo declarado de los indiferentes”
¡RESISTE!
*Carteles SRI Catalunya presos políticos enfermos.
Llibertat presos polítics malalts.
La solidaritat és la nostra arma.
Amnistia, solidaritat, lluita.
Aturem la Pena de Mort encoberta.
Convocatorias:
-25 Mayo. Madrid. CSO Atalaya.
Este sábado en las XII Jornadas por la Amnistía contaremos también con Adrián Sas, condenado a prisión por manifestarse en el aniversario del 1 de octubre, hablando sobre la amnistía y la represión en Cataluña.
Este año más que nunca, toca organizarnos. Ven a las Jornadas.
MAR Madrid.
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-Envío de cartas, comunicados, fotos, convocatorias…
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