Memoria histórica imprescindible:
-La Represión franquista del verano sangriento de 1936 en Casillas de Flores (Salamanca)
Los testimonios orales y escritos hablan de una decena larga de vecinos de Casillas de Flores ejecutados extrajudicialmente con total impunidad de los verdugos.
En su eliminación participaron falangistas de Casillas de Flores, que fueron los que también actuaron en los asesinatos cometidos en Fuenteguinaldo y en los conatos de Navasfrías. Estos represaliados, son «desterrados de la memoria», como sucede en parte con tantas otras víctimas del fascismo asesinadas extrajudicialmente en toda España. Se dispone de información sobre el asesinato de los siguientes vecinos de Casillas de Flores:
– Antonio Hernández Rastrero, natural de Casillas de Flores hijo de Manuel y Narcisa, nacido en 1899. Casado con Petra Bernal Martín, tenían 4 hijas. Aunque hay cierta confusión en las fechas, el 10 de Octubre de 1936, Antonio fue encarcelado en la prisión de partido judicial de Ciudad Rodrigo (Salamanca), de donde fue “sacado” y asesinado el 16 de octubre de 1936. Fue arrojado con otras víctimas del franquismo en una fosa en Pedro Toro (Salamanca).
– José María Moreiro Ríos, 37 años, hijo de Ángel y Cándida, dueño de un establecimiento de bebidas, alcalde Republicano, casado con Isabel Gómez Martín, tenían 3 hijos menores. A instancia de su viuda, con información testifical, la fecha de su muerte y la causa fue corregida en 1979: “Detención sangrienta en las afueras del pueblo, el 13 de agosto de 1936 fue sacado de su domicilio de Casillas de Flores y muerto violentamente».
– Felipe Rastrero Antúnez, 59 años, hijo de Manuel y Rosaura, casado con Rosalía González Alfonso, tenían 5 hijos. Felipe fue víctima de una detención sangrienta en su propio domicilio el 13 de agosto de 1936. Después de un registro, los victimarios le dispararon a las piernas y, cuando se desangraba sin asistencia médica, lo remataron en presencia de su familia y otros allegados. Los falangistas locales también se ensañaron con 2 de sus hijos, Manuel y José, aunque consiguieron huir al monte.
– Antonio Francisco Álvarez Martínez, «Portones», 36 años, hijo de Manuel e Isabel, jornalero, teniente de alcalde Republicano, casado con Julia Moreiro Antúnez, tenían 3 hijos menores. Fue detenido por carabineros en presencia de su esposa e hijos. Después de un fugaz paso por la cárcel local ingresó en la prisión del partido judicial de Ciudad Rodrigo como el 30 de julio de 1936. El 8 de octubre fue objeto de una “saca” carcelaria en unión de varios vecinos de Fuenteguinaldo también “sacados” aquel día. Acosada por falangistas, su viuda sacó adelante a su familia con muchas dificultades. En 1948, su 2º hijo, José Manuel Álvarez Moreiro, que trabajaba para una familia pudiente en una finca, apareció muerto de un disparo en una majada. Nunca se aclaró esta muerte.
– Antonio Canovas Mesa, natural de Mazarrón (Murcia), 38 años, hijo de Juan y María de las Mercedes, albañil, presidente de la Sociedad Obrera y de la Casa del Pueblo. Casado con Basilisa González Zamarreño, tenían 3 hijos. Fue detenido el mismo día que Antonio Francisco Álvarez Martínez, y ambos compartieron los mismos avatares finales de la “saca” carcelaria y lugar de enterramiento.
– Timoteo Feliciano Mateos Ríos, 29 años, hijo de José y Adela, jornalero. Fue detenido el 7 de octubre con los vecinos de Fuenteguinaldo, con quienes ingresó en la prisión del partido judicial y como ellos fue sacado a las 4 horas de la mañana del día siguiente, siendo asesinado en el camino de Gazapos.
– Manuel Bermejo Hernández, 33 años, hijo de Quirico y Julia, jornalero. Casado en segundas nupcias con Manuela Álvarez Lanchas. Fue asesinado en lugar desconocido con posterioridad al 29 de septiembre de 1936.
– Quirico Bermejo Escamochero, natural de Villamiel (Cáceres), hijo de Ramón y Ladislaa, jornalero. Casado con Julia Hernández, sembraba una huerta para alimentar a sus 3 hijos. Fue asesinado extrajudicialmente, como su hijo Manuel, pero después de éste, en una detención sangrienta en fecha indeterminada. Los verdugos hicieron gala de humor macabro con el padre: Tras matar a su hijo Manuel, le dijeron a su padre «¿Quieres ir a ver a tu hijo?», a lo que respondió que “claro que quiero ir a verle, esperen a que coja el sombrero”, y le dijeron “No hace falta”. Y allí mismo lo mataron.
– José Bernal (probablemente José Bernal Martín), hijo de Valentín y Adelaida, desapareció y su madre preguntaba por él, hasta que un vecino le dijo: «No lo busques más, porque lo maté yo».
– José Martín Lanchas, jornalero y soltero, fue eliminado en fecha incierta, dejando a sus padres en desamparo.
– Tomasa Mateos Hernández, murió en desamparo a consecuencia de un parto, estando su madre, María Hernández González en la cárcel. El ex-soldado Republicano, Manuel García Peña falleció en el campo de concentración de Mauthausen en 1941. Además de la represión sangrienta, en Casillas de Flores hubo afectados por otras modalidades represivas: 11 presos o detenidos, 4 depurados: 2 maestras y 2 militares, uno de estos también preso, y 9 sancionados con multas, 5 de ellos también presos.
Todo esto, en un pueblo con 1.100 habitantes en 1936.
-Fosas y más fosas: Soria.
Exhumados 7 cuerpos de fosas comunes de represaliados halladas en Las Casas (Soria).
La asociación Recuerdo y Dignidad ha finalizado, con la ayuda de la sociedad de ciencias Aranzadi, los trabajos de prospección y recuperación personas represaliadas en la Guerra Civil en el cementerio del barrio de Las Casas, en Soria, con la delimitación de varias fosas comunes y la exhumación de siete cuerpos.
Las siete víctimas asesinadas eran hombres de procedencia «humilde, campesina», como así denotan los hallazgos de albarcas y otros objetos personales.
En la segunda fase de intervención se exhumarán las otras fosas comunes delimitadas ya que, ante la magnitud de los hallazgos, se prevé encontrar un amplio número de cuerpos, y se prospectará una nueva zona.
Los estudios que ha realizado Recuerdo y Dignidad establecen una centena de posibles víctimas del franquismo en el cementerio de Las Casas, de las cuales más de 40 procedían de la provincia de Soria, de municipios como Deza, Pozalmuro, Noviercas, Castilruiz y Mazalvete.
-Libro ‘Víctimas mortales del franquismo en la provincia de Huelva’
La Diputación de Huelva ha publicado el libro ‘Víctimas mortales del franquismo de/en la provincia de Huelva’, del investigador y presidente de la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva, Fernando Pineda Luna.
Enmarcada en la colección ‘Los Ausentes’ del Comisionado Provincial para la Memoria Democrática, y editado por la Editorial Niebla, la obra responde al objetivo fundamental de “dar a conocer las víctimas a la sociedad para dignificar su memoria y facilitar la búsqueda de víctimas a familiares. Y con ello, además, aumentar los contactos entre investigadores y familiares que han hecho posible hasta ahora darles nombres a otras muchas víctimas”
El libro da a conocer un decálogo de criminalidades franquistas en la provincia de Huelva, entre las que se encuentran 10.000 asesinatos conocidos en 200 fosas comunes; bombardeos aéreos en La Palma del Condado, Niebla, El Campillo, La Atalaya (Riotinto), Nerva, Membrillo Bajo (Zalamea), entre otros; miles de personas huidas y/o desaparecidas aún desconocidas, y las torturas y asesinatos de las mujeres asesinadas en la provincia de Huelva, entre otros crímenes.
En venganza contra las Columnas Mineras, el cementerio de Nerva quedó convertido en la fosa común rural mayor de España. El cementerio municipal La Soledad de Huelva se convirtió en otra de las fosas comunes españolas más extensas. La prisión provincial de Huelva se declaró destino obligado para los homosexuales «pasivos» de Andalucía y Extremadura por el hecho de serlos. 5.000 personas represaliadas pasaron por los campos de prisioneros de la provincia de Huelva (Isla Saltés, Muelle Pesquero, San Juan del Puerto, Peguerillas y Mazagón).
-Adolescentes encerradas por “inmorales” en los reformatorios ocultos de Franco.
“Estuvimos en algo peor que el infierno”.
Apenas hay rastro oficial ni se ha hecho memoria del Patronato de Protección a la Mujer, una institución que entre 1941 y 1985 encerró en centros regentados por órdenes religiosas a jóvenes que transgredían las normas morales de la dictadura y las sometió a duras condiciones de vida.
“Motivos por los que se ha solicitado que sea acogida: niña rebelde”. Rocío Paso Jardiel todavía se estremece al recordar las palabras que el régimen franquista dejó escritas en su expediente antes de ser internada con 14 años en un reformatorio. Esa tarde sus padres le habían pedido que se arreglara para salir con ellos y un amigo de la familia, pero nadie le explicó a dónde iba ni cuánto tiempo iba a estar allí. “Al llegar me metieron a una sala, me miraron de arriba a abajo, me quitaron toda la ropa y me pusieron una bata gris y unas alpargatas. Yo pensaba que estaba en otro colegio de monjas normal, pero empecé a ver rejas y rejas y rejas…”.
Rocío, que ahora tiene 69 años, no estaba en un colegio de monjas como otro cualquiera. Había sido ingresada en el antiguo Palacio de los Condes de Montijo, en Carabanchel (Madrid), uno de los centros que el Patronato de Protección a la Mujer tenía entonces por toda España. Como ella, miles de niñas y adolescentes fueron encerradas en estos lugares entre 1941 y 1985, privadas de su libertad sin juicio ni garantías y sometidas a duras condiciones de vida. No habían cometido un delito, pero sí un pecado a ojos de la Iglesia y de Franco: el de transgredir las férreas normas morales que la dictadura había impuesto a la población femenina.
Dependiente del Ministerio de Justicia y presidido por Carmen Polo, el Patronato fue el organismo encargado de vigilar y controlar la conducta social de las adolescentes. “La dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a la religión católica” era la finalidad que, según el decreto que en 1941 estructuró su funcionamiento, tenía la institución incluso bien entrada la democracia. Para ello, disponía de una red de reformatorios dirigidos por órdenes religiosas en los que “reeducar” a las jóvenes. El pico máximo de internas se alcanzó en 1961, con 3.360 chicas.
“Decir que vivimos un infierno se queda corto. Lo peor era la incertidumbre, no saber por qué estabas ahí ni cuánto tiempo. Para las monjas todas las que estábamos ahí éramos unas putas y merecíamos un castigo”, relata Rocío. “Peor que una cárcel”, lo define Consuelo García del Cid, que pasó por varios centros y ha publicado varios libros sobre el Patronato, entre ellos Las desterradas hijas de Eva…