Movimiento obrero. Su brutal situación:
Morir en el tajo:
-10 de mayo. Fallece un trabajador tras sufrir un accidente laboral en Buñol, València.
El hombre de 49 años quedó atrapado en una máquina industrial.
No se da ni las siglas de su identificación. Otro muerto anónimo en el tajo.
-Salud mental en el trabajo.
La sentencia de un caso en Cantabria ha reconocido un suicidio como accidente laboral.
Los magistrados estimaron que lo sucedido en el caso concreto de Bedia Díez, fue un «trato injusto» y provocó el suicidio del trabajador.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sentenció que el suicidio de Juan Manuel Bedia Díez, que tenía 53 años cuando se quitó la vida una mañana de abril de 2021, fue un accidente de trabajo atendiendo a una reclamación de su viuda, Nuria Terán.
La sentencia constituye un reconocimiento infrecuente: desde 1970, el Tribunal Supremo ha dictado menos de una decena en este sentido.
Los problemas laborales del fallecido, que trabajaba como responsable de tienda en un supermercado ALDI en Santander, comenzaron después de unas elecciones sindicales, en septiembre de 2020, según ha explicado su mujer.
La sentencia recoge que, cuatro meses después, la empresa despidió a dos trabajadoras y recibió una denuncia anónima contra el fallecido por acoso a una tercera, después de cambiarla de puesto de trabajo.
Tras encargar una auditoría externa, ALDI sancionó a Bedia con tres días sin empleo y sueldo y le notificó su traslado a una tienda en Laredo, a unos 45 kilómetros. Con la declaración de contingencia laboral comenzarán una nueva demanda con el fin de depurar responsabilidades de lo ocurrido.
Relación entre suicidio y accidente laboral
El TSJC se centró en que el nexo entre los problemas en el puesto de trabajo y el suicidio, es lo que le lleva a dictaminar que se trató de un accidente laboral, atendiendo así al recurso de la viuda contra otra sentencia en sentido opuesto dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Santander.
Los magistrados estiman que es “evidente” que el traslado en su puesto de trabajo es recibido por Bedia como un “trato injusto”. Además, señalan que el suicidio se produce tan solo tres días antes de su incorporación a la tienda de Laredo, dato que les parece “significativo respecto a la conexión causal entre la problemática laboral y el luctuoso evento”.
Por ello, el Tribunal ha declarado que las pensiones de viudedad y orfandad por el fallecimiento de Juan Manuel Bedia Díez (que deja a una hija de14 años), derivan de contingencia profesional (accidente de trabajo).
La sentencia puede ser recurrida al Supremo, pero con ella en la mano, la familia del fallecido sopesa una querella por daños y perjuicios contra ALDI.
Represión:
-Responsabilizan a PNV por la violenta actuación de la Ertzaintza contra trabajadoras de diversidad funcional.
El 9 de mayo, durante una protesta de las trabajadoras de Gorabide, Gaude, Madres Mercedarias y ASPACE ante el Itsasmuseum de Bilbao, la Ertzaintza reprimió la protesta resultando una delegada de LAB y varias trabajadoras heridas.
Todas estas trabajadoras reivindican unas condiciones dignas básicas, como por ejemplo la recuperación de la grave pérdida de poder adquisitivo que han sufrido durante los últimos años. Todas tienen las negociaciones con sus gerencias bloqueadas. Algunas, como en el caso de Madres Mercedarias, tienen la amenaza de cierre de su centro de trabajo y están en peligro sus empleos.
Todas estas trabajadoras pertenecen al Sector de Diversidad Funcional, sector en el que mayoritariamente trabajan mujeres. Para LAB no es casualidad este bloqueo. Una vez más, los señores Sergio Murillo, Unai Rementeria y compañía se niegan a reconocer el trabajo de estas mujeres, de la misma forma que se lo niegan a las trabajadoras de Residencias, las del Servicio a Domicilio, a las Trabajadoras de Hogar o las trabajadoras del Sector de Intervención Social, entre otras.
Todas estas trabajadoras realizan un trabajo público de cuidados, son trabajadoras públicas, aunque el modelo de privatización que impone la Diputación Foral de Bizkaia no las reconozca como tales.
Durante el día 9, FEVAS, Asociación de entidades del Sector de Diversidad Funcional, celebraba un encuentro con todas las fuerzas políticas en el Itsasmuseum de Bilbao. A FEVAS pertenecen Gorabide, Gaude y ASPACE, entre otras. Las trabajadoras de estas entidades, junto con las de Madres Mercedarias, se concentraron a las puertas del museo. Durante esa jornada, dentro del Itsasmuseum se daban cita los responsables de hacer negocio con los trabajos de cuidados: Diputación de Bizkaia y FEVAS. En contraposición, en la calle, se concentraban las mujeres trabajadoras que realizan esos trabajos. Negocio frente a dignidad y lucha.
Los responsables del PNV han querido evitar la protesta enviando a la Ertzaintza. LAB hace responsable al PNV de la violencia ejercida contra las trabajadoras del sector de Diversidad Funcional. Una delegada de LAB ha tenido que ser asistida en el hospital y varias trabajadoras más han resultado heridas. El sindicato muestra su solidaridad con todas ellas.
LAB anuncia que habrá más movilizaciones y más huelgas si los convenios no se desbloquean y que seguirá trabajando para facilitar espacios de unidad de lucha de las trabajadoras del Sector de Diversidad Funcional.
Criminalización:
-«Veto» al guarda forestal que denunció irregularidades en las multas de caza.
Ha intentado «hasta en 7 ocasiones» comparecer en comisión en las Juntas Generales, algo que le han negado.
Andoni Díaz, el guardia forestal alavés que denunció la no tramitación de numerosas multas a cazadores, denunció esta situación en la Fiscalía y actualmente hay una persona imputada por estos hechos.
Denuncia el clientelismo y el amiguismo del actual gobierno foral.
Tras «impedirse que un funcionario público dé explicaciones sobre la mala praxis de esta Diputación en materia de sanciones de caza, no se puede hablar de democracia ni transparencia”.
Andoni Díaz asegura que estos vetos se deben a que «el gobierno foral no quiere que exponga la realidad sobre la tramitación de sanciones de caza». Además, asegura que el 57% de las sanciones han sido no iniciadas, caducadas, rebajadas de grado o sobreseídas. Añade que se trata en gran parte de denuncias cometidas en varios cotos de caza gestionados por empresas subvencionadas por la Diputación.
El guarda forestal ha asegurado además las consecuencias de haber denunciado: la apertura de un expediente o la baja laboral por las presiones sufridas llegando incluso a un tratamiento psiquiátrico, además de varios cazadores que le han amenazado con el «tú no sabes quién soy yo».
Desahucios:
-Un hombre de 57 años se suicida cuando iba a ser desahuciado en Paiporta, València.
El fallecido recibía ayuda psicológica y económica por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento y del centro de salud al estar en tratamiento oncológico.
El vecino de Paiporta, se ha suicidado el 9 de mayo cuando la comitiva que se preparaba para ejecutar una orden de desahucio se disponía a entrar en la vivienda en la que residía.
El inmueble pertenece al grupo Cerberus.
Enfermo de cáncer, tenía órdenes de desahucio, pero se negó a abandonar su vivienda en esas condiciones. Hacía tiempo que había dejado de pagar la hipoteca, y que se habían remitido varios informes al juzgado sobre su situación personal, motivo por el cual se había ido aplazando el proceso hasta ahora.
Cuando el 9 de mayo la comitiva de desahucios se presentó en su casa, decidió quitarse la vida. Se lanzó desde un quinto piso ante la comitiva judicial y agentes de la policía local que iban a desahuciarle.
…¿En qué listas de víctimas del terrorismo de Estado aparecerá su nombre?…
Megaproyectos:
-Manifestación. Por la defensa de la tierra. ¡E.H vive!
En Euskal Herria, estamos viviendo una tremenda oleada de megaproyectos que industrializan y privatizan las zonas naturales y asolan las zonas rurales, modificando sustancialmente las funciones de sostenimiento de la vida que nos proporcionan.
Desde las administraciones se da prioridad a los intereses económicos de las grandes empresas y desde los parlamentos se están aprobando leyes para facilitar el desarrollo de estos mega-proyectos, como la ley Tapia. Se invalida la voz contraria de las personas que habitan estos territorios.
Por ello, en muchos pueblos de Euskal Herria y también en las ciudades, hemos creado grupos para hacer frente a este saqueo y defender el territorio.
Todos ellos se reunirán el 20 de mayo a las 18:00 horas en Vitoria-Gasteiz para celebrar la manifestación nacional que reivindicará Euskal Herria Bizirik.