Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Los conductores del Kbus intensifican su protesta con seis jornadas de huelga en mayo.
El autobús municipal de Barakaldo está en huelga los días 4, 6, 16, 18, 24 y 26 de mayo.
Los paros de 24 horas, para solicitar mejoras en el servicio y en las condiciones de los trabajadores, se suceden desde finales de febrero.
Se reunieron con la inspección de trabajo para denunciar que en la reordenación de los servicios mínimos al inicio del conflicto «se nombró a personas que querían ejercer su derecho a la huelga». Además han pedido que se investigue si se han descontado «cantidades que no proceden» en las nóminas.
-48.000 trabajadores de Sanidad Pública de Castilla y León están llamados a la huelga el 10 y 17 de mayo.
Con el objetivo de denunciar el «ninguneo» al que están siendo sometidos desde hace meses por el consejero del ramo, Francisco Vázquez.
Dos jornadas de huelga que se producirán a escasos días de la convocatoria electoral del próximo 28 de mayo y que los sindicatos justifican ante la «caótica» situación de una prestación al «borde del colapso».
Exigen medidas para avanzar en una ordenación y lograr mejoras laborales para «todos» los profesionales de Sacyl, pero también para avanzar en otras a «corto, medio y largo plazo» que eviten que la calidad de la asistencia se degrade. Quieren fijar una planificación de recursos humanos, una reorganización del sistema adaptado a la realidad y a las nuevas necesidades de la población, porque el modelo se agota, y también los profesionales. Sus propuestas plantea crear un grupo de trabajo, en la Mesa Sectorial de Sanidad, para abordar la reordenación de la Atención Primaria y la problemática de los puestos de difícil cobertura,
Despidos:
-El ERE de Microsoft en España afectará al menos a 29 trabajadores de determinadas áreas.
El pasado enero la compañía tecnológica anunció que tenía previsto despedir a 10.000 empleados en el mundo, el 5 % de su plantilla.
-Serviguide de Lalín, Pontevedra, despide a 21 trabajadores.
La consultora Serviguide se encarga de la colocación y retirada de los pollos en las granjas que van después al matadero de Avigal. La empresa trabaja realmente para la asociación de granjeros.
-ERE de liquidación en Panadería Illán de Lugo.
Supondrá el despido de sus 14 trabajadores.
-Stradivarius Ceuta cierra en julio 2023.
8 trabajadoras se quedarán sin trabajo.
Fábricas-cárcel:
-Multada una fábrica de Alicante por hacer reconocimiento facial a sus empleados sin avisarles.
La empresa pidió una foto a los trabajadores y la utilizó para llevar a cabo un control horario con esta tecnología, calificada como “de alto riesgo” por los reguladores.
El reconocimiento facial está considerado uno de los usos de “alto riesgo” de la inteligencia artificial. Mientras la UE finaliza las normas que determinarán cómo puede desplegarse esta tecnología en los próximos años, los reguladores de privacidad del continente han pedido que solo se emplee cuando no haya opciones más seguras disponibles. También que se haga de forma transparente para las personas a las que se vigila, dos preceptos que se incumplían en una empresa de Alicante que ha usado reconocimiento facial para hacer el registro horario de sus empleados sin informarles.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado esta semana con 20.000 euros al fabricante de productos de plástico Plastic Forte, que cuenta con una plantilla de unas 470 personas, por hacer una fotografía a sus trabajadores y ocultarles que uno de sus usos sería la creación de una plantilla biométrica para su reconocimiento facial. En el documento de consentimiento, la empresa solo refería que las imágenes “podrían ser utilizadas y difundidas para la publicación en su página web, redes sociales, campañas, revistas, folletos, publicidad corporativa y demás materiales de apoyo”.
Vivir de las rentas:
-La Ley de Vivienda permitirá subir el alquiler hasta un 35% en cinco años.
Un análisis del Sindicat de Llogaters de Catalunya analiza los “agujeros” de la norma.
Un alquiler de 1.077 euros, la renta media de la ciudad de Barcelona, podría subir hasta 1.453 euros en cinco años. Este es el resultado de los cálculos realizados por el Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) de Catalunya sobre los “agujeros” que contiene la regulación de los alquileres en la Ley de Vivienda.
Lejos de obligar a reducir los alquileres más altos, este colectivo señala que la ley “está diseñada para poder seguir subiendo los precios”. Son en las excepciones y la letra pequeña de la Ley donde los propietarios podrán asirse para aumentar hasta un 35% el precio del alquiler en cinco años. Y eso solo en el caso de que la comunidad autónoma haya solicitado la declaración de zona tensionada, paso imprescindible para aplicar la regulación de los alquileres.
“La ley, al tener un redactado vago y lleno de imprecisiones, permite a la patronal inmobiliaria subvertir el sentido de la regulación de los alquileres y continuar haciendo subidas a los inquilinos”…
–https://www.elsaltodiario.com/ley-de-vivienda/ley-vivienda-permitira-subir-alquiler-un-35-cinco-anos
-Los hogares con ingresos por alquiler de propiedades crecen un 57,5% en diez años.
El fenómeno del rentismo en España perpetúa las diferencias sociales.
Los hogares que alquilaron propiedades en 2022 ingresaron, de media, 15.600 euros anuales más que aquellos que no realizaron esta actividad. Las familias rentistas son más ricas que el resto y cada vez hay más.
Mientras que en 2013 el 11,08% de familias recibió algún ingreso por el alquiler de una propiedad, en 2022 este número alcanzó el 17,45%.
Pablo Carmona, miembro de la PAH de Vallekas y autor de La democracia de propietarios (Traficantes de Sueños, 2022) explica que el fenómeno de vivir de las rentas hunde sus raíces en «la vieja sociedad de propietarios que se construye en el franquismo y que tiene su segundo episodio en la gran burbuja inmobiliaria nacida a partir de las políticas de vivienda desarrolladas por el PSOE, en concreto con la ley Boyer de 1985». Esta normativa «intentó eliminar el alquiler como medio de acceso a la vivienda, puso en el centro el bien inmobiliario, de manera que la vivienda comenzó a ser un territorio de especulación».
Como tal «se protegió el aumento constante de los precios, de manera que la vivienda se convirtió en un espacio de inversión y ahorro futuro para las familias». Describe que esta inercia histórica sigue, con mayor o menor intensidad, activa y es la que empuja a esta tendencia rentista. Por eso, «en muchas ocasiones las familias deciden poner sus propiedades en el mercado del alquiler: tanto la vivienda, como los trasteros, como las plazas de garaje».
En 2022, los hogares con ganancias por el alquiler de una propiedad alcanzaron una renta media de 47.022,29 euros anuales, superando con creces la media española, de 34.110,39 euros netos.
La desigualdad en las ganancias anuales entre rentistas y no rentistas es constante. Año tras año, los hogares sin propiedades en alquiler ingresan entre 14.000 y 17.000 euros menos de media. «Los hogares inquilinos son aquellos con menor renta del país, frente a los hogares de caseros, que son los de mayor renta».
Sanidad y negocio:
-El gigante sanitario Fresenius prometió dos millones a un exdiputado del PP si conseguía contratos de un hospital.
Fresenius Medical Care contrató al exdiputado del PP Manuel Milián Mestre como “intermediario” para obtener adjudicaciones de la Fundación Puigvert, un hospital privado de Barcelona que está concertado con la red pública.
Tanto Fresenius como Milián Mestre reconocen este acuerdo pero aseguran que finalmente no se pagó ninguna comisión.
El contrato lo explica con total claridad: “El intermediario ha recibido información de que la Fundación Puigvert puede tener interés en externalizar su gestión”. Por eso ofrece “sus servicios de intermediación”. Si logra adjudicaciones de ese hospital, la comisión no será pequeña: “La remuneración del intermediario consistirá en una cantidad máxima de dos millones doscientos cincuenta mil euros, más IVA”.
Milián Mestre –79 años, nacido en 1943– es un histórico de la derecha española en Catalunya. Amigo de Manuel Fraga, fue uno de los fundadores del Partido Popular y durante más de una década, entre 1989 y 2000, estuvo en el Congreso como diputado del PP, un partido del que después públicamente se distanció. También ha trabajado como periodista y, en la década de los 80, como director de Estrategia y Comunicación de Foment del Treball, la patronal catalana, con la que ha estado vinculado durante toda su trayectoria profesional. Aún hoy tiene un despacho como asesor en el edificio de Foment del Treball.
Tras dejar el Congreso, en julio de 2000, Manuel Milián Mestre fundó una empresa, M3 Análisis y Consultoría Económica SL, de la que sigue siendo propietario junto con su familia. Su hijo, Albert Milián, es quien firma este contrato como administrador de la sociedad.
Y quien contrata a M3 como intermediario es Fresenius Medical Care, que se dedica fundamentalmente a la diálisis renal. Es el líder mundial en la fabricación de las máquinas que utilizan cientos de hospitales para filtrar la sangre de las personas con enfermedades de riñón: su cuota de mercado mundial es del 36%.
Educación pública:
-Steilas advierte de que la ley educativa responde al “espíritu privatizador” del Gobierno vasco.
Destaca que el Proyecto de Ley de Educación del País Vasco contiene 26 veces el concepto “contrato programa”, mientras que no ofrece “cambios sustanciales” para el euskera.
El Proyecto de Ley de Educación del País Vasco contiene 26 veces el concepto “contrato programa”. Es uno de los más repetidos en el texto y significa que los centros, tanto públicos como privados, deberán competir entre sí para conseguir una mayor financiación, que justificarán en base a su modelo de innovación educativa y pedagógica. El sindicato mayoritario entre el profesorado de la red pública, Steilas, es claro en su valoración: advierte de que el texto “responde al espíritu privatizador del Gobierno vasco” y que, por tanto, se inserta en la “lógica neoliberal”, secundada también por los partidos que “apoyan esta aventura”.
El sindicato también alerta de que el texto sigue sin dar pasos concretos para luchar contra la segregación, el problema de fondo que genera tensión entre ambas redes -el índice socioeconómico del alumnado de la concertada es más alto que el de la pública-.
“Será difícil que los centros concertados sean laicos, gratuitos o euskaldunes, ya que se debe respetar la identidad del centro”, como remarca el texto legal.
El proyecto de ley, asegura Steilas, blinda a la privada y permanece inamovible a las reivindicaciones de la red pública, pero “constituye un marco legal para los decretos de planificación, admisión y conciertos económicos”. “Hace tiempo que el objetivo de este Gobierno está claro: blindar la red educativa concertada ante la bajada de la natalidad.