Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-La huelga de letrados del sistema andaluz de salud bloquea el desvío de pacientes a la privada.
La adjudicación de contratos a dedo para derivar pacientes de la sanidad pública a clínicas privadas requiere de la intervención de un letrado de la administración sanitaria en las mesas de contratación administrativa “y, de momento, no hay nadie allí para hacerlo”.
La huelga indefinida de letrados del sistema andaluz de salud que desarrollan desde el 1 de abril paraliza de momento el plan del gobierno andaluz de desviar pacientes de la sanidad pública, a la privada con el Plan de Garantía Sanitaria, que aspira a rebajar un 60% el número de pacientes en listas de espera para una cirugía fuera de los procedimientos garantizados y que prevé desarrollar desde finales de este mes tras una nueva inversión a dedo de casi 120 millones de euros para derivar a más de 91.000 ciudadanos a clínicas privadas en un tiempo récord de seis meses, hasta final de año.
El gobierno apuesta por esta formula de privatización, pero hay un problema, necesita un paso intermedio. Los letrados de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía lo dejan claro: “Esos contratos se tienen que adjudicar en mesas de contratación y un letrado tiene que estar en cada mesa para cada contrato. No se pueden celebrar si no hay letrados, y ahora mismo no hay letrados. Eso no sale adelante si no hay un letrado en la mesa de contratación y, de momento, no hay nadie allí para hacerlo”, resumen tajantes. Entre las funciones de estos letrados, que desde el año pasado se extienden a las cinco agencias públicas sanitarias integradas en el SAS, abarcan diversos aspectos en la contratación administrativa -y que desde el 1 de abril están en huelga indefinida-, en la que su informe es preceptivo.
-Solidaridad obrera
-Barrios Hartos de Sevilla se solidariza con las trabajadoras del SAD acampadas en Plaza Nueva.
Como plataforma presente en los barrios obreros, somos testigos directos de cómo los servicios asistenciales a las personas mayores más necesitadas de ayuda no cubren una ínfima parte de la demanda. Denunciamos junto a las trabajadoras, en lucha por la dignificación del sector, que las administraciones públicas son auténticamente cómplices de una situación que tiene como grandes beneficiados a un sector de empresas cuya única función es recibir fondos públicos, contratar a mujeres (el 97% de la plantilla) y someterlas a condiciones extremadamente precarias de empleo y salud en el trabajo.
José Luis Sanz, el alcalde de la ciudad, está tratando de ignorar la demanda de las trabajadoras, queriendo simular que se trata de un problema laboral. Desde Barrios Hartos, subrayamos que se trata de un asunto puramente político, y que esta lucha precisamente lo está señalando a él como responsable y cómplice necesario. Son más de 3.000 trabajadoras afectadas por condiciones inaceptables.
Estas compañeras, la mayoría vecinas de nuestros barrios, tienen cronometrado al minuto un trabajo tan sensible como es el cuidado de las personas con grados de dependencia, en su mayoría personas de avanzada edad, con dolencias más o menos severas, muchas con fuertes discapacidades. Lo último que necesitan son prisas. Sin embargo, las empresas privadas del sector sólo ven en la actividad una mercancía más que vender a las administraciones, tratando de minimizar costes y presentar cantidad de “servicios”.
Esta situación se agrava con lo precario de las cuantías públicas dedicadas a este derecho. Mientras en Europa de media se dedica 1,5% del PIB a las personas dependientes, en España no llega ni al 1%. En el territorio estatal cada hora mueren casi 4,7 personas dependientes sin que se les haya concedido la prestación que les correspondía, y una de ellas (21%) está en Andalucía (con un 18% de la población estatal). Más de 550 días pasan hasta que un solicitante puede acceder a este servicio, esencial para vivir.
Estos índices se recrudecen en los barrios obreros, donde normalmente las reducidas pensiones no alcanzan para pagar una asistencia privada.
Sin embargo, todo esto tiene una cara que se oculta. Empresas como Clece, DomusVi, Sacyr Social, Asispa, Suara Cooperativa y otras, que a su vez subcontratan con empresas de perfil más bajo, son las que se están lucrando de este negocio. Mientras las administraciones pagan de media 15,45 € /hora a las empresas, estas sin poner ningún recurso extra, pagan a las trabajadoras 5 o 6 euros, a cambio de horarios flexibles, festivos, etc. Es decir, cada una de las trabajadoras que acuden a los domicilios de nuestros barrios están todo el día en la calle, de casa en casa, por un salario muchas veces por debajo del SMI. A ello hay que sumarle que las dolencias producidas por el trabajo que realizan ni siquiera se reconocen como enfermedad laboral. Esta realidad es escamoteada por “el sector” con trucos diversos y sobre todo aprovechándose de las altísimas tasas de paro entre las mujeres y la precariedad de los ingresos de las familias obreras.
Entendemos, compartimos y defendemos la principal demanda de las trabajadoras: el servicio debe ser municipalizado y funcionar bajo su propio control. Los intermediarios sólo están para lucrarse sin correr ningún riesgo, porque cuando la administración falla en algún pago, ellos simplemente dejan de pagar. Es necesario que el dinero público vaya íntegramente a quienes trabajan, lo cual generaría más empleo y con derechos.
Por ello, desde Barrios Hartos saludamos y nos solidarizamos con su lucha, que es la de todas las familias trabajadoras contra la mercantilización de un derecho. En esencia es la misma política privatizadora que sigue la Junta con la Sanidad y la Educación públicas. Denunciamos que el Gobierno andaluz actúa como un gestor general de negocios privados que va a la caza de beneficios a costa de la población.
Barrios Hartos está en lucha contra la precariedad de la vida en los barrios obreros: desde el abandono general por parte del Ayuntamiento en todos los terrenos (limpieza, espacios deportivos, instalaciones públicas) hasta la obsoleta red eléctrica que tantos problemas cotidianos genera.
Desde nuestra plataforma no podemos hacer otra cosa que apoyar en todo lo que podamos a estas compañeras, porque su lucha, además de ser justa, es por el bien común.
(..) hemos estado con ellas en un acto Informativo, dando detalles del modus operandi de estas empresas meramente intermediarias que se apropian de la vida de las personas, de sus derechos, desfalcando además los fondos públicos.
Despidos:
-Marianistas SM, ERE final a 130 trabajadores.
Después de un mes de movilizaciones y protestas de los trabajadores, SM ha aceptado rebajar el número de despidos de 197 a 130, con una indemnización de 30 días por año trabajado, con un máximo de 18 mensualidades.
Además de las concentraciones diarias frente a la sede de la empresa en Boadilla del Monte (Madrid), sede de la revista Vida Nueva, la plantilla también se ha concentrado en las proximidades del Colegio Nuestra Señora del Pilar, propiedad de la Fundación de la Compañía de María (Marianistas). La editorial ha alegado razones económicas y productivas para presentar el ajuste.
Hace unos meses ya se produjeron una serie de despidos en la revista Vida Nueva, de cuyos efectos se ha beneficiado la web Religión Digital. Como ‘fin’ de la crisis, circula el rumor de que Religión Digital podría fusionarse en breve con la revista Vida Nueva. De momento, otros 130 trabajadores se ven en la calle.
Turismo arrasador:
-“Canarias tiene un límite”, la movilización que quiere prender la mecha de un cambio de modelo en las islas.
Las islas se movilizarán el 20 de abril en lo que se prevé como una protesta histórica contra el actual modelo turístico y de desarrollo. Al menos cinco islas concentrarán simultáneamente protestas convocadas por más de veinte organizaciones ciudadanas.
“¡Canarias se agota!” es el lema que ha lanzado la plataforma creada con el mismo nombre. Una idea que ha prendido entre la población de las islas que, según señalan los colectivos convocantes, se siente ignorada ante el colapso de los recursos naturales y sociales. Sobrepoblación de residentes, saturación de viviendas turísticas y plazas hoteleras, precariedad salarial, carreteras en atasco continuo, agotamiento del acceso al agua, abandono de los entornos naturales, crisis en la gestión de residuos… La lista de problemas que relatan es larga mientras, según sostienen, la alternancia de siglas ha demostrado su incapacidad, rendidas ante el clientelismo corporativo…
Corrupción:
-Una de las familias dueñas de Santalucía copa la inmobiliaria de ricos que desgravan con vivienda “social”.
Los Álvarez Otero, dueños del 33% de la aseguradora, toman el 41% de Primero H, socimi en la que participan algunos de los mayores patrimonios del país y que persigue “combatir el sinhogarismo”.
La familia Álvarez Otero, dueña de un 33% de la aseguradora Santalucía, con un multimillonario patrimonio inmobiliario y una de las más ricas de España, se ha convertido en primer accionista de Primero H, una pequeña inmobiliaria cotizada acogida el régimen de las socimi (con amplias ventajas fiscales) en la que han invertido decenas de grandes patrimonios y que se define como “la primera socimi social en España”.
Este mercado, que ha abierto otra vía más laxa para que puedan salir a cotizar este tipo de vehículos, está participado por varios inversores del ladrillo y pretende ser alternativa al índice de pymes que gestiona Bolsas y Mercados Españoles (BME). Portfolio se lanzó el año pasado y de momento solo cotizan en él seis empresas, todas socimi.
Estos vehículos, dedicados al alquiler de inmuebles, están exentos del impuesto de Sociedades a cambio de cotizar y de repartir anualmente todo el dividendo, por el que sí tributan individualmente sus perceptores…