«El Otro País» nº 119: Las condiciones de libertad impuestas por la Audiencia Nacional a Mª José Baños son de un marcado acento político y represivo.

Muro de solidaridad y denuncias:

Libertad presas y presos políticos enfermos

-María José Baños en la calle gracias a la campaña solidaria.

La presa política de los GRAPO fue liberada finalmente el 30 de abril, después de la presión organizada desde el interior y el exterior de las prisiones.

Las condiciones de libertad impuestas por la Audiencia Nacional a Mª José son de un marcado acento político y represivo.

Dossier Prisiones. Destacado. Revista El Otro País n.º 119, sep-oct 2026.

El Estado español ha procedido a la puesta en libertad de la presa antifascista de los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) gravemente enferma María José Baños Andújar, quien finalmente abandonó la prisión de Murcia II tras el bloqueo de la excarcelación impuesto por la Audiencia Nacional y la previa concesión de libertad. Sin embargo, la liberación de Baños no ha sido ningún gesto de generosidad por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias, sino un logro político de una campaña de presión llevada a cabo por decenas de colectivos solidarios y demás presos políticos.

Días antes, el 26 de abril, agotaba su condena íntegra y abandonaba la prisión de Villabona (Asturies) otro preso político Lucio García Blanco, militante del PCE(r) de 75 años enfermo de Alzheimer.

Según informaban el portal presos.org.es y El Otro País (n.º 118), ambos militantes han salido de prisión tras años de reclusión marcados por una política penitenciaria de excepción. Las instituciones del Estado se negaron sistemáticamente a decretar la libertad anticipada, a pesar del grave estado de salud de los afectados, bajo el argumento de que “no habían mostrado arrepentimiento ideológico” ni abandonado sus convicciones políticas.

En el caso de María José, esta situación motivó que más de 40 juristas de diversos países denunciaran una “vulneración flagrante de la libertad ideológica”, señalando que el Estado español ha violado artículos fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de tortura y tratos inhumanos.

La persistencia de la medida punitiva también generó una campaña de resistencia dentro de las cárceles. Militantes presos políticos como Victoria Gómez, Juan García, Israel Torralba, Nacho Varela, Daniel Pastor, Patxi Ruiz, Israel Clemente, el rapero Pablo Hasel, Jon Kepa Preciado, Julen Atxurra, Aitor Cotano, Garikoitz Etxeberria, Orkaz Gallastegi, Mikel San Sebastian, Jesus Mari Etxebarria, Fernando García Jodrá, Andoni Goikoetxea y el preso social José Angel Martins realizaron ayunos en solidaridad con Baños.

Asimismo, el también preso político Marcos Martín Ponce mantuvo una huelga de hambre indefinida con el único objetivo de que la administración penitenciaria trasladara a la militante al hospital en ambulancia, dada la «negligencia médica deliberada». Además, una red de 20 organizaciones galegas emprendió una campaña de solidaridad bajo el lema Liberdade xa!, y más de 50 artistas y personalidades de la cultura también apoyaron las reivindicaciones por la libertad de Baños.

No obstante haber sido liberada, las condiciones impuestas por la Audiencia Nacional a Mª José son de un marcado acento político y represivo. Según ha podido saber EL OTRO PAÍS, éstas le imponen restricciones de todo tipo que afectan a sus derechos civiles y políticos, como puede apreciarse en el auto de libertad condicional:

• Custodia familiar: deberá quedar sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que designe y que acepte la custodia.

• Obligación de residir en el lugar que designe y de fijar domicilio, debiendo comunicar al Juzgado cualquier cambio de residencia (ciudad o pueblo donde viva) o domicilio (inmueble concreto, calle, plaza, etc.).

• Seguimiento por los Servicios sociales penitenciarios, que atenderán para ello a la situación sanitaria del penado, debiendo informar a este Juzgado cada seis meses sobre dicha situación.

• Obligación de la penada de comunicar inmediatamente a los Servicios Sociales Penitenciarios encargados de su seguimiento y control cualquier situación en la que resultase detenida, implicada, imputada, acusada o condenada en proceso penal, durante el periodo de libertad condicional.

• Obligación de facilitar al servicio médico penitenciario, al médico forense o a este Juzgado la información necesaria para poder valorar sobre la evolución de su enfermedad. El incumplimiento de dicha obligación podrá dar lugar a la revocación de la suspensión de la ejecución y de la libertad condicional.

• Seguimiento de su enfermedad por los facultativos correspondientes que deberán informar a este Juzgado periódicamente de su evolución.

• Control y seguimiento por el Área de Servicios Sociales de Ejecución Penal en el Área Territorial de Murcia, conforme a lo dispuesto en el art. 200 del RP.

• Obligación de mantener todas las pautas de tratamiento médico que se le impongan.

• Obligación de mantener informada al referente de su seguimiento de libertad condicional acerca de su estado de salud, de la evolución del tratamiento y de todos los cambios y/o incidencias que se produzcan, aportando para ello la documentación médica de que disponga.

• Hacer frente al pago de la responsabilidad civil.

• Prohibición de acercarse al domicilio de las víctimas.

• Prohibición de realizar cualquier tipo de entrevista, declaración o aparición en medios de comunicación.

• Prohibición de participación en cualquier homenaje o acto público que se celebre en su honor o en honor de otros miembros de organizaciones terroristas.”