Muro de denuncias:
Militarismo desbocado
-La UE concede a España un préstamo de 1.000 millones…
¡Para defensa!
El comisario europeo de Defensa y Espacio, el derechista Andrius Kubilius, anunció la concesión a España de un crédito de 1.000 millones de euros a largo plazo y a bajo interés para la adquisición de material de defensa.
Se enmarca en el programa de Acción de Seguridad para Europa (SAFE) para la rápida ampliación de escala de las capacidades y preparación de la defensa de los países miembros de la UE.
Guerra a la clase obrera
-¿Hablamos pues de más de 700.000 desahucios efectivos en 18 años?
Desahucios. Cifras necesarias. Cuando no hay datos filtrados y definitivos de desahucios, pero aún así son millonarios.
Cuando se habla de la dimensión del problema, aparece con frecuencia una cifra espectacularmente sangrante: “Más de un millón de lanzamientos de desahucio desde el año 2008”.
La cifra es real, pero necesita una explicación y aclaración. Incluso, y para ser más rigurosos, una ampliación.
El Consejo General del Poder Judicial y el Observatorio de Vivienda contabilizaron 1.009.516 lanzamientos recibidos entre 2008 y 2024. Para ser más exactos -y haciendo una media- los lanzamientos de desahucio entre 2008 y 2026 habrían sido de unos 1.150.000 a mes actual.
Pero eso no significa que exactamente un millón de familias hayan sido expulsadas efectivamente de sus casas.
En esa estadística general se cuentan solicitudes de lanzamiento que en ocasiones no llegaron a ejecutarse. También aparecen locales comerciales y otros inmuebles que no eran viviendas habituales. Aunque sí parte esencial de las vidas de sus trabajadores, como atestigua el reciente suicidio de Javier en Catalunya ante el desahucio de su pequeña zapatería de barrio.
Para saber cuántos desalojos fueron realmente llevados a cabo existe otra estadística mucho más fiable, aunque esta última pueda resultar notoriamente rebajada, pues comienza en el años 2013.
Entre 2013 y 2025 se practicaron en España alrededor de 628.000 lanzamientos efectivos. En los meses de 2026 transcurridos se han producido varios miles más. Incluso con los rebajes, la magnitud sigue siendo enorme.
Pero también debemos filtrar dichos datos: 628.000 lanzamientos no significan necesariamente 628.000 familias distintas.
Una misma vivienda puede haber aparecido en varios procedimientos, y las estadísticas judiciales no permiten convertir automáticamente cada lanzamiento en una familia concreta.
Y claro, los datos que faltan, los miles de desahucios efectivos que se llevaron a cabo de 2008 hasta 2012.
Aun con estas precauciones y falta de datos oficiales, los datos reflejados muestran que España ha vivido durante casi dos décadas una crisis de vivienda de gigantescas y sangrantes dimensiones ¿cuántas personas se han suicidado o muerto en estos 18 años de desahucios?. Recordar que en el plazo de un mes, Olga, Javier y M.ª Carmen…
¿Hablamos pues de más de 700.000 desahucios efectivos?…
De: «Equipo Nixor de investigación»
Medias actuales y título: SRI
Infiltraciones policiales
-¿13 policías infiltrados en movimientos sociales desde 2022 con posibilidad de votar dos veces con identidades falsas oficiales?
El Ministerio del Interior pudo haber incurrido en un fraude electoral al facilitar documentos de identidad válidos a agentes que operaron sin control judicial conocido en movimientos sociales.
Las prácticas se han documentado por el momento en Barcelona, Girona, Lleida, València y Madrid. Han generado querellas penales (muchas archivadas) y alguna demanda civil, denuncias de vulneración de derechos (intimidad, integridad moral) y un efecto de desconfianza en los colectivos afectados. En 2025 se destaparon al menos tres nuevos casos, confirmando la continuidad de la estrategia. Entre los nombres operativos documentados figuran Marc Hernàndez Pon (Barcelona, SEPC, Resistim al Gòtic), Daniel Hernández Pons (Barcelona, movimiento de vivienda y entornos okupas), María I.T. / María Perelló (Girona, movimientos por la vivienda, antirracistas e independentistas), Ramón Martínez Hernández (València, Cuidem Benimaclet, CSOA l’Horta), Joan Llobet García (Lleida, Ateneu Cooperatiu La Baula, PAH Lleida), Belén Hammad Gómez (Barcelona, Comunitat Palestina de Catalunya), Sergio Gigirey Amado (Madrid, Distrito 14, Movimiento Antirrepresivo de Madrid), y Marta “la Estupa” / María Ángeles (Madrid, Coordinadora Antifascista de Madrid, caso excepcional de larga duración, ~35 años).
Sin embargo, recientemente ha sido señalado un aspecto electoral antidemocrático en el entorno que investiga estas acciones policiales, en un hilo del usuario de X @undercover_25_, concretamente, que advierte de un riesgo adicional: cualquiera de estos 13 policías infiltrados descubiertos podría haber votado dos veces en unas elecciones, una con su identidad real y otra con la ficticia. El Ministerio del Interior y la Comisaría General de Información facilitan a estos agentes documentos reales y válidos para las identidades falsas, como se ha comprobado en todos los casos conocidos. Algunos se matricularon en universidad o ciclos de FP y trabajaron/cotizaron a la Seguridad Social bajo la identidad falsa para reforzar la tapadera y generar vínculos. Aunque algún documento podía ser falsificado, la mayoría de la documentación era oficial y operativa. Esto convierte las identidades operativas en herramientas potencialmente utilizables para actos cívicos formales (como el voto), más allá de la mera vigilancia. Por tanto, la práctica sistemática de vigilancia prolongada sobre movimientos sociales puede desencadenar efectos electorales imprevistos por las propias autoridades que la diseñan y se limitan defender genéricamente, sin necesidad de dar explicaciones. Más allá de si el doble voto llegó a producirse, es grave el mero hecho de que eso no se produjera dependiera de la voluntad individual de los agentes: la existencia de documentación oficial válida para votar sitúa la integridad del proceso electoral en manos de la decisión personal de cada infiltrado, sin que exista un mecanismo institucional que lo impida o lo verifique.
En el caso del agente infiltrado en València bajo la identidad de Ramón Martínez Hernández, La Directa documentó que disponía de un Documento de identidad falso e incluso de un número de afiliación falso en el Sistema de Salud valenciano.
La Directa ha detallado que todos los infiltrados destapados por el medio han operado “bajo las órdenes de la Comisaría General de Información”, un servicio de inteligencia “cerrado a cal y canto gracias a una ley franquista, que es la Ley de Secretos Oficiales”…