Muro de solidaridad y denuncia
Sobre el Real Decreto desde el Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid
El Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid, formado por las asambleas y sindicatos de vivienda de Villalba, Vallekas, Aranjuez, Hortaleza, Barrio del Pilar, Tetuán, San Blas - Canillejas y Alcobendas - San Sebastian de los Reyes, reclamamos desde la acampada de la Puerta del Sol la bajada real de los alquileres, vivienda pública proporcional a los ingresos, permanente y sin beneficio privado y prohibición de todos los desahucios sin una vivienda digna.
La movilización nacida tras el desahucio de Maricarmen ha obligado al gobierno a publicar un Real Decreto como forma de intentar contener la rabia generalizada por una crisis de vivienda que nos ahoga cada día más. Desde el Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid señalamos sus muchas limitaciones, que dejan fuera cientos de situaciones, vulnerabilidades y personas sin acceso a una vivienda digna. Personas migrantes, sin papeles, con discapacidad, víctimas de violencia de género, familias monomarentales, personas mayores, quienes viven subarrendadas o sin contrato, etc.
No se han prohibido los desahucios. Los únicos desahucios que se suspenderían hasta 2030 serían aquellos de personas vulnerables sin alternativa habitacional, solo cuando la demanda provenga de un fondo buitre. No se paralizan los desahucios de vivienda pública, ni de caseros que no tengan tres o más viviendas. Esta medida ya la hemos sufrido, durante años ha conseguido paralizar solo 1 de cada 10 desahucios. Esto no solo aplaza el problema, si no que deja a una gran mayoría fuera: inquilinos sin contrato, subarriendos o quien no logra acreditar su vulnerabilidad ante los criterios de los servicios sociales, muchas veces arbitrarios.
No se garantiza una alternativa habitacional. En la mayoría de los casos, la realidad son albergues masificados y sin infraestructura, que supone una cama temporal, el desarraigo territorial o incluso la separación de las familias. En Madrid, ya conocemos recursos como Las Caracolas, que el propio Ayuntamiento define como alojamiento temporal y transitorio, con módulos prefabricados y alojamiento compartido.
No se prohíbe a los fondos buitre comprar vivienda. Hasta diciembre de 2028 se limita que determinadas entidades dedicadas a comprar inmuebles adquieran viviendas gratis o por menos del 70% de su valor de tasación. Si pagan el 70% o más, esta limitación no les impide la compra. La norma también abre excepciones como la promesa de dedicar la vivienda a alquiler social o asequible durante cinco años o la adhesión de la empresa a un código de buenas prácticas. Las viviendas que han concentrado fondos, bancos y grandes tenedores durante años siguen en sus manos. Una medida dirigida a evitar nuevas compras a precio de saldo llega tarde, tras las grandes liquidaciones posteriores al 2011.
El Gobierno habla de escuchar al movimiento de vivienda mientras multa a quienes llevan años defendiendo una vivienda digna. En el Movimiento de Vivienda de Madrid acumulamos más de 100.000 euros en multas. Tras el desahucio de Adolfo, su hija y su nieto de cuatro años el pasado 1 de julio en Vallecas, donde fueron desalojados de una vivienda de CaixaBank, donde el Estado tiene un 12% de participaciones, una decena de personas acumularon más de 6.000€ en multas por intentar parar el desahucio. No solo fue represión económica: cuatro militantes fueron detenidos el 23 de julio y acusados de desórdenes públicos por la protesta realizada en la sucursal del banco. Exigimos la retirada de todas las multas al movimiento de vivienda.
La solución no pasa por transferir dinero público a los especuladores. El decreto recoge el pago de alquileres privados con dinero público, mientras falta vivienda pública. La compensación al propietario particular por el alquiler no percibido. Reducción de IRPF para propietarios, en lugar de limitar realmente sus beneficios por especular con la vivienda. Creación de un línea llamada TU CASA: un préstamo público de hasta el 20% del precio de la vivienda y 50.000 euros para completar una hipoteca. Tras la experiencia de la burbuja hipotecaria de 2011, los desahucios hipotecarios y las deudas familiares, resulta inaceptable convertir otra vez el endeudamiento en la respuesta principal para acceder a una vivienda digna. Más crédito sin vivienda pública para seguir sosteniendo los precios en máximos. De nuevo vemos cómo el dinero público pasa al bolsillo de los rentistas, en vez de ser utilizado para ampliar con urgencia un parque público de vivienda digna, permanente, proporcional al salario y sin interés privado.
No hay contratos indefinidos. Se permite pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años para ciertos contratos que terminen antes de finales de 2028. Hasta 2027 se impide la subida anual de rentas que superen el máximo del índice de referencia y para los demás supuesto se mantiene el máximo del 2%. Contener una subida cuando el precio se encuentra en máximos históricos ni siquiera alivia el problema.
Regular no basta para acabar con el problema. El Real Decreto exige justificar los contratos de temporada y prohíbe trasladar la comisión de inmobiliarias a los inquilinos, pero muchas de estas cosas ya estaban prohibidas o reguladas. ¿Cuántos inspectores comprobarán anuncios y contratos? ¿Cuáles serán las consecuencias de saltarse esta regulación? ¿Cómo recuperará el dinero quienes aceptaron por presión o miedo a perder la vivienda?
El Real Decreto no puede servir para tapar la violencia contra las trabajadoras de el mal llamado Gobierno progresista. No puede ocultar la violencia que se sigue viviendo en Ceuta, el mismo día que se aprueban medidas de vivienda se amplían los supuestos para ser deportados. La lucha por una vivienda digna para los migrantes que están en nuestra región es inseparable de la lucha por unas condiciones de vida dignas para los que día a día cruzan vallas y fronteras, en Ceuta, en Melilla y en las Islas Canarias. Defender una vivienda digna es inseparable de defender una vida digna para todas las personas.
Este decreto vuelve a ser un engaño y una medida puramente cosmética. Nuestra posición es clara:
1. Exigimos la prohibición real de los desahucios, nadie puede quedarse sin una vivienda digna y estable.
2. Prohibición del corte de suministros.
3. Bajada de los alquileres.
4. Eliminación de los pisos turísticos o el alquiler por habitaciones.
5. Desmantelamiento de las empresas de desocupación y el fin de la represión al movimiento de vivienda.
6. Salarios que permitan vivir y derechos efectivos para las personas migrantes.
Este decreto es un intento de desmovilizar la protesta y que nos contentemos. Significa que temen la organización y la protesta del movimiento popular. En este momento es necesario seguir organizándonos en los barrios, asambleas y sindicatos para conquistar un verdadero derecho a una vivienda digna.
Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid
Asambleas y sindicatos de vivienda de Villalba, Vallekas, Aranjuez, Hortaleza, Barrio del Pilar, Tetuán, San Blas – Canillejas y Alcobendas – San Sebastian de los Reyes.