Movimiento obrero. Su brutal situación:
Desahucios
-Teresa de 72 años y cáncer duerme en un banco en las calles de Málaga
María Teresa tiene 72 años. Es paciente oncológica. Necesita oxígeno durante la noche. Después de ser desahuciada como Maricarmen, lleva semanas durmiendo en la calle.
Pocas imágenes explican tan bien la crisis habitacional de Málaga como la de una mujer de 72 años, con una pensión de 900 euros, preguntando en el pleno del Ayuntamiento de Málaga dónde puede conectar su equipo de oxígeno después de haber perdido su casa.
Teresa vivía desde 2013 en una vivienda del barrio de Capuchinos. Según el relato recogido por la plataforma Un Techo por Derecho, cuando terminó su contrato se encontró con que para renovar, se le exigía pasar de un alquiler mensual de 500 euros aproximados, a uno de 1.500. Una triplicación que ninguna pensionista puede afrontar y que de hecho, pocas personas asalariadas pueden.
El procedimiento judicial siguió adelante y el lanzamiento llegó en junio. Tras ser desahuciada vivió en un hostal durante un mes. Y cuando trascurrió ese tiempo, en el mes de agosto, tuvo que vivir a la calle. Teresa cuenta que ha tenido que dejar su equipo de oxígeno en casa de unos amigos porque no tenía dónde guardarlo. Desde servicios sociales se le ha planteado la alternativa de una residencia, pero Teresa quiere ejercer su derecho a tener una casa y está dispuesta a pagar por ella: “Yo no estoy para una residencia”.
En Málaga hay tres Maricarmenes al día
El caso del brutal e inhumano desahucio de Maricarmen en Madrid ha provocado una reacción con trascendencia estatal.
Málaga en 2025 fue la provincia andaluza con más lanzamientos judiciales ejecutados: 1.264, tres y medio al día, 105 al mes. Son cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque los colectivos advierten de que existe además una realidad difícil de contabilizar: personas que abandonan sus viviendas sin que llegue a producirse un lanzamiento judicial y que necesitan recurrir a los servicios de emergencia.
El alquiler se ha convertido en una barrera para una parte creciente de la población y la situación malagueña es asfixiante. El precio medio del alquiler en 16,5 euros por metro cuadrado, alcanzando su máximo histórico. Pero este promedio es engañoso ya que en las zonas urbanas y costeras ese promedio puede rondar entre los 20 y 25 euros por metro cuadrado.
Y mientras los precios de la vivienda aumentan los salarios no permiten seguir el ritmo. En junio se cifraba el alquiler medio provincial -insistimos, promedio provincial- en 1.232 euros y denunciábamos el desplazamiento de población trabajadora y la insuficiencia de vivienda protegida mientras los fondos de inversión se apropian de nuestros barrios y fomentan la construcción de lujo para un turismo depredador.
Durante los últimos meses, varios casos han puesto rostro a esta situación en Málaga: Teresa, Tita Mari, Mariló, Javier, Elvira, Esther, Reme y otras personas que han tenido que enfrentarse a lanzamientos o a la amenaza de perder sus viviendas.
Mientras tanto, el Gobierno central eleva discursos de preocupación y empatía, culpando a la oposición derechista como única responsable. No hay dudas de qué lado están las derechas ibéricas, pero tras ocho años de gobierno -primero en coalición con Unidas Podemos y ahora con Sumar-, los “más progresistas de la historia” no ha cumplido ninguna de sus promesas, por el contrario, ha continuado el modelo de especulación que gobierno tras gobierno, empezando por Decreto Boyer de 1985 con Felipe González de presidente (como bien denuncia Javier H. Rodríguez en El Salto), condena cada día más a la población trabajadora.
La guerra contra el derecho humano a una vivienda digna es razón de Estado. Sea el gobierno que sea, es el Estado un socio fundamental de los fondos buitres y de bancos dueños de miles de viviendas gracias al salvataje con dinero publico. La celeridad judicial y la ferocidad policial, son la consecuencia lógica de una política de Estado, cómprense un ático o juren empatía por televisión.
La respuesta popular en todo el Estado para mostrar su solidaridad con Maricarmen y el hartazgo ante tanto atropello e hipocresía es un buen síntoma de reacción social desde abajo que se atreve a mirar desafiante a los de arriba, y no con odio a los de al lado o los “de abajo”. Profundizar ese camino de lucha y organización, y poniendo la lucha de las y los trabajadores en el centro…
–https://www.izquierdadiario.es/Teresa-de-72-anos-y-cancer-duerme-en-un-banco-en-las-calles-de-Malaga
Siempre solidaridad
-Movilización popular consigue aplazar el desahucio de un matrimonio de 81 y 74 años en Badalona.
María y Francisco, un matrimonio de 81 y 74 años, iban a ser desahuciados el 22 de septiembre en Badalona. La comitiva judicial y el BBVA llegaron a presentarse en el domicilio con presencia policial para ejecutar el lanzamiento, mientras un centenar de personas convocadas por el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), consiguió que no se consumara la infamia.
El desahucio tiene su origen en un aval que María y Francisco firmaron en 2008 para la hipoteca de su hijo. Este dejó de pagar el préstamo en 2012 por dificultades económicas y el pasado año fue desahuciado del piso donde vivía. Ahora, un año después, el BBVA pretende ejecutar también el desahucio de sus padres de un piso que lleva 40 años pagado y es donde han vivido toda la vida.
Ya han puesto nueva fecha de lanzamiento. Esta se ha fijado para el próximo 29 de octubre, pero el Sindicat ve probable conseguir una solución para Francisco y María, con esos 30 días de plazo.
La acción servía para denunciar una situación muy grave que “ejemplifica las consecuencias más crudas del negocio de la vivienda sobre las familias trabajadoras”.