Movimiento obrero. Su brutal situación:
Vivienda
Por Miguel Hernández Bernárdez
A Coruña: hablar de vivienda durante varios minutos no resuelve el problema de quien puede quedarse sin casa.
El jueves, 10 de setiembre, de nuevo la vivienda entró en el Pleno del Ayuntamiento de A Coruña. Por la voz de la ciudadania, por la voz de personas que llevan tiempo denunciando desahucios, alquileres cada vez más difíciles de pagar, viviendas turísticas presuntamente irregulares y familias que viven con la incertidumbre de no saber si podrán continuar en su barrio.
Pero permitir que la ciudadanía hable durante varios minutos no puede convertirse en una excusa para dar por cumplida la participacipación pública.
Escuchar está bien. Actuar es imprescindible.
Porque detrás de cada desahucio no hay una estadística. Hay personas. Hay familias, niños y niñas, trabajadores, pensionistas y gente que durante años construyó su vida en un barrio y que puede perder su casa porque los precios de la vivienda avanzan mucho más rápido que sus ingresos.
*Problema de fondo
El Ayuntamiento de A Coruña dispone de un Banco Municipal de Vivienda y afirma contar con más de 400 inmuebles destinados al alquiler social.
También está en marcha la construcción de 50 nuevas viviendas municipales de alquiler social en Xuxan. Son actuaciones que existen y que hay que reconocer.
Pero la pregunta continúa siendo inevitable: ¿Son suficientes ante la dimensión actual de la crisis de la vivienda?
La realidad que denuncian los colectivos sociales indica que no.
Porque los alquileres. continúan siendo inalcanzables para una gran parte de la población, la juventud tiene enormes dificultades para emanciparse y muchas familias viven bajo la amenaza de tener que abandonar los barrios en los que siempre residieron.
Al mismo tiempo, la Plataforma polo Dereito á Vivenda viene denunciando la adquisición de edificios enteros y el riesgo de que operaciones inmobiliarias terminen expulsando a los actuales inquilinos.
El comunicado leído en el Pleno se señalan, casos en las zonas de Gramela, avenida de Fisterra y Troncoso.
Hay que decirlo con claridad: Un edificio con familias dentro no es simplemente un activo financiero. Es un lugar donde hay vidas, historias y hogares.
El derecho a la propiedad no puede hacer desaparecer el derecho de las personas a una vivienda digna ni puede convertir barrios enteros en espacios reservados únicamente para quienes tengan una mayor capacidad económica.
Otro de los conflictos está en las viviendas de uso turístico.
La Plataforma polo Dereito á Vivenda registró recientemente denuncias contra 26 viviendas turísticas que considera presuntamente ilegales o contrarias a la normativa municipal. El colectivo reclama inspecciones, sanciones y el cese de las actividades cuando se compruebe que incumplen la ordenanza.
Y aquí también hay una pregunta muy sencilla para el Ayuntamiento: ¿Qué ocurre después de que un ciudadano presenta una denuncia?
Porque una Administración no puede descansar en el trabajo voluntario de los vecinos para localizar posibles irregularidades y después permitir que los expedientes se eternicen.
Denunciar debe servir para investigar, investigar debe servir para resolver. Y cuando exista una infracción acreditada, la normativa debe cumplirse.
A Coruña fue declarada zona de mercado residencial tensionado precisamente porque existe un grave problema de acceso a la vivienda. El propio Ayuntamiento reconoce que actualmente no existe un parque de vivienda asequible con una dimensión suficiente para responder a las necesidades de la poblaci6n.
Por eso no basta con hablar de grandes desarrollos urbanísticos ni con anunciar cuántas viviendas se construirán dentro de varios años.
La pregunta fundamental es otra: ¿Qué solución tiene hoy una persona que cobra un salario bajo, una pensión pequeña o una prestación social y no puede pagar 800 o 1.000 euros mensuales por una vivienda?
¿Qué alternativa tiene una familia que recibe una orden de desahucio?
¿Qué hace una persona que trabaja en A Coruña pero ya no puede permitirse vivir en A Coruña?
Ese es el debate que debería ocupar el centro del Pleno Municipal.
*La ciudadanía dispuso de varios minutos para hablar.
Los representantes políticos disponen de presupuestos, competencias, patrimonio público, capacidad normativa y cuatro años de mandato para actuar.
Por eso esos pocos minutos no pueden quedar en un simple trámite institucional.
El derecho a la vivienda no se resuelve dejando hablar a la ciudadanía. Se resuelve tomando decisiones.
Hay que aumentar de manera decidida el parque público de alquiler social, impedir que una situación de vulnerabilidad terminé con una familia en la calle, actuar contra las viviendas turísticas que incumplan la normativa y defender que los barrios sigan siendo lugares donde vivir y no simples productos de inversi6n.
Porque perder la casa no es perder cuatro paredes.
Es perder seguridad, barrio, vínculos, escuela, vecindad y, muchas veces, una parte de la propia vida.
Y una ciudad que expulsa a las personas que no pueden pagar los precios del mercado está dejando de ser una ciudad para todos.
La vivienda es un derecho. Y los derechos no pueden depender de quién pueda pagar más.
En Vigo, a 11 de Septiembre de 2026