Internacional
EE.UU.
-La venganza del Estado por una protesta frente al centro de internamiento de emigrantes
Juan Manuel Olarieta
Estados Unidos ha condenado a ocho manifestantes a un total de 450 años de cárcel por una protesta frente al centro de internamiento de emigrantes Prairieland, en Alvarado, Texas, la noche del 4 de julio del año pasado.
Las penas son más severas que cualquiera de las impuestas a los participantes en el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. Asaltar la sede del Congreso es mucho más barato; manifestarse frente a un centro de internamiento dispara el precio a pagar. La jerarquía de valores no deja lugar a dudas.
Benjamin Hanil Song recibió la pena más dura: un siglo entero, 100 años de cárcel, por el intento de asesinato de un policía. Maricela Rueda fue condenada a 70 años. Cameron Arnold, Savanna Batten, Zachary Evetts y Bradford Morris recibieron, cada uno, castigos de 50 años. El veredicto despoja al proceso de cualquier apariencia de proporcionalidad y deja al descubierto su verdadera naturaleza represiva.
Entre estas penas históricas figura una condena de 30 años de prisión para Daniel Sánchez-Estrada, quien ni siquiera estuvo físicamente presente en el lugar durante el incidente.
A Sánchez-Estrada no le acusaron de intento de asesinato. No le acusaron de prestar apoyo material al “terrorismo”. No estuvo presente en la protesta. Fue condenado a 30 años por transportar panfletos antifascistas después de haber finalizado el acto.
*Historia de la una protesta nocturna
El 4 de julio del año pasado 11 personas se congregaron por la noche delante de los muros de un centro de internamiento de la policía de emigración. Algunos vestían de negro y otros llevaban fuegos artificiales. Estaban allí para hacer ruido en apoyo a los emigrantes hacinados en el interior, a la espera de ser deportados.
Los policías de emigración que se encontraban en el interior pidieron refuerzos. Dos de ellos salieron de las instalaciones, desarmados. Entonces llegó un policía de Alvarado y la situación se agravó.
Song, un antiguo reservista del Cuerpo de Marines, gritó “¡Tomad las armas!” y abrió fuego, alcanzando al policía en el cuello. Su abogado argumentó que disparó hacia el suelo tras ver al policía apuntar con su arma a un manifestante, y que la bala que alcanzó al policía probablemente rebotó. El policía fue trasladado en helicóptero al hospital y recibió el alta poco después.
Esos son los hechos resumidos. Lo que sucedió después en la sala del tribunal no tiene prácticamente nada que ver con lo ocurrido durante la protesta.
*‘Resiste al fascismo, lucha contra la oligarquía’
Entre las pruebas presentadas había once armas de fuego, chalecos antibalas y once botiquines de primeros auxilios que contenían torniquetes, así como una bandera con el lema “Resiste al fascismo, lucha contra la oligarquía” y panfletos que decían: “Combate el terror del ICE [policía de emigración] mediante la lucha de clases”.
La fiscalía presentó la bandera y los panfletos como pruebas. Incorporó su propia crítica política al expediente como la mejor evidencia de una conspiración criminal.
Los torniquetes merecen una explicación. Quienes los llevaban esperaban resultar heridos. Eran personas que sabían que la respuesta del Estado ante una protesta cerca del centro de internamiento probablemente sería violenta, y se habían preparado en consecuencia. Son testimonio del miedo a la represión, que está basado en una amplia experiencia del funcionamiento de la policía en Estados Unidos, sobre todo en materia de represión política.
*La bestia negra de Estados Unidos: los antifascistas
Es la primera condena de militantes vinculados al movimiento antifascista desde que Trump aprobara el decreto que designaba al colectivo como “organización terrorista interna” en septiembre del año pasado.
El movimiento no es una organización, carece de dirección, estatutos, domicilio social o lista de afiliados. A pesar de ello fue incluida en la lista negra de “terroristas”. Posteriormente la inclusión se utilizó para endurecer las acusaciones contra quienes comparten sus principios políticos.
El FBI ha utilizado sistemáticamente el término “anarquista” de la misma manera que emplea “antifascista”. Es una etiqueta genérica para diversas protestas progresistas que, en realidad, no definen a nadie en concreto.
Pero sirve a la represión política. Se tilda de “terrorismo” a una corriente política y luego la etiqueta se aplica a cualquiera que asista a las movilizaciones, lea los mismos folletos o vista ropa del mismo color que los que están señalados como “terroristas”.
A la criminalizado de una postura política legítima le llaman “lucha contra el terrorismo”. En enero, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció una investigación sobre el Comité Antifascista de Screwston, en Houston, con el incidente de Prairieland como pretexto (*), a pesar de que ninguno de los acusados era de Houston ni tenía vínculo alguno con dicha organización. El cerco se estrecha. Estas condenas son un fin en sí mismas. Ellas constituyen el mensaje.
*El crimen de la caja de panfletos
El caso de Sánchez Estrada es el que revela con mayor claridad la naturaleza del mecanismo represivo. Sánchez Estrada no estuvo presente en Prairieland el 4 de julio. Fue condenado por trasladar una caja de panfletos antifascistas tras la detención de su mujer, Maricela Rueda. Su abogado argumentó que los panfletos eran de su propiedad, estaban protegidos por la Primera Enmienda y no guardaban relación alguna con las condenas de los demás acusados en el juicio.
“En el centro de este caso reside una verdad sencilla: Sánchez movió una caja”, dijo su abogado al tribunal.
*Un castigo colectivo y un aviso para navegantes
Las condenas en el caso Prairieland son una prueba de la capacidad del Estado para reprimir la lucha antifascista, transformando un derecho constitucional, los panfletos, como prueba de apoyo al “terrorismo”. El precedente ha quedado establecido: el Estado ha condenado un acto de solidaridad a 450 años de cárcel.
Al dictar sentencia contra otros acusados, el juez Reed O’Connor describió la solidaridad de los condenados como un “ataque a la democracia”. Quizá en eso consista lo que llaman “democracia”: en designar a los movimientos políticos como “organizaciones terroristas” por decreto, en condenar a un hombre a 30 años de cárcel por trasladar una caja de panfletos.
Como bien decía la declaración de Song, leída por su madre, “esto es una sanción masiva. Un castigo colectivo. Es culpabilidad por asociación. Es una injusticia”.
Los 450 años de cárcel son un aviso para navegantes: los próximos que deseen congregarse frente a un centro de internamiento para protestar deberán plantearse muy seriamente si su solidaridad vale el precio a pagar.
El centro de internamiento de Prairieland quedará reducido a polvo o sumergido bajo el agua antes de que expire la última de las condenas. Los jueces habrán muerto. Las realidades políticas que engendraron tal castigo habrán cambiado hasta volverse irreconocibles. Solo quedará la cifra… si es que los registros sobreviven.