Lucha obrera, su brutal situación
El Gobierno aprueba un impulso a la jubilación flexible
A finales del pasado mayo el Consejo de Ministros aprobó una reforma para impulsar lo que llaman la “jubilación flexible”, un eufemismo tras el que se encuentra la sentencia de trabajar hasta la muerte. Esta flexibilización de la jubilación permite a los jubilados volver a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y una parte de la pensión. Ahora mismo esa opción ya existe para los jubilados que vuelven a trabajar como asalariados pero con la reforma los autónomos también podrán hacerlo.
Estos cambios, que entrarán en vigor a finales de verano, forman parte de la última reforma de pensiones “para incentivar fórmulas voluntarias de trabajo y pensión”. Desde el Ministerio de Seguridad Social ven como un éxito que la edad de jubilación media haya aumentado en más de un año desde 2019, de 64,4 a 65,5 años y con estas medidas esperan que siga aumentando.
La Ministra de Seguridad Social, Elma Saiz ha tenido la desvergüenza de afirmar que “Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”. Así el Gobierno llama talento senior a ancianos que se ven obligados a continuar trabajando para poder subsistir y adaptarse a los tiempos modernos a la precariedad a la que el capitalismo ha empujado a la clase obrera.
Además, “gracias” a esta reforma, ahora los jubilados podrán pasar de un trabajo a tiempo parcial de entre el 25% y el 75% de la jornada a una jornada de entre el 33% y el 80% y cobrarán el porcentaje restante hasta llegar al 100% de su pensión, ahorrando al Estado una enorme cantidad de dinero que el obrero ha pasado toda la vida trabajando para poder percibir. En el caso de los jubilados que trabajen como autónomos podrán cobrar hasta un 25% de su pensión.
Niegan la incapacidad a un trabajador gravemente enfermo y le fuerzan a la vuelta al trabajo
Antonio es un obrero de 30 años, que antes de caer enfermo trabajaba en una empresa de Antequera (Málaga) que produce perfumes y cosméticos. Lleva varios luchando por su vida por problemas médicos y ahora debe continuar luchando contra la Seguridad Social y la empresa ya que, a pesar de haber tenido dos agresivos tumores linfáticos y haber necesitado un trasplante de médula, se le ha negado la incapacidad permanente y pretenden que vuelva a su puesto de trabajo.
Antonio fue diagnosticado de un linfoma de Hodgkin, el segundo cáncer linfático que sufría después de que tres años antes le hubieran descubierto un linfoma de no Hodgkin que le había impedido trabajar durante más de dos años. Esos tumores atacan al sistema inmunitario del cuerpo que ayuda a combatir infecciones y otras enfermedades, así como a controlar la circulación de líquidos en el organismo. En su caso, lo ha dejado con las defensas casi a cero.
Su enfermedad también le causó un infarto pulmonar y ahora mismo se encuentra inmunodeprimido, según sus propias palabras: “Ahora aún estoy en proceso de recuperación, estoy inmunodeprimido, y puedo coger cualquier infección o enfermedad si no me cuido. Hace dos semanas me pusieron una vacuna y a lo largo de dos años me tienen que poner muchas más vacunas, como si fuera un niño pequeño”. También habla del riesgo que supondría para él volver a su puesto de trabajo “Con un mínimo corte podría desangrarme, porque con el tratamiento me ponen la sangre más líquida para que no tenga trombos”
El Instituto Nacional de la Seguridad Social le denegó la incapacidad permanente, no por falta de motivos, sino porque le faltaban unos meses de cotización para tener derecho a ella, al tratarse de una enfermedad común, no profesional, y posteriormente dejó sin efecto su última baja médica. A un trabajador con menos de 31 años, y con una enfermedad común, es decir no causada por su trabajo o un accidente laboral, se le exige que haya cotizado al menos la tercera parte del tiempo transcurrido desde la fecha en que cumplió 16 años. Un requisito especialmente difícil de cumplir teniendo en cuenta la tasa de desempleo juvenil.
La puntilla vino cuando la mutua, Fremap, y su empresa, Moncor 2000, le comunicaron que, debido a esas resoluciones administrativas, debía reincorporarse al trabajo, pese a su frágil estado de salud para afrontar las tareas de su puesto, entre las que se encuentran el almacenamiento de perfumes y descarga de camiones.
El trabajador ha continuado luchando contra la maraña burocrática sin resultados. Ahora pese a tener una baja firmada por su médico, tiene que reincorporarse al trabajo tras las resolución del INSS. El sindicato CGT, al que está afiliado, ha denunciado la situación a la inspección provincial de trabajo, poniendo de manifiesto la falta de evaluaciones de riesgos psicosociales, falta de ventilación, la existencia de “riesgo severo de accidentes” y unas “condiciones deplorables en bodega”.