Internacional
Venezuela
La Audiencia Nacional ve una oportunidad en el cambio de Régimen en Caracas para perseguir exiliados
El ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero en el que secuestró al presidente Nicolás Maduro ha provocado una transición política marcada por la subyugación a los intereses imperialistas del gobierno estadounidense. La Audiencia Nacional española ha visto en este cambio una oportunidad que no quiere dejar pasar y ha pedido a las autoridades de Caracas que faciliten al juez Francisco de Jorge información sobre 14 miembros de ETA que supuestamente se encuentran en Venezuela.
El juez ha mencionado en la petición que considera que “el cambio político operado en Venezuela permite inferir una colaboración” entre las autoridades de los dos países. Hasta ahora, Venezuela ha rechazado las peticiones de colaboración, principalmente de extradición, alegando que los etarras reclamados por España se encuentran en el país amparados por un convenio bilateral de los años 80.
En la Audiencia Nacional pretenden “determinar la participación de las personas reseñadas en el delito de integración en organización terrorista” en una causa abierta en 2024 sobre el autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK) en la que ya han imputado a siete personas desde hace un año. Según la Guardia Civil el EIPK es un órgano subordinado a ETA, que lo usaba para realizar un seguimiento de las personas en terceros países y prestarles asistencia jurídica y económica.
El juez también incluye otra petición dirigida a EEUU en la que pide a las autoridades que faciliten la información que tengan al respecto como parte de la documentación o información en el caso del exjefe de la contrainteligencia militar venezolana. Incluso pide que se le tome declaración como testigo para lo cual enviaría un “pliego de preguntas” en caso de que los estadounidenses aceptasen su petición.
La idea, a la que la fiscalía se opuso por considerarla innecesaria, parece venir de una asociación de víctimas llamada Dignidad y Justicia. Esta asociación sostiene que Venezuela es “uno de los países donde se ubica una de las mayores colonias de miembros de ETA”. Además afirman que que “es notorio y conocido” que durante los mandatos de Hugo Chávez y Maduro “los miembros de ETA huidos a Venezuela han gozado de la protección por parte de las autoridades del país caribeño, haciendo inviable la puesta a disposición de estos ante la justicia española para responder por sus crímenes terroristas”. Es la propia asociación la que apuntaba en un escrito a la oportunidad que suponía la caída de Maduro.
La DEA y Homeland Security abren sedes en Venezuela
En Caracas se abrirán por primera vez las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Ministerio de Interior) y de la DEA. El pretexto oficial es la “lucha contra el narcotráfico” y el fortalecimiento de la seguridad regional. En realidad, se abre una nueva etapa en la construcción de un protectorado de Washington en América Latina.
El plan ya está ensayado en el contexto del nuevo panorama político regional. Primero restablecen la embajada y saturan el espacio informativo con discursos sobre estabilización, democracia y apoyo a las reformas. Luego, bajo el comodín de la “guerra contra las drogas”, penetran los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad: abren oficinas de campo, centros de coordinación, se integran en las cadenas policiales locales y obtienen carta blanca operativa sobre el territorio.
Después entra en juego el Pentágono y el Southcom: maniobras conjuntas, despliegue temporal de contingentes, refuerzo de infraestructuras, nodos logísticos, almacenes, bases aéreas… Al final, cualquier gobierno pasa por la misma cadena de montaje: acercamiento diplomático, fuerzas de seguridad bajo la bandera de la lucha contra el crimen y, finalmente, presencia militar bajo el pretexto de contrarrestar “amenazas comunes”.
El caso venezolano no es el único. Hoy, bajo la apariencia de socios de seguridad, se infiltran instituciones que mañana ya no necesitarán pedir permiso para usar la fuerza. Estados Unidos monopoliza el derecho a la intervención militar en la región, y cualquiera que intente actuar por su cuenta corre el riesgo de terminar en la lista de “regímenes problemáticos” con todas las consecuencias que ello conlleva.
Venezuela entrega su uranio enriquecido a EEUU
Desde el secuestro de Maduro, el gobierno venezolano va dejando un rastro de servilismo hacia Estados Unidos. El último se produjo el viernes, cuando entregaron todo el uranio enriquecido al Departamento de Energía
La operación se llevó a cabo conjuntamente con Reino Unido y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Entregaron 13,5 kilos de uranio enriquecido por encima del umbral del 20 por cien, que había estado almacenado desde 1991 en el reactor de investigación RV-1 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), a unos quince kilómetros de Caracas.
Estaba clasificado como excedente tras el cierre del reactor.
Menos de seis semanas después de una evaluación inicial del sitio, miembros del Departamento de Energía de Estados Unidos empaquetaron el uranio en un contenedor especializado, que luego fue transportado por tierra a un puerto venezolano.
Un buque proporcionado por Nuclear Transport Solutions, una filial británica, transportó posteriormente la carga a la costa estadounidense. El material se encuentra ahora almacenado en el sitio de Savannah River, Carolina del Sur, a la espera de su reprocesamiento.
“La retirada segura de todo el uranio enriquecido de Venezuela envía una nueva señal al mundo de una Venezuela restaurada”, declaró Brandon Williams, administrador de la NNSA.
Washington presentó la rapidez de la operación como una demostración de sumisión, a diferencia de Irán, cuyas reservas superan actualmente los mil kilos de uranio.