Muro de solidaridad y denuncias:
Cárcel
-La cárcel basurero del proyecto socioeconómico capitalista.
Ocho de cada 10 de los presos que se han suicidado en las prisiones de Catalunya entre 2018 y 2023 estaban o habían pasado por celdas de aislamiento.
Andreu García Ribera. En la revista El Otro País, n.º 118, mayo-junio 2026.
En este artículo hacemos una síntesis de informaciones procedentes de diversas fuentes carcelarias que describen un panorama tenebroso en el día a día de los presos y que han llegado a nuestra redacción desde diversas prisiones también llamadas centros penitenciarios según eufemismo tranquilizador de conciencias bienpensantes.
La Xarxa Dret y Presó ha informado que en dos semanas entre febrero y marzo se han suicidado tres presos en las prisiones catalanas, en las cárceles de Puig de les Basses de Figueres y en Quatre Camins de la Roca del Vallès en Barcelona. La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática dirigida por Ramón Espadaler ha procurado obstruir la difusión de los datos de estas muertes. Dret y Presó ha divulgado que estos hechos trágicos se han conocido por “monitoreo de la sociedad civil” no por la cacareada política de transparencia de la Administración penitenciaria.
Dos de los presos que se han suicidado estaban en celdas de aislamiento (la cárcel dentro de la cárcel), Departamento Especial de Régimen Cerrado la llaman en la jerga burocrática elaborada para enmascarar realidades represivas lacerantes.
Se sabe que el 80% de los presos que se han suicidado en las prisiones de Catalunya entre 2018 y 2023 estaban en celdas de aislamiento o habían estado en el semestre previo a su muerte, pero no se ha tomado ninguna medida para controlar estos aislamientos letales.
Hasta el sindicato SICAP (Sindicat Català de Presons) FEPOL (Federació de Professionals de la Seguretat Pública) pide la destitución inmediata de Domingo Estepa, director general de Asuntos Penitenciarios, recordando que es el único director de Europa sancionado por agredir a un enfermo terminal, cuando en 1994 en el hospital penitenciario de Terrasa propinó una bofetada a un interno aquejado de una enfermedad terminal porque el preso no le pidió permiso para administrarse colonia. Nombrar director general a este sujeto denota el código ético del Govern en el área carcelaria.
La Conselleria de Espadaler está ahora muy preocupada en la incidencia que pueda tener en las prisiones el proceso de regularización de extranjeros entre los detenidos en prisión provisional, cuestión ésta que también preocupa al sindicalismo corporativo. Mientras esta regularización los desasosiega ¡que ya nos explicarán que relevancia tiene que un extranjero en prisión provisional reúna los requisitos para regularizar su estancia! nada dicen sobre las noticias que nos llegan desde el interior de la cárcel de Ponent sobre la plaga de chinches, cucarachas y ratas que la asola.
Sin salir de Catalunya para terminar de ennegrecer el futuro de los presos se cruza en su camino un oscuro algoritmo: el programa informático Ris Canvi introducido por la Generalitat el año 2010 que evalúa periódicamente a todos los presos en cárceles catalanas. Una máquina que resulta determinante a la hora de la concesión de progresiones de grado, permisos de fin de semana, acceso a régimen abierto etc. Se trata de un sistema predictivo que mide cinco algoritmos con una alta tasa de errores y con una dosis considerable de opacidad. Pero poco importa esto porque tanto a las juntas de tratamiento, como a fiscales y jueces de vigilancia penitenciaria les ahorra trabajo en detrimento de las garantías de los presos que teóricamente tienen derecho a un examen riguroso y pormenorizado de sus circunstancias personales de reinserción.
Naturalmente las vulneraciones de elementales derechos de los presos no se circunscriben a las prisiones catalanas. Nos reportan desde Campos del Río (Murcia II) que un preso que se autolesionó fue introducido entre varios funcionarios en la sala del médico de su módulo en la que no hay cámaras de vigilancia donde fue esposado y uno de los boqueras le realizó un peligroso mataleón (llave de artes marciales consistente en estrangulamiento en la zona del cuello) rematado con un golpe del walkie en la ceja. Como es típico en todas las agresiones a internos que se producen en las cárceles no hay más testimonio que el de los propios funcionarios por lo que en muy escasas ocasiones se investigan.
Es una reivindicación de estos funcionarios el reconocimiento de su condición de agentes de la autoridad con lo que sus testimonios gozarían de la presunción de veracidad frente a las versiones de los presos, dicen que sus vidas corren riesgo con el actual marco normativo, incluso hay un sindicato corporativo con nombre de bolero “Tu abandono me puede matar” (TAMPM) que hace una incesante campaña sobre los riesgos incalculables de su profesión, aunque las estadísticas nos hablen más bien de los riesgos de la población reclusa. Les parece poca seguridad los medios antidisturbios de que disponen: porras, esposas, enfermeros prestos a la inyección sedante y después el aislamiento en una celda donde incluso pueden atar con correas a los presos más díscolos.
Ha arribado a nuestra redacción un caso de abuso de poder contra una presa en la cárcel de Alicante II (Fontanars dels Alforins) que atravesando una grave crisis emocional por la muerte de su único hijo sufrió un acceso de ira, por lo que fue rodeada por una tropa de funcionarios que a hostias la dejaron inconsciente, sin dejarla comunicar ni con su familia, ni con su abogado, ni sacarla al hospital para que no quedara la constancia de un parte de lesiones. La versión que transcendió a los medios de comunicación fue la ofrecida unilateralmente por la prisión sin opción a contradecirla o al menos contrastarla.
En el estado español hay 92 cárceles y solamente dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, uno en Sevilla y otro en Alicante, cerca de dos mil presos con enfermedades mentales graves cumplen condena en centros penitenciarios ordinarios con una deficiente atención psiquiátrica. Las últimas estadísticas nos dicen que el 40% de los presos reciben indiscriminada medicación psiquiátrica. La cárcel se constituye en un gran camello dispensador de ansiolíticos, metadona y toda clase de fármacos en lugar de garantizar un adecuado tratamiento psiquiátrico.
Es un dicho conocido entre los funcionarios el de “patio drogado patio controlado”.
No es sólo la asistencia psiquiátrica la olvidada del sistema sanitario penitenciario, ya en el número 111 de septiembre-octubre de 2024 de EOP el preso político Juan García Martín escribía que desde la crisis de 2008 y la epidemia de COVID más tarde, la sanidad en las prisiones que fue siempre el pariente pobre de la sanidad pública se ha ido deteriorando a pasos agigantados. Denunciaba que las consultas de asistencia primaria por módulo que eran semanales, pasaron a mensuales o cada dos meses e incluso en la prisión de A Lama en Pontevedra llegaron a estar tres meses sin pasar consulta. Por no hablar de la ausencia de especialistas, hace años iban regularmente a las cárceles traumatólogos, internistas, urólogos, ginecólogos etc. Ahora es muy rara la visita de especialistas, hay que ir al hospital de referencia lo que se complica en exceso por la burocracia penitenciaria que retrasa y dilata la necesaria atención médica. La salud de los presos se sacrifica en al altar de la diosa seguridad, cuando no se utiliza simplemente como arma de presión. Este es el caso que ha sufrido la presa política María José Baños en la prisión de Murcia II con un gravísimo cuadro clínico cínicamente desatendido y del que se habla en otras páginas de este número.
Las formas de coacción o intervenciones humillantes son variadas, desde los cacheos arbitrarios con desnudo integral o el control de las comunicaciones con amigos y allegados, la inclusión de quién es allegado no reside en el propio preso es el centro penitenciario el que lo decide pudiendo vetar la comunicación con quienes consideran “malas compañías”. Otro preso de una cárcel que no citaré para preservarlo de represalias nos denuncia que es perseguido por tener relaciones con presos políticos le dicen que son una “mala influencia” que “le manipularán la mente” y que de seguir así lo trasladarán de módulo. Es la tónica generalizada: amenazas, chantajes, manipulaciones e intimidaciones, desde luego no para rehabilitar a nadie sino para moldear conciencias sumisas. A parte de las sanciones reglamentadas existen formas de sanciones encubiertas como puede ser el cambio de módulo, la pérdida del trabajo en un taller, el borrado de actividades manuales o culturales. Está regulada una relación laboral especial de los penados en instituciones penitenciarias que contempla la posibilidad de demandar por despido improcedente la extinción de un trabajo productivo, lo que no deja de ser una pura formalidad pues una decisión administrativa como es el traslado de centro penitenciario acarrea la pérdida del trabajo sin opción a demandar.
En los talleres penitenciarios, empresas privadas que venden sus productos en el mercado disponen de población reclusa sin derechos reales, por ejemplo no pagan el salario del convenio aplicable según el ramo de actividad, la retribución la fija anualmente por debajo de las tablas convencionales el Organismo de Trabajos Penitenciarios con sólo dos categorías profesionales. Quien suscribe este artículo en su condición de abogado intentó denunciar a la Inspección de Trabajo dos accidentes laborales ocurridos en la prisión de Picassent. Dos reclusos padecieron sendos accidentes fabricando muebles, sufriendo amputación de la falange de un dedo. Resultó imposible que la Inspección accediera al recinto carcelario para levantar acta de las condiciones laborales y dictaminar sobre las causas de la siniestralidad. Sucedió en la década de los 90 del siglo pasado, pero mucho me temo que hoy volvería a ocurrir lo mismo o parecido.
En el número 110 de EOP de mayo/junio de 2024 el preso político recientemente ex-carcelado Santiago Rodríguez manifestaba que el capitalismo usa la cárcel para locos, pobres y rebeldes y que entre estas tres categorías existen numerosos vasos comunicantes. Decía Santiago que “del mismo modo que la pobreza favorece el padecimiento mental y viceversa, a los rebeldes se les ha intentado caracterizar de forma constante como meros enajenados incapaces de comprender las ventajas del consenso social”.